A pocos días de las elecciones nacionales, donde el debate de la población se centra en la falta de transparencia y la corrupción de algunos funcionarios y políticos, el senador provincial Esteban D'Andrea presentó un proyecto de ley en la Cámara alta que podría cambiar el panorama legal de algunos legisladores provinciales. El proyecto, enviado a la comisión de Justicia del Senado provincial para su análisis, propone la eliminación de los fueros para legisladores o magistrados provinciales cuando sean investigados por la Justicia.
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A pocos días de las elecciones nacionales, donde el debate de la población se centra en la falta de transparencia y la corrupción de algunos funcionarios y políticos, el senador provincial Esteban D'Andrea presentó un proyecto de ley en la Cámara alta que podría cambiar el panorama legal de algunos legisladores provinciales. El proyecto, enviado a la comisión de Justicia del Senado provincial para su análisis, propone la eliminación de los fueros para legisladores o magistrados provinciales cuando sean investigados por la Justicia.
Fueros parlamentarios
En la actualidad, algunos representantes en la Cámara de Diputados y la de Senadores utilizan los fueros parlamentarios como excusa para no ponerse a disposición de la Justicia cuando son investigados por casos de corrupción.
El senador D'Andrea, consciente de la necesidad de abordar esta cuestión, presentó el proyecto de ley que busca modificar esta situación. "Es una cuestión moral que debemos abordar para no dejar lagunas jurídicas que después terminan en la mayoría de los cosas en cuestionamientos de la sociedad. El que nada debe, nada debe temer", contó D'Andrea a El Tribuno.
El proyecto
El proyecto establece que, ante la existencia de una causa penal contra un legislador o magistrado sujeto a desafuero, remoción, juicio político o jurado de enjuiciamiento, el tribunal competente podrá llevar a cabo todos los actos procesales contemplados por las normas vigentes, excepto aquellos que impliquen la detención o prisión. Se destaca que el llamado a indagatoria no se considerará una medida restrictiva de la libertad.
En caso de que el legislador, funcionario o magistrado no se presente a prestar indagatoria, el tribunal deberá solicitar su desafuero, remoción o juicio político para ordenar su comparendo compulsivo y continuar la causa. Además, el proyecto permite por única vez el allanamiento de los domicilios u oficinas particulares de los involucrados como consecuencia de la investigación de la Justicia.
Restricciones
Cabe destacar que el proyecto de ley prohíbe la interceptación de la correspondencia o comunicaciones telefónicas o electrónicas, pero en caso de que se dicte alguna medida que afecte la libertad personal del legislador, funcionario o magistrado, ésta no se hará efectiva hasta que la autoridad correspondiente otorgue el desafuero, remoción o juicio político.
El legislador, funcionario o magistrado podrá presentarse al tribunal para aclarar los hechos o presentar pruebas, incluso si no ha sido indagado.
Este proyecto de ley, que ahora está en manos de la comisión de Justicia del Senado provincial para su análisis y posible aprobación, busca regular el procedimiento en casos donde un legislador o funcionario está siendo investigado y requiere desafuero, juicio político o destitución para ser sometido a la Justicia penal. En caso de ser aprobado, implicaría un cambio significativo en la protección legal de personajes políticos, legislativos y judiciales en Salta.
Actualmente los fueros, según la Constitución Nacional, otorgan a los legisladores ciertas inmunidades y protecciones legales. En términos generales, los fueros pueden incluir inmunidad contra arresto y juicio, así como protección contra la interferencia en sus comunicaciones y correspondencia. Esto significa que un legislador bajo fueros no puede ser arrestado ni enjuiciado sin la aprobación del cuerpo legislativo al que pertenece.
Procedimiento actual
El proyecto presentado por el senador Esteban D`Andrea establece el procedimiento a seguir en las causas en las que se encuentre como imputado o denunciado a un legislador o funcionario que conforme a la Constitución Provincial, requiere de desafuero, juicio político o destitución para ser sometido a la Justicia penal.
La base del proyecto legislativo
El proyecto establece que, ante la existencia de una causa penal contra un legislador o magistrado sujeto a desafuero, remoción, juicio político o jurado de enjuiciamiento, el tribunal competente podrá llevar a cabo todos los actos procesales contemplados por las normas vigentes, excepto aquellos que impliquen la detención o prisión. Se destaca que el llamado a indagatoria no se considerará una medida restrictiva de la libertad.