El carpintero Ricardo Amador quedó sin techo y sin medio de vida en 2009 a causa de una torre de departamentos que se construyó al lado de su vivienda, en Gorriti y Alvarado, incumpliendo normas de edificación. Las excavaciones le arruinaron la casa donde tenía su taller. Peregrinó durante 13 largos años por despachos públicos en busca de soluciones, pero lo único que hicieron fue prohibirle ingresar a su casa por el riesgo de derrumbe. Y encima terminó con su propiedad embargada por quienes se la dañaron.
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El carpintero Ricardo Amador quedó sin techo y sin medio de vida en 2009 a causa de una torre de departamentos que se construyó al lado de su vivienda, en Gorriti y Alvarado, incumpliendo normas de edificación. Las excavaciones le arruinaron la casa donde tenía su taller. Peregrinó durante 13 largos años por despachos públicos en busca de soluciones, pero lo único que hicieron fue prohibirle ingresar a su casa por el riesgo de derrumbe. Y encima terminó con su propiedad embargada por quienes se la dañaron.
La jueza en lo Civil y Comercial de Quinta Nominación, Fernanda Diez Barrantes, acaba de poner un punto final a la historia del revés con un fallo que promete sacar pronto al carpintero de su insólita situación de calle.
La magistrada condenó a las empresas Luxem Construcciones SA y Luxem SRL a reparar los daños estructurales y no estructurales que las excavaciones fundacionales del edificio de Gorriti y Alvarado provocaron en la propiedad lindera.
La jueza les dio a las constructoras diez días para que preparen los planos, la memoria de cálculos y la documentación ejecutiva que debe visar el COPAIPA y aprobar el Municipio capitalino para el inmediato inicio de las obras de recuperación.
En caso de comprobarse por expertos idóneos la imposibilidad fáctica de la restauración, las demandadas deberán cumplir la condena con una indemnización de daños y perjuicios que será determinada en un procedimiento sumarísimo. En tal caso -aclara el fallo- se considerará el valor venal del inmueble y su disminución económica por el estado en que se encuentra.
La jueza, además, rechazó las acciones con las que Luxem embargó la vivienda de Amador e impuso todas las costas del proceso a las vencidas.
Diez Barrantes concluyó que "las empresas demandadas ejecutaron la obra con negligencia" y "sin respetar los planos estructurales aprobados", ya que no realizaron "la junta sísmica necesaria para la construcción de un edificio de más de 9 metros de altura". También recalcó que "surge evidente que las fisuras, rajaduras y asentamiento del inmueble del actor se produjeron como consecuencia de las excavaciones realizadas para efectuar la cota fundacional del edificio, lo cual se encuentra ampliamente comprobado".
El abogado Oscar Pedro Guillén, quien asistió a Amador en todos estos años, resaltó que "la sentencia muestra cómo pudieron avanzar algunos constructores, sin respetar normas edilicias ni recaudos antisísmicos, contando con la imprescindible complicidad de algunos funcionarios municipales" que intervinieron ante las denuncias presentadas en 2009..
Tras aclarar que el Código de Edificación exige "factibilidad" de servicios para habilitar edificaciones, Guillén remarcó que bajo el engañoso rótulo de "prefactibilidad" muchas torres se erigieron en el macrocentro salteño sin tener disponibilidad real de agua ni capacidad en las viejas y superadas redes cloacales del casco histórico de Salta. Del mismo modo, el letrado precisó que el Código exige planos "aprobados" para autorizar el inicio de las obras, pero que en la mayoría de los 130 edificios de altura denunciados en una causa abierta en 2009 las obras se iniciaron solo con planos "visados". Ese expediente penal, impulsado por la Red Sol Salta, puso en evidencia que torres que se presentaron en los papeles como edificios para "oficinas" terminaron siendo de "departamentos" y con más pisos que los autorizados.
Con irregularidades peritadas en más de 50 edificios, cerca de 20 funcionarios y profesionales fueron imputados por incumplimiento de deberes y falsificación de documentos, pero todo terminó en una que otra condena menor y en algunas acciones penales que resistieron a la prescripción.
La jueza Diez Barrantes recordó, como detalle insoslayable, en la obra del edificio de Alvarado y Gorrit hubo dos derrumbes: uno que arruinó la casa de Ricardo Amador y otro en el que murió un joven operario de 25 años.
Una de las pocas sentencias conocidas recayó, en abril de 2021, sobre el arquitecto Eduardo Naum, el titular de Luxem, porque hizo que personal de su empresa avanzara con la demolición de un muro que sostenía las desestabilizadas paredes de la vivienda de Amador, haciendo caso omiso a una orden de no innovar que le prohibía tocar esa pared ante el riesgo de derrumbe de la propiedad del carpintero.
Naum recibió tres meses de prisión, de ejecución condicional, por el delito de desobediencia judicial. La condena quedo confirmada cuatro meses después por la Sala II del Tribunal de Impugnación.
Guillén señaló que las construcciones ilegales, con la complacencia de organismos de control, causaron ingentes daños e incluso pérdidas de vidas.
El exsecretario de Derechos Humanos de la Provincia resaltó que Amador se cansó de deambular por oficinas públicas y denunciar las irregularidades. "Sería justo que esos funcionarios sufrieran también algunas sanciones", planteó, para agregar que en su momento, después de permitir que las excavaciones dañarán la propiedad Amador, inspectores municipales "fueron mandados presurosos a clausurarle la carpintería por los riesgos de derrumbe. Parece mentira", concluyó Guillén.