En el área metropolitana de Salta hay testimonios emblemáticos de los perjuicios que las expropiaciones impagas de los últimos diez años dejaron para propietarios de tierras, familias sin techo y el presupuesto de la Provincia.
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En el área metropolitana de Salta hay testimonios emblemáticos de los perjuicios que las expropiaciones impagas de los últimos diez años dejaron para propietarios de tierras, familias sin techo y el presupuesto de la Provincia.
El fiscal de Estado de la Provincia, Juan Agustín Pérez Alsina, expuso el pasado miércoles ante senadores un detallado informe sobre los procesos expropiatorios que se desprendieron de 118 leyes de declaración de utilidad pública sancionadas en la última década.
En ese marco, se supo que solo 28 de esos expedientes administrativos están finalizados y que entre los 90 que siguen abiertos hay 20 con pedidos de fondos al Ministerio de Economía para su conclusión jurídica. En 14 de esos procedimientos el Gobierno negocia con propietarios que fueron desapoderados de tierras declaradas de utilidad pública y condiciones de pago por cerca de $700. Otras expropiaciones, que permanecen impagas desde hace más de siete, ocho o nueve años inclusive desencadenaron juicios en los que se reclaman reparaciones aún más cuantiosas. Una de las demandas más pesadas que enfrenta el Estado provincial en la Justicia se relaciona con las 83 hectáreas que se expropiaron en 2013 a la Fundación César Pereyra Rozas en la zona norte de la capital salteña. Ese juicio llegó a la Corte salteña, donde aguarda una resolución.
Otra millonaria demanda, que se tramita desde 2021, se vincula con el loteo estatal Los Paraísos, donde más de 1.400 familias viven sin escrituras, certidumbre ni posibilidad de mejorar las condiciones de habitabilidad de sus viviendas, porque no se pagó al titular de esas tierras, Néstor Virgilio Cervera, la indemnización ordenada por la Constitución y normas complementarias.
Se trata de las 60 hectáreas que el gobierno de Urtubey expropió en Cerrillos y loteó en 2015 a través de Tierra y Hábitat.
“Los procesos expropiatorios deben ser de verdadera utilidad pública y mucho más ágiles. Al acumularse, los procesos generan gastos innecesarios al Estado que afectan al presupuesto”. (A. Pérez Alsina)
El encuentro del fiscal de Estado con senadores provinciales coincidió con el análisis de iniciativas legislativas que buscan modificar el régimen de expropiación contenido en la ley 2.614 para ajustar los términos y los tiempos en que deberían sancionarse y ejecutarse las normas expropiatorias.
En ese contexto, Pérez Alsina consideró indispensable que, antes de avanzar con los proyectos, se analicen con detenimiento la utilidad pública, factores presupuestarios, estudios técnicos, costos, factibilidades de servicios, afectaciones a la propiedad privada y al propio Estado provincial, como así también alternativas a la expropiación.
El fiscal de Estado consideró que el marco normativo actual necesita modificaciones para proteger derechos y agilizar los procesos, para evitar que se acumulen y generen costos innecesarios al Estado que afectan al presupuesto.