La irregular demolición del inmueble en la calle 20 de Febrero 482, en la zona céntrica de la capital salteña, generó ayer fuertes repercusiones. "He sido muy tajante con las decisiones que tomé dentro del equipo municipal", enfatizó ayer la intendenta Bettina Romero. Remarcó incluso que "hubo un acto de mala fe de parte de un privado, que decía contar con ciertas autorizaciones que no estaban; es decir, también esos profesionales deberán ser sancionados". Ese procedimiento no contó con el aval de la Comisión de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la Provincia (Copaups).
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La irregular demolición del inmueble en la calle 20 de Febrero 482, en la zona céntrica de la capital salteña, generó ayer fuertes repercusiones. "He sido muy tajante con las decisiones que tomé dentro del equipo municipal", enfatizó ayer la intendenta Bettina Romero. Remarcó incluso que "hubo un acto de mala fe de parte de un privado, que decía contar con ciertas autorizaciones que no estaban; es decir, también esos profesionales deberán ser sancionados". Ese procedimiento no contó con el aval de la Comisión de Preservación del Patrimonio Arquitectónico y Urbanístico de la Provincia (Copaups).
El Tribuno publicó ayer que el Gobierno de la Ciudad suspendió a una directora general e inició un sumario administrativo a un inspector por la demolición de una propiedad ubicada en zona de preservación histórica. En la nota periodística, la secretaria de Obras Públicas, María Eugenia Angulo, afirmó que el pedido de demolición ingresó a la dirección a cargo de la arquitecta Laura Accietto Velarde. Agregó que ella mandó a hacer la inspección y luego otorgó el permiso de demolición.
Accietto Velarde, en diálogo con este medio, negó haber otorgado la autorización, y expuso una certificación online en la que aparece el nombre de la arquitecta Josefina "Sanguedole" (el apellido correcto es Sanguedolce). Abajo está la expresión: "declara que la obra de referencia se encuentra apta para la demolición, sin servicio de luz y gas", con fecha del 6 de mayo de este año. "Yo jamás firmé una autorización, no dejaron que acceda al expediente", se quejó Accietto Velarde.
El Tribuno accedió a documentos (orden de inspección del catastro 4.707), que tienen la firma de Accietto Velarde y del inspector Gustavo Gutiérrez. Fuentes municipales remarcaron que Accietto Velarde fue la responsable y quien "firmó" la autorización. Señalaron que la Municipalidad ya había denegado el pedido de demolición hace dos años. Hicieron notar que la arquitecta Sanguedolce no asistía a la Municipalidad por el aislamiento y que no vio el expediente pese a que aparece su firma digital.
Altos funcionarios señalaron que irán a fondo con la investigación de este caso.
Ayer también, la intendenta recibió a la titular de la Copaups, Laura Saha, y a su equipo técnico para consensuar acciones destinadas a cuidar los bienes patrimoniales de la ciudad de manera articulada. "Creemos enormemente en la responsabilidad de la Ciudad para cuidar el patrimonio. Por eso queremos cambiar las formas de trabajar con más sectores involucrados. Necesitamos aliados para proteger nuestro patrimonio arquitectónico. Debemos potenciarnos como ciudad", manifestó la mandataria.
Acordaron determinar acciones futuras mediante una mesa de trabajo destinada a generar medidas para proteger y preservar edificios, casas y sectores históricos de la ciudad. Participaron de la reunión, el secretario de Cultura, Gabriel Miremont; el coordinador Jurídico y legal, Daniel Nallar, y la secretaria Angulo.