Micro, pequeñas y medianas empresas, que representan en Salta la casi totalidad del tejido empresario y sostienen cerca del 70% del empleo formal privado, están acorraladas por la presión fiscal, la inflación, la volatilidad del tipo de cambio y los elevados costos de financiamiento. Cientos de ellas aún no lograron alcanzar los niveles prepandemia, cuando la crisis económica de arrastre ya tenía a maltraer a miles de comercios, fábricas, establecimientos agropecuarios y plantas agroindustriales. Entre las pymes que quedaron en pie tras los dos primeros años del coronavirus no son pocas las que dejaron de lado inversiones y están endeudadas a mitad del empinado camino de la recuperación.
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Micro, pequeñas y medianas empresas, que representan en Salta la casi totalidad del tejido empresario y sostienen cerca del 70% del empleo formal privado, están acorraladas por la presión fiscal, la inflación, la volatilidad del tipo de cambio y los elevados costos de financiamiento. Cientos de ellas aún no lograron alcanzar los niveles prepandemia, cuando la crisis económica de arrastre ya tenía a maltraer a miles de comercios, fábricas, establecimientos agropecuarios y plantas agroindustriales. Entre las pymes que quedaron en pie tras los dos primeros años del coronavirus no son pocas las que dejaron de lado inversiones y están endeudadas a mitad del empinado camino de la recuperación.
En el seno del Consejo Económico y Social de Salta el ahogo del sector se refleja a través del reclamo de nuevas herramientas de financiamiento que lleguen a las empresas más pequeñas. También se pide discutir seriamente una reforma tributaria que le quite presión impositiva a las pymes. Entidades de la producción rural, el comercio y la industria insisten en el reclamo de una menor presión fiscal, mientras productores, comerciantes y empresarios rezan por una tregua que les permita regularizar deudas impositivas y no terminar ejecutados por el fisco.
"Por ahora no tenemos moratorias en carpeta", respondió una alta fuente del Ministerio de Economía de la Provincia, ante una consulta de El Tribuno, tras señalar que en la DGR "hay planes de pago vigentes" y que el organismo recaudador avanza hacia "una simplificación del sistema tributario" con el programa denominado Renta Digital.
De acuerdo con las últimas estadísticas actualizadas, la Dirección General de Rentas recaudó en mayo último $5.449 millones con los impuestos a las actividades económicas, sellos, inmobiliario rural, Cooperadora Asistencial y otros gravámenes provinciales. Ese monto marcó un crecimiento interanual del 83,86% en relación con los $2.964 recaudados en mayo de 2021. Ese valor, ubicado más de 20 puntos por encima de la inflación interanual medida en el quinto mes del año no fue un registro circunstancial ni aislado. Ya los $5.043 recaudados en abril habían reflejado un salto del 76,34% con respecto al mismo mes de 2021. En ambos casos, como es habitual, actividades económicas tuvo una participación del orden del 90% en el total de los ingresos tributarios. Cabe recordar que en el consenso fiscal firmado con la Nación en 2017 se acordó una reducción de alícuotas para mermar la presión. Sin embargo, en los años 2018, 2019 y 2020 se suscribieron otros acuerdos con los que se suspendió la reducción de alícuotas de actividades económicas y sellos.
En el consenso firmado en 2021 se eliminó el cuadro de reducción de alícuotas en forma definitiva, para no tener que suspenderlo cada año. Además, se puso un tope de alícuotas en todas las provincias y la reducción tributaria quedó para más adelante.
Como fuere, los altos rendimientos de la recaudación, motorizados por el nivel de actividad, una mayor presión fiscal, o la conjunción de ambos factores, marcaron un gran contraste con la frágil situación de las pymes, que claman hoy por una tregua para poder cancelar deudas impositivas en condiciones semejantes a las de las moratorias que se dispusieron a comienzos de 2018, en septiembre de 2019 o en julio de 2020. En esas oportunidades se permitió a contribuyentes caídos en moras regularizar sus deudas impositivas con condonaciones parciales y totales de intereses, multas, recargos y sanciones. Se habilitaron tanto pagos al contado como en cuotas y se incluyeron en los regímenes de alivio fiscal hasta las obligaciones que ya tenían iniciados procesos administrativos y judiciales de cobro.
En este contexto, y ante el revalúo inmobiliario que acrecentaría la presión fiscal, el titular de la Sociedad Rural Salteña, Carlos Segón, hizo notar que "el Estado a través de gravámenes, tanto nacionales como provinciales y municipales, ya se queda con hasta el 70% de los ingresos del productor".
A su vez, directivos de la Cámara de Comercio e Industria de Salta advirtieron que "el aumento de la presión fiscal y el permanente cambio de las reglas de juego no hacen otra cosa que desalentar la inversión".