Hacía más de 8 años que Carmen Rosa no tenía ese brillo en los ojos y en la voz. El pasado 7 de diciembre, la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción a una ley que deberá pasar al Senado, que trata específicamente casos como el que a ella pero también a tantas otras madres y padres les sucedió. Esta tartagalense en el año 2015 perdió a su hijo producto de la desatención, la indiferencia y la frialdad de quienes en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal no hicieron lo que debían para salvarle la vida. La media sanción de esta ley es un triunfo para ella, porque se lo prometió a Javier Federico Cortez, su hijo, al momento de despedirlo.
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Hacía más de 8 años que Carmen Rosa no tenía ese brillo en los ojos y en la voz. El pasado 7 de diciembre, la Cámara de Diputados de la Nación le dio media sanción a una ley que deberá pasar al Senado, que trata específicamente casos como el que a ella pero también a tantas otras madres y padres les sucedió. Esta tartagalense en el año 2015 perdió a su hijo producto de la desatención, la indiferencia y la frialdad de quienes en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal no hicieron lo que debían para salvarle la vida. La media sanción de esta ley es un triunfo para ella, porque se lo prometió a Javier Federico Cortez, su hijo, al momento de despedirlo.
La ley de seguridad y calidad sanitaria es conocida también como ley Nicolás, en memoria de un niño que murió por similares razones que Javier, pero en Villa Gessell, siendo su madre la Dra. Gabriela Covelli, una de las principales artífices junto a Carmen Rosa Aráoz. La norma establece una serie de pautas tendientes a asegurar el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y en las comunidades, a través de la definición de un marco jurídico e institucional que promueva la transformación de las pautas culturales, la mejora de las condiciones de la práctica sanitaria, la protocolización y jerarquización de los procesos de atención, la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas, la disminución de daños evitables y el cuidado del marco de trabajo del equipo de salud entre otros fines.
Pero la ley también pretende cubrir una suerte de vacío legal que hace que a los pacientes que son víctimas de mala praxis les resulte casi imposible poder demostrar el hecho que se le imputa al personal de hospitales públicos o clínicas privadas. Y es que este delito lamentablemente está presente en hospitales públicos de alejadas zonas como el caso de Tartagal o clínicas privadas de gran renombre y jerarquía como el sanatorio de Villa Gessell, donde perdió la vida Nicolás Deana.
Antes de trabajar en el proyecto de ley la Dra. Covelli creó la ONG Por la Vida y la Salud, con la que Carmen Rosa, de Tartagal, y mamás de todo el país que sufrieron esa misma tragedia se contactaron y conocieron. El diputado nacional que presentó el proyecto que tuvo media sanción fue Fabio Quedglas de la provincia de Buenos Aires.
Sin hijo y sin justicia
El 18 de octubre del año 2015, Javier, quien apenas podía respirar, tomaba la mano de su mamá y con la mirada implorante le decía: mamá, yo no me drogué. Era la tercera vez que iba al hospital Juan Domingo Perón. La segunda, recuerda su mamá, "lo atendió el médico César Oviedo, quien le dijo que 'no era nada, es una simple gripe', y lo mandó a la casa,; pero mi hijo cada hora que pasaba le costaba más respirar. Lo llevé de vuelta al hospital, lo internaron y nunca olvidaré la expresión de la doctora Irene Zabzuck cuando yo le pedía que lo atendiera, que yo sentía que se estaba muriendo y ella a viva voz me contestó 'tu hijo está con un síndrome de abstinencia por falta de drogas'".
"Cuando comencé a gritar que lo atendieran porque él con el último aliento me decía, mamá es mentira, yo nunca me drogué, me mandaron a la seguridad del hospital para que 'me calme', porque yo me había puesto violenta, según los médicos. A los minutos mi hijo murió y allí comenzó mi otro padecer; una cadena de mentiras, de encubrimientos, de adulterar la historia clínica, todos elementos que la Justicia jamás tuvo en cuenta. Mi hija fue a la hora de que Javier falleció a hacer la denuncia, pero a los 15 días el fiscal penal Gonzalo Vega archivó la causa. El único médico que estaba imputado por homicidio culposo, el doctor Oviedo, fue sobreseído y yo quedé sin mi hijo y sin justicia; mi hijo no era un drogadicto, murió de hantavirus".
Carmen se dedicó a estudiar los protocolos hospitalarios. Precisó que "Javier padecía una enfermedad endémica del verano que los médicos no supieron ver, porque tampoco cumplieron con los protocolos que deben seguirse en un paciente febril; para ellos fue más fácil decir que era un drogadicto y después encubrir todo; al adulterar la historia clínica hasta llegaron a poner que el médico Oviedo lo mandó a la casa porque 'la mamá lo quiso retirar'".
Según el certificado de defunción de Javier Federico Cortez, murió por una falla multiorgánica, "y hubo un médico que en la causa declaró que tenía la sintomatología de hantavirus. El único médico imputado quedó sobreseído".