La Sala 2 de la Cámara Federal, por mayoría, con los votos de Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi y la disidencia de Eduardo Farah, resolvió descartar que hubiera existido una asociación ilícita dispuesta por autoridades del Gobierno de Mauricio Macri para montar un plan de espionaje ilegal contra opositores, políticos, periodistas y otras personalidades. De este modo revocó los procesamientos de Gustavo Arribas y Sílvia Majdalani.
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La Sala 2 de la Cámara Federal, por mayoría, con los votos de Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi y la disidencia de Eduardo Farah, resolvió descartar que hubiera existido una asociación ilícita dispuesta por autoridades del Gobierno de Mauricio Macri para montar un plan de espionaje ilegal contra opositores, políticos, periodistas y otras personalidades. De este modo revocó los procesamientos de Gustavo Arribas y Sílvia Majdalani.
En ese sentido dictaron la falta de mérito del ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, al descartar responsabilidades objetivas. En el caso de Majdalani confirmaron su procesamiento por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
En el caso del secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, confirmaron su falta de mérito. También obtuvo falta de mérito Susana Martinengo que era la persona encargada de archivo en Casa Rosada y tenía relación con un grupo de agentes del denominado “súper Mario Bross”.
En tanto confirmaron parcialmente los procesamientos de Alan Flavio Ruiz, Diego Dalmau Pereyra, Jorge Horacio Sáez, Facundo Melo, Leandro César Araque, Emiliano Federico Matta, María Andrea Fermani, Juan Carlos Silveira y Cristian Lionel Suriano por el delito de acciones prohibidas de inteligencia
Los magistrados entendieron que “existió un grupo que movido por intereses personales utilizó recursos sensibles del Estado con fines ilegales y se determinó que la superior de ese grupo, Silvia Majdalani, incumplió su deber de controlar como manda la ley al grupo que dependía de ella de manera inmediata”. Y al descartar la existencia de una A.I. orquestada desde el núcleo del Estado Federal, sus autoridades (Arribas y Blanco) carecen de reproche.
“Por el momento, y según vimos, la tesis de que existió una asociación que reunía a gran parte de los funcionarios de distintos organismos es débil. Lo único que se pudo vislumbrar fueron hechos diseminados, que podían responder a intereses tan variados como divergentes, y que fueron concebidos de manera forzada como expresiones de un único colectivo”, sostuvieron en el fallo.
Según la prueba reunida los miembros de la AFI, policías de la Policía de la Ciudad, abogados, y algún miembro del SPF se encargaban de reunir información para intentar influir en personas determinadas intentando intimidarlos (Caso Vila) o extorsionarlos (Caso Santilli). En otro caso, la información intentaba extorsionar a terceras personas como a Hugo y a Pablo Moyano (Caso Melo, Ruiz, LLermanos).
En minoría, el juez Farah dijo que se probó la existencia de una asociación ilícita: “El relevo de los hechos delictivos tratados permite detectar patrones comunes en cuanto al tipo de objetivos planteados, sus motivaciones vedadas por la ley 25520, la forma de ejecución, el traspaso de la información y la distribución de los roles. Dicho eso, no se dejan de advertir supuestos específicos donde no puede descartarse el alegado actuar por 'cuenta-propia' de algunos agentes (hay hipótesis posibles al respecto, que van desde extorsiones, encargos o contactos aún no desentrañados con otras personas); se apuntaron extremos de este tenor y se volverá sobre el punto. Pero, amén de ello, lo cierto es que existe un plafón fáctico con ribetes que revelan cierto nivel de organización, con miras a una pluralidad de planes delictivos y a la comisión de ilícitos no cualitativamente predeterminados al inicio de la asociación".