El oficialismo logró ayer emitir dictamen de mayoría al proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, y la iniciativa quedó lista para votarse en el recinto.
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El oficialismo logró ayer emitir dictamen de mayoría al proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, y la iniciativa quedó lista para votarse en el recinto.
La presidencia de la Cámara de Diputados confirmó la citación a sesión especial para el próximo lunes a las 11, y se espera que el debate continúe el martes y el miércoles a la madrugada.
En el plenario de las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda, y Asuntos Constitucionales, La Libertad Avanza cosechó 61 firmas, entre los diputados de La Libertad Avanza, el PRO, Innovación Federal y un sector de la UCR y Hacemos Coalición Federal (HCF).
Los últimos tres firmaron con disidencias y buscarán aplicar cambios en el recinto, como la reposición del impuesto al tabaco.
Lo que cedió el oficialismo
Para reunir la mayoría, el oficialismo debió hacer nuevas concesiones a la oposición dialoguista, como quitar al Banco Nación de la lista de empresas sujetas a privatización y acotar la reforma laboral.
Unión por la Patria y el Frente de Izquierda presentaron dictámenes de rechazo, y dentro de HCF los cinco diputados de la Coalición Cívica firmaron su propio dictamen de minoría, al igual que los dos socialistas santafesinos (Mónica Fein y Esteban Paulón) y Margarita Stolbizer.
En el radicalismo solo dos diputados no acompañaron el dictamen del oficialismo: Fernando Carbajal y Pablo Juliano.
El dictamen de mayoría del oficialismo de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos es una versión acotada respecto del texto que se desmoronó el 5 de febrero pasado cuando el presidente Javier Milei ordenó, a la distancia, la vuelta en comisión.
Puntos clave
El oficialismo debió sacrificar artículos hasta el último minuto, por diferencias con la oposición dialoguista, para no exponerse a derrotas en el recinto en el tratamiento en particular. No obstante, tras los recortes y retoques quedó un texto voluminoso, de 240 artículos y 162 páginas.
Por insistencia de la UCR se quitó al Banco Nación de la lista de empresas sujetas a privatización parcial, al igual que todas sus subsidiarias como Nación Seguros, Nación Reaseguros, Nación Bursátil y Nación Servicios.
El capítulo de modernización laboral quedó comprimido respecto de la versión original. En este sentido, ganó la pulseada el presidente del bloque de Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, que no quería abrir un frente de conflicto con los sindicatos, por la propuesta de eliminar las cuotas solidarias obligatorias para los no afiliados.
También se decidió quitar del articulado el capítulo entero de Defensa de la Competencia porque el Gobierno consideraba que en el actual escenario signado por sospechas de cartelización de empresas de medicina prepaga, con las modificaciones propuestas el Estado perdería poder de fuego para poder combatir estas prácticas abusivas de mercado.
A su vez, se eliminó el capítulo sobre consolidación de títulos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de Anses que habilitaba la venta de acciones, ya que había quienes desde la oposición presionaban para que antes de liquidar acciones se obligue al Estado nacional a saldar deudas previsionales con las provincias.
En cuanto a la declaración de la emergencia se establece en cuatro materias: económica, administrativa, energética y financiera (la versión del verano incluía seguridad y tarifaria). Esta disposición le da facultades delegadas al Poder Ejecutivo para tomar resoluciones en cada uno de estos planos.