"Los sueldos en los servicios penitenciarios son bajísimos y hay superpoblación carcelaria. En estas circunstancias, la muletilla de 'no hay plata' no explica nada. Y el país debe evitar que las cárceles sigan favoreciendo la organización de bandas criminales". Así se pronunció el abogado salteño Nicolás Dapena, especialista en criminalidad compleja y experto en armas y terrorismo. Exsubsecretario nacional de Lucha Contra el Narcotráfico, participó del equipo de investigación de la ONU en Siria y en Yemen.
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"Los sueldos en los servicios penitenciarios son bajísimos y hay superpoblación carcelaria. En estas circunstancias, la muletilla de 'no hay plata' no explica nada. Y el país debe evitar que las cárceles sigan favoreciendo la organización de bandas criminales". Así se pronunció el abogado salteño Nicolás Dapena, especialista en criminalidad compleja y experto en armas y terrorismo. Exsubsecretario nacional de Lucha Contra el Narcotráfico, participó del equipo de investigación de la ONU en Siria y en Yemen.
Luego de la sucesión de crímenes al azar cometidos por bandas de narcotraficantes en Rosario, y con la amenaza de seguir haciéndolo mientras los jefes presos tengan prohibido el uso de celulares y cualquier comunicación con sus cómplices, Dapena advirtió sobre el riesgo de confundir la lucha contra el narcotráfico con antiterrorismo, tal como lo anunció la ministra Patricia Bullrich.
"El narcotráfico no es terrorismo. Se trata de un negocio ilegal, que abastece a un mercado de consumo cada vez más amplio, pero que no se limita a la violencia en las calles, sino que supone una serie de complicidades de empresarios, contadores, abogados y funcionarios que le aseguran el blanqueo de ese dinero", puntualizó en una entrevista con El Tribuno.
También advirtió que las Fuerzas Armadas no pueden intervenir activamente en Seguridad interior. "Hoy, enviar a militares a los barrios calientes supone convertirse en blanco móvil de los narcos".
¿Qué pasa en Rosario?
Es el punto crítico de una tendencia que empezamos a ver ya en 2014: la confluencia de un sector importante de la sociedad que demanda cada más estupefacientes, es decir, un crecimiento marcado del consumo que es el negocio de los grupos criminales callejeros. Cada vez hay más ciudadanos que compran drogas que, a su vez, le piden al Estado que combata al narcotráfico. Otro factor es la capacidad de lavar enormes montos de activos con que cuentan las bandas. Se trata de verdaderas fortunas que recaudan cada noche. Los billetes se lavan de inmediato gracias a una estructura formidable de negocios financieros e inmobiliarios facilitados por grupos de "profesionales" y "empresarios". El problema de Rosario no se limita a la violencia callejera sino a esta increíble estructura.
O sea, el despliegue de fuerzas militares y policiales no garantiza resolver el problema…
En primer lugar, las fuerzas militares que vayan a Rosario no podrán entrar en combate, porque para eso se requiere la declaración previa del Estado de Sitio. Tienen que ir desarmados. Legalmente, solo podrán funcionar como servicios de apoyo, pero cuando los narcos vean el vehículo color verde, van a abrir fuego en el acto y los militares no se van a poder defender. Un soporte sin armas. Es inentendible esta decisión.
¿Y qué pueden hacer las fuerzas provinciales y federales?
Hoy el servicio de seguridad está desfinanciado. "No hay plata", dice el Presidente. Pero lo cierto es que los helicópteros de Gendarmería no están operativos. Hay un error de enfoque: el despliegue de fuerzas federales en el Congreso para frenar a los piqueteros demuestra este desorden: esa es tarea de la Policía de la Ciudad.
¿Y cuál es el camino posible?
Un principio de dirección correcta en Rosario sería impedir la venta de estupefacientes, en bocas de venta que todo el mundo conoce. Desalentar las compras penalizándolas es una manera de desfinanciar a los grupos criminales.
¿Cuál es la proyección nacional de lo que ocurre en Rosario?
Los transportadores de cocaína y marihuana que utilizan las vías tradicionales cumplen una tarea específica y son muy cuidadosos, porque saben que están bajo radar y llevan enormes cantidades de mercadería muy valiosa. Lo que hay en Rosario es un control callejero muy fuerte de parte de las bandas. Por eso confundir la violencia callejera con terrorismo es un disparate desde el punto de vista legal que puede terminar en desastre. Una regresión a los 70. Un error de perspectiva que lleva a una estrategia regresiva y fracasada, lindera con la inconstitucionalidad.
¿Qué pasa con las cárceles?
Hay que tener en cuenta que las grandes organizaciones criminales vigentes en nuestra región nacieron de motines de presos. El Primer Comando Capital, de San Pablo nació de una rebelión carcelaria. Las cárceles son un punto de asociación y fortalecimiento de grupos criminales y hace falta profesionalismo para asegurarnos de que no surja en nuestro país un PCC. Eso está faltando; hay superpoblación carcelaria porque faltan cárceles y ni siquiera anunciaron que vayan a construir alguna.
¿Por dónde arrancar?
Repito: con el latiguillo "no hay plata" no se resuelve la inseguridad. ¿Se preguntaron cuánto gana un agente penitenciario? ¿Lo compararon con lo que le pueden ofrecer los narcos? Es muy simple, los jefes les plantean a los agentes que elijan entre un soborno que les permite alcanzar un nivel de vida que ni soñaban, o que su familia, afuera, corra peligro de muerte.
¿Cómo interpretar el lenguaje político de las amenazas con una masacre de ciudadanos?
Argentina no tiene subsecretaría de narcotráfico porque la disolvió Alberto Fernández, y hace falta trabajar en serio. Financiando la seguridad como corresponde y desalentando el consumo, haciendo ver a los compradores que son parte vital de un negocio criminal. Además, no hay que responderles a las bandas: hay que buscarlos, meterlos presos y mejorar a fondo la seguridad carcelaria. De eso, aún no se observa nada.