El Gobierno Nacional decretó hoy la emergencia energética con el objetivo de comenzar el proceso de adecuación de las tarifas de luz y gas. El Decreto 55/2023 fue publicado esta madrugada en el Boletín Oficial y cuenta con la firma del presidente Javier Milei y de todo el Gabinete de Ministros.
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El Gobierno Nacional decretó hoy la emergencia energética con el objetivo de comenzar el proceso de adecuación de las tarifas de luz y gas. El Decreto 55/2023 fue publicado esta madrugada en el Boletín Oficial y cuenta con la firma del presidente Javier Milei y de todo el Gabinete de Ministros.
En efecto, la emergencia declarada en el sector energético “hasta el 31 de diciembre de 2024" abarca “a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural”.
La medida instruye a la Secretaría de Energía, a cargo de Eduardo Rodríguez Chirillo, que a su vez funciona bajo la órbita del ministro de Economía, Luis Caputo, “para que elabore, ponga en vigencia e implemente un programa de acciones necesarias e indispensables con relación a los segmentos comprendidos en la emergencia declarada, con el fin de establecer los mecanismos para la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para garantizar la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios de todas las categorías”.
Revisión tarifaria
Tras dar por iniciada la revisión tarifaria, el Gobierno de Milei estableció que a entrada en vigencia de los cuadros tarifarios resultantes no podrá exceder del 31 de diciembre de 2024.
A su vez, se dispuso la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) a partir del 1º de enero de 2024, y hasta la designación de los miembros del Directorio.
Los interventores que designe el Ministerio de Economía están facultados a realizar los procesos de revisión de tarifas y hasta que estén definidas podrán “aprobarse adecuaciones transitorias de tarifas y ajustes periódicos, propendiendo a la continuidad y normal prestación de los servicios públicos involucrados, a cuenta de lo que resulte de la revisión tarifaria”.
Para la conformación de los directorios del ENRE y del ENARGAS, la Secretaría de Energía cuenta con un plazo de 180 días.
Decisión ejecutada por el Ejecutivo
La decisión fue ejecutada por el Poder Ejecutivo Nacional mientras suceden diversos cortes masivos a raíz del temporal que azotó a la Provincia y a la Ciudad de Buenos Aires. No obstante, en los considerando, se justificó la publicación del decreto señalando que “la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de Gas y Energía Eléctrica bajo jurisdicción federal exhibe una situación caracterizada por la creciente obsolescencia de los activos de las empresas prestadoras, la insuficiente adecuación a las necesidades de la demanda actual y futura y la profundización de los inconvenientes derivados de la falta de renovación de las redes y su ampliación”.
“Resulta imperioso encauzar la prestación de los mencionados servicios públicos bajo la plena vigencia de los marcos regulatorios respectivos y de los contratos suscriptos por el Estado Nacional y las empresas prestadoras, con las adecuaciones y revisiones correspondientes”, planteó la Secretaría de Energía, que a su vez advirtió que “de no adoptarse medidas urgentes se profundizará la deficiente calidad de servicio descripta en perjuicio de los usuarios”.
La herencia recibida de Alberto Fernández
En este marco, el Gobierno se excusó haciendo referencia a la herencia recibida de la administración de Alberto Fernández, con lo cual enfatizó que “es necesario adoptar aquellas medidas de corto, mediano y largo plazo que permitan la continuidad en la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural, y asegurar el adecuado suministro a toda la población del país”.