Una de las demandas de mayor cuantía que enfrenta la Provincia por las expropiaciones que dejó impagas el anterior gobierno se relaciona con la urbanización Los Paraísos. El Gobierno loteó esas 60 hectáreas de Cerrillos en 2015 y desde entonces el propietario de las tierras, Néstor Virgilio Cervera, reclamó durante seis años que el Tribunal de Tasaciones se constituyera y terminara de definir su valor. Tras esa instancia, con las expectativas de un acuerdo caídas, el expropiado inició a mediados de 2021 una demanda contra el Estado provincial, adjuntando constancias de que antes de ser desapoderado por el gobierno de Juan Manuel Urtubey de las 60 hectáreas de su finca, La Esmeralda, tenía aprobado allí un desarrollo privado de 1.400 lotes con una valuación estimada por encima de los 20 millones de dólares.
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Una de las demandas de mayor cuantía que enfrenta la Provincia por las expropiaciones que dejó impagas el anterior gobierno se relaciona con la urbanización Los Paraísos. El Gobierno loteó esas 60 hectáreas de Cerrillos en 2015 y desde entonces el propietario de las tierras, Néstor Virgilio Cervera, reclamó durante seis años que el Tribunal de Tasaciones se constituyera y terminara de definir su valor. Tras esa instancia, con las expectativas de un acuerdo caídas, el expropiado inició a mediados de 2021 una demanda contra el Estado provincial, adjuntando constancias de que antes de ser desapoderado por el gobierno de Juan Manuel Urtubey de las 60 hectáreas de su finca, La Esmeralda, tenía aprobado allí un desarrollo privado de 1.400 lotes con una valuación estimada por encima de los 20 millones de dólares.
Cervera no es el único afectado, ya que 1.440 familias siguen en el loteo estatal Los Paraísos sin escrituras e imposibilitadas de tenerlas mientras persista la deuda con el propietario de las tierras. En el texto de la ley, que declaró las 60 hectáreas de Cerrillos de utilidad pública el 17 de diciembre de 2014, consta que la expropiación se hizo con el fin de adjudicar los terrenos del loteo Los Paraísos en venta a grupos familiares inscriptos por la Subsecretaría de Tierra y Hábitat. Dicho en términos llanos: el Gobierno vendió los terrenos sin pagar hasta el día de hoy las tierras que loteó, afectando de esa forma tantos a quien era su propietario como a las familias adquirentes que no cuentan con escrituras, certidumbre ni posibilidad de ver mejoradas las condiciones de habitabilidad de sus viviendas.
Pereyra Rozas
Por las tierras que se expropiaron en 2013 a la Fundación César Pereyra Rozas, en la zona norte de la capital salteña, el Estado provincial afronta otro millonario juicio que espera resolución en la Corte salteña.
Detrás de buena parte de las urbanizaciones estatales allí desarrolladas hay otro caso testigo de las garantías y derechos que se vulneran con los procesos expropiatorios que se dejan indefinidos e impagos en los organismos competentes de la Provincia.
Es que, como bien remarca la jurisprudencia sentada en la materia, la expropiación de un bien supone el sacrificio de un interés particular en beneficio del interés general, razón por la cual la declaración de utilidad pública debe ser razonable y suficientemente motivada. Estos extremos tampoco se cumplieron con las 83 hectáreas que el anterior gobierno expropió en la zona de El Huaico.
En esas tierras, que bordean las avenidas Bolivia y Patrón Costas, la Fundación César Pereyra Rozas tenía en marcha un desarrollo urbanístico como medio para cumplir con su objeto de beneficencia. Antes de que se sancionara la ley de utilidad pública, en noviembre de 2013, el Ejecutivo y el Senado estaban en pleno conocimiento del destino de beneficencia dispuesto en el testamento. Pereyra Rozas, quien falleció el 22 de julio de 2000, había dejado expresas mandas al respecto.
Pese a contar con documentación determinante sobre la inutilidad de la expropiación, en vista de que se comprometerían fondos públicos para lograr un objetivo de urbanización ya encarado, el Ejecutivo avanzó con la ley de utilidad pública. Con el depósito de una exigua suma, calculada en base al valor fiscal de la propiedad, el Estado provincial tomó posesión de esas tierras y desplegó en ellas planes de viviendas manteniendo al expediente de la expropiación en un limbo, con la etapa administrativa atascada por años.
En 2013 se había fijado oficialmente una indemnización de $140 millones. La Fundación reclamó entonces $700 millones. Hoy la demanda indemnizatoria que espera un pronunciamiento de la Corte provincial implica un reclamo reparatorio ampliado por ajustes, intereses y costas.
Parque La Vega
En las inmediaciones de Parque La Vega, en la zona sur de la capital provincial, 38 hectáreas pertenecientes a la sucesión de Celestino Burgos fueron declaradas de interés público en noviembre de 2012.
En 2016 los herederos sufrieron otra expropiación, de 16 hectáreas, como consecuencia de las ventas y adjudicaciones irregulares de lotes por las que funcionarios de Tierra y Hábitat fueron llevados a juicio en 2018, junto a punteros políticos. La gestión de Urtubey también dejó impagos esos procesos expropiatorios. En 2021, la actual administración de gobierno llegó a un entendimiento con los herederos de Celestino Burgos para cumplir las sentencias en firme y poder avanzar en la escrituración de los terrenos.