En las última marcha de Ni Una Menos, mujeres promovieron escraches a deudores alimentarios. "Poné aquí el nombre", figuraba en un afiche que tuvo adhesiones con nombres de diferentes "padres", los cuales debían la cuota alimentaria de sus hijos e hijas.
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En las última marcha de Ni Una Menos, mujeres promovieron escraches a deudores alimentarios. "Poné aquí el nombre", figuraba en un afiche que tuvo adhesiones con nombres de diferentes "padres", los cuales debían la cuota alimentaria de sus hijos e hijas.
"Es un tema que está en agenda", aseguró Ana Pérez Declerq, directora del Observatorio de Violencia Contra la Mujer (OVCM). El organismo, que releva diferentes datos que tienen que ver con violencia de género, lanzó una encuesta autoadministrada para tener los primeros datos sobre la temática. Si bien desde hace un tiempo diferentes organizaciones relevan datos, estos serían los primeros registros oficiales sobre la problemática que, advierten, es una forma más de violentar a la mujer. "Se vincula estrechamente a la violencia de género y se usa como amenaza cuando te dicen 'te dejo de pagar la cuota si armás nueva pareja', y tiene que ver con las relaciones de poder", explicó Pérez Declerq. La directora aseguró que en muchos casos la madre naturalizó el tener que asumir la provisión de alimentos y no visualizan que están siendo "víctimas de violencia económica".
Desde el Observatorio indicaron que actualmente hay 1.060 deudores registrados y "solo 4 son mujeres".
Por mandato de la Ley 7411 quien deba "total o parcialmente tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas" fijadas por sentencia firme se constituye en deudor. En el 2020, año signado por la pandemia, se incluyeron 101 deudores, en el 2021 fueron 138 y a octubre del año pasado fueron 118, llegando a ser 899. Desde ese tiempo a esta fecha se llegó a más de 1.000.
La "letra chica" del registro señala que la inscripción al mismo debe ser tramitada ante el juez, que ordena tanto las altas como bajas. Quienes llegan a estas instancias además son quienes pudieron iniciar un proceso legal, que en muchos casos demanda costos como pagar un abogado o ser representado por un defensor oficial y aguardar los tiempos lentos de la justicia.
Desde hace un tiempo que funcionarios advierten que podrían ser muchos más los deudores inscriptos. Una de ellas es Blanca Ferri, secretaria de Derechos Humanos de la Corte de Justicia de Salta, quien aseveró que serían más "si se hiciera un cruce de información con las causas de alimentos en los juzgados de Familia", las cuales tienen como problema central las deudas. Ferri aseveró que muchos no solicitan la inscripción porque piensan que no habrá "efectos mayores".
"Tengo 20 juicios por cuota alimentaria y ninguno está anotado en el registro, no refleja la realidad", aseguró Alejandra Chuchuy Juárez, abogada de familia.
En cambio, la encuesta del OVCM sería más amplia: "Preguntamos si fue un acuerdo privado o si fue mediante mediación o si tuvieron que llegar a la justicia, y si es así se pregunta si vivió revictimización, cómo fue el trato y la demora", explicó Pérez Declerq. Posteriormente se hará un cruce de datos con los expedientes judiciales, "hay juezas de Familia que toman directamente el caso y a veces corre por juzgados civiles y se revictimiza", precisó. La encuesta no es abierta y debe ser solicitada al observatorio o las organizaciones.
No pagar
La abogada Alejandra Chuchuy Juárez trabaja hace más de 30 años con casos de familia. Aseguró que en estas tres décadas vio avances como los establecidos por el Código Civil y Comercial nuevo: "El artículo 553 dice que el juez puede imponer al responsable del incumplimiento reiterado medidas razonables para asegurar el cumplimiento de la cuota, ahí se dan esas medidas, como prohibición de salida del país o como en un caso que represento es un hincha fanático de un club y tiene prohibido el ingreso al estadio".
También señaló como avances el Índice de Crianza, que no se refiere solo a "vestimenta y comida, sino al costo de las tareas de cuidado que en julio 2023 estaba en más de $100 mil por niño"; como también las medidas cautelares de embargo de sueldo por alimento provisorio, que "pueden salir en menos de 60 días". Sin embargo, reflexionó, "lo nefasto del sistema continúa siendo que se cumpla", ya que cuando es trabajador en relación de dependencia" es más fácil, porque se embarga el sueldo, pero cuando no tiene relaciones laborales declaradas paga si quiere. Hay varones que dejan de trabajar en relación de dependencia para no pagar la cuota", aseveró.
En consecuencia, el pagar una cuota alimentaria depende de la situación laboral registrada. Esto se agrava si se tiene en cuenta las estadísticas sobre empleo informal en la provincia. Desde hace años que los registros oficiales ubican a Salta como una de las provincias con mayor tasa de trabajadores en negro del país, por ejemplo en 2019 el Indec informó que uno de cada dos trabajadores en Salta estaban en esta situación.
Según indicó la abogada, la "estadística es que el 85% de los hogares monomarentales están encabezados por una mujer, y solo 1 de cada 4 recibe la cuota".
Chuchuy además se refirió a que la obligación de alimentos deriva del parentesco que indica la ley: "En muchos casos en los que el padre es insolvente se puede pedir que el abuelo se haga cargo, pero muchas veces pasa que son dos jubilados que se gastan la jubilación en remedios y tampoco se puede hacer mucho".