"Vamos a acompañar a este grupo abriendo el diálogo con los titulares, para ver si los pueden incluir en el lote fiscal 4, pero es algo que ya no es potestad de la provincia", dijo Ariel Sánchez, subsecretario de Regularización Territorial y Registro de Comunidades Indígenas de Salta.
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"Vamos a acompañar a este grupo abriendo el diálogo con los titulares, para ver si los pueden incluir en el lote fiscal 4, pero es algo que ya no es potestad de la provincia", dijo Ariel Sánchez, subsecretario de Regularización Territorial y Registro de Comunidades Indígenas de Salta.
En una audiencia programada, funcionarios de la Secretaría de Asuntos Indígenas de Salta recibieron a los referentes de las comunidades Com Laje, Sarmiento, El Lucero, Lapacho III, todas de Tartagal, y La Loma de Aguaray. Se trata de wichis y tobas que reclaman ser incluidos como titulares registrales del lote fiscal 4, ruta 86 de Tartagal.
En la reunión les aclararon que en el 2000, estas tierras fueron adjudicadas por la Provincia de Salta como propiedad comunitaria a otras 19 comunidades originarias del área. En diálogo con El Tribuno, el subsecretario de Regularización Territorial y Registro de Comunidades Indígenas, Ariel Sánchez, contó: "Atendimos a referentes de 5 comunidades. Ellos quieren ser incorporados como titulares registrales del inmueble conocido como exlote fiscal 4. Sin embargo, a través de un decreto del año 2000, se lo adjudico a 19 comunidades".
Mesa de trabajo
Explicó: "Este decreto es el resultado de una mesa de trabajo con las comunidades involucradas. Cabe destacar que algunas se fueron desmembrando y registraron su propia personería jurídica. Detectamos movimiento de esta naturaleza en la reunión".
Sánchez resaltó: "Es decir que la provincia ya no es titular de esas tierras, sino que le pertenecen a las comunidades, algo muy importante que se logró. Venimos trabajando para conformar una organización. Por eso, en noviembre del 2023 surgió la Asociación Consorcio de Propietarios del exlote fiscal 4. Las 19 comunidades más una comisión directiva, son todos copropietarios".
El reclamo
Luego, Sánchez explicó: "Las comunidades que reclaman su incorporación, deben tener una instancia de dialogo con los propietarios. El estado no puede modificar el decreto, porque es un inmueble que ya tiene dueños. Estos grupos fueron apareciendo de forma posterior al mismo. Nos mencionaron que algunos de ellos participaron de la lucha inicial. Luego conformaron otras comunidades, quedando fuera del decreto. Por eso, vamos acompañarlos, abriendo diálogo con los titulares, para ver si pueden ser incluidos".
Finalmente, el funcionario remarcó: "Para nosotros es muy importante que se sepa que hay 19 comunidades que son propietarias de 13.413 mil hectáreas de tierras, con la matricula 17452". Además, del trabajo de asesoramiento que están realizando con las comunidades. Informando los alcances de la ley de bosques que los puede beneficiar, entre otros proyectos para mejorar su realidad.