El Concejo Deliberante capitalino aprobó una ordenanza que incorpora al esquema de acciones de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Salta un programa de atención al inquilino y que también extiende a cuatro años el mandato del defensor y del secretario letrado.
inicia sesión o regístrate.
El Concejo Deliberante capitalino aprobó una ordenanza que incorpora al esquema de acciones de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Salta un programa de atención al inquilino y que también extiende a cuatro años el mandato del defensor y del secretario letrado.
El objetivo de la creación del Programa Atención al Inquilino es defender los derechos de los inquilinos frente a posibles conductas abusivas de locadores, propietarios o corredores inmobiliarios, cuyos contratos hayan sido suscriptos por escrito o se trate de contratos verbales, se informó tras la aprobación de la ordenanza.
Este concepto, como también la ampliación del mandato del Defensor del Pueblo y del Secretario Letrado a cuatro años, fueron incorporados en la ordenanza 14.501 de creación de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Salta.
El edil José García, autor de la iniciativa, marcó la necesidad de que el cuerpo deliberativo atienda la situación de vecinos de la ciudad que alquilan una vivienda y dijo que con este tema se tocan aspectos que "quizás en otro momento no nos hemos animado desde el Concejo Deliberante".
En esta línea, manifestó que se genera el compromiso de atender y prestar atención a las consultas que quieran hacer los inquilinos, pero donde la figura del locatario también va a tener las puertas abiertas.
Entre las funciones del Programa de Atención al Inquilino, figuran las de asesorar a locatarios y locadores en cuanto a sus derechos y obligaciones, conforme a las normativas vigentes.
Además, ofrecer instancia de conciliación voluntaria para problemas suscitados entre locadores y locatarios; recolectar información de los diferentes organismos públicos y municipales relacionados a los alquileres, locatarios y locadores de la ciudad de Salta.
También dispone constituir una mesa de diálogo para debatir valores de alquiler según zonificación de la ciudad, porcentajes de actualización, números de referencia y cualquier otra temática de interés respecto de los contratos celebrados.
También, interactuar o intervenir en instancias prejudiciales ante diversos organismos para mitigar los efectos perjudiciales del desalojo de un inquilino, principalmente cuando la vivienda se encuentre habitada por personas en estado de vulnerabilidad, y poder participar en procesos judiciales de desalojo en calidad de amicus curiae, a fin de proponer soluciones pacíficas al conflicto de intereses presentados.