El exintendente de Campo Quijano Manuel Cornejo fue condenado ayer a la pena de seis años de prisión e inhabilitación absoluta a perpetuidad para ejercer cargos públicos, al ser hallado responsable del delito de peculado en tres circunstancias (inicialmente se lo acusaba de 4 casos) e incumplimiento de los deberes de funcionario público. No obstante ayer, tras conocerse la sentencia y luego de que el exjefe comunal optara por mantener el silencio tras los alegatos, el juez Guillermo Pereyra, vocal de la Sala VI del Tribunal de Juicio, determinó que Cornejo mantenga la libertad hasta que la sentencia quede firme.
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El exintendente de Campo Quijano Manuel Cornejo fue condenado ayer a la pena de seis años de prisión e inhabilitación absoluta a perpetuidad para ejercer cargos públicos, al ser hallado responsable del delito de peculado en tres circunstancias (inicialmente se lo acusaba de 4 casos) e incumplimiento de los deberes de funcionario público. No obstante ayer, tras conocerse la sentencia y luego de que el exjefe comunal optara por mantener el silencio tras los alegatos, el juez Guillermo Pereyra, vocal de la Sala VI del Tribunal de Juicio, determinó que Cornejo mantenga la libertad hasta que la sentencia quede firme.
De esta forma, el exintendente se retiró ayer de Tribunales por sus propios medios y se alejó de la Ciudad Judicial en un vehículo particular, tal como lo hizo durante todas las audiencias del juicio que se desarrolló desde el 16 de junio pasado.
Respecto de esta determinación del juez, se estima que la Fiscalía irá en casación contra esa resolución, ya que la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio había solicitado la inmediata detención, por lo que se espera que en cualquier instancia posterior Cornejo sea trasladado directamente al penal.
Pereyra también dispuso absolver a Cornejo del delito de enriquecimiento ilícito que ya había sido retirado por la querella.
El magistrado resolvió también condenar a la exsecretaria de Hacienda de la comuna, Carmen Rosa Méndez, a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al ser encontrada culpable como autora material y penalmente responsable de los delitos de peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real, manteniendo la libertad pero con vigencia de las medidas de coerción.
La Justicia ordenó además la entrega definitiva de la camioneta que fuera secuestrada en el marco de la causa a favor de la Municipalidad de Campo Quijano.
Todos los bienes secuestrados en esta causa quedarán en poder de la Municipalidad de Campo Quijano como depositaria judicial, esto hasta tanto se formalice la titularidad de dominio.
La causa que finalizó ayer con la condena de Cornejo se remonta a enero de 2020, cuando el actual intendente de Quijano, Oscar Folloni, presentó una denuncia por la falta de registros contables de los fondos municipales durante los años 2017 y 2019. Por esa situación Cornejo fue acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que se consideró que el exfuncionario condenado se apartó de los principios contables e incumplió la normativa financiera sobre los registros y destinos de los fondos municipales en esos años.
En un informe al respecto, la Auditoría General de la Provincia reveló la ausencia de documentación sobre los gastos efectuados por Cornejo, con el consecuente incumplimiento de la normativa financiera y la falta de transparencia en la gestión de los fondos públicos. Además, se constató la falta de registros contables que permitieran determinar el destino real de los fondos asignados durante la gestión de Cornejo y verificar la legitimidad de esas erogaciones, por lo que la falta de transparencia resaltó desde el principio de la causa.
Por otro lado, la querella ejercida por el abogado Rodrigo Palazzo, en representación del actual intendente de Campo Quijano, Carlos Folloni, había añadido la acusación el delito de enriquecimiento ilícito, pero a último momento decidió retirarla.
La querella había señalado que Cornejo no rindió más $10 millones en 9 años al Ministerio de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social, lo que encuadró en un desfalco público. Había señalado también que él compró inmuebles que no fueron declarados, uno en pleno centro de la ciudad de Salta y otro en barrio Grand Bourg, ambos valuados en decenas de miles de dólares.