Un dilatado proceso de juicio político al intendente Ernesto "Kila" Gonza, de San Lorenzo, concluyó ayer cuando el Concejo Deliberante aprobó la destitución acusándolo de una serie de irregularidades que conformaron 8 carpetas de pruebas. El proceso comenzó el 31 de octubre del año pasado y en la sesión de este miércoles cinco de los siete ediles votaron a favor de la destitución.
Como es habitual en estos casos, el expediente se presentará en la Fiscalía que corresponda para corroborar si existe un delito penal y, el lunes próximo, se enviará la resolución de destitución al propio jefe comunal para que, con sus argumentos y si es su decisión, los eleve a la Corte de Justicia.
"Las causas que determinaron su destitución son muchas y variadas, por eso es que desde octubre pasado analizamos el tema y el intendente tuvo el tiempo y la posibilidad de plantear su defensa. Pero, sorprendentemente, muchos de sus fundamentos lo perjudican aún más", le explicó a El Tribuno el presidente del cuerpo legislativo, Juan Pablo Dávalos, al concluir la reunión.

Las acusaciones

Desmanejo de fondos públicos; incorrecto cobro de impuestos en las zonas más postergadas, como Atocha y La Ciénaga, cuyos montos eran los mismos que en la zona residencial; gasto de partidas del presupuesto del Concejo Deliberante sin autorización; quita de tutela sindical, persecución política, despido de la exdelegada de La Ciénaga, entre otras situaciones, forman parte de un grueso expediente que derivó en el juicio político y destitución.
"La exdelegada despedida, Norma Flores, había recurrido a la Municipalidad para interiorizarse sobre la ordenanza tributaria y cobraba según lo establecido. Pero una orden de Gonza y del secretario de Hacienda, Rogelio Guaymás, la obligó a cobrar como zona 1 residencial, pese a ser el área más pobre. Ella se negó y la echaron", recordó el presidente del legislativo comunal. Al respecto hizo un paréntesis para recordar que "Guaymás fue acusado por administración fraudulenta y no se presentó a la audiencia judicial del pasado 22 de agosto, declarándose en rebeldía y desacato a la ley. Y lo peor es que siguió en funciones, pero según tenemos entendido, será sometido a un nuevo juicio".

La destitución

Dos ediles oficialistas fueron los que votaron en contra de la destitución: Marcelo Puca y Silvia Jurado.
Cabe indicar que ambos, junto a Jesús Lambertin y el presidente del Concejo Deliberante, accedieron a los cargos en las últimas elecciones a través de Salta nos Une.
Por su parte, también votaron por la destitución los ediles de PRO, Miguel Mercado y Cecilia Durand Bosch, y por el Frente para la Victoria, Gustavo Aguirre.
Según se observó hasta ahora, las desprolijidades fueron la característica del proceso que duró tres meses. Gonza planteó siete testigos a su favor, de los cuales solos dos se presentaron. Simultáneamente hizo escritos y un oficio que, en este caso, no fue presentado por el propio secretario de Hacienda.
La comisión investigadora que se formó para avanzar en el juicio político estudió en este período los puntos que justifiquen una destitución, por eso y pese a concluir el período de sesiones ordinarias, el Concejo Deliberante se mantuvo activo hasta ahora en el marco de lo que prevé la Constitución y la Ley Orgánica de Municipalidades 1349.
Ernesto Gonza fue intendente de la villa veraniega en dos periodos anteriores, de 2003 a 2011. Y un dato curioso: desde el 11 de mayo del año pasado la comuna carece de secretario de Gobierno, fecha en que, por diferencias sobre metodología de trabajo, renunció el abogado Mariano Estrada, quien no fue reemplazado.

Empresa fantasma

Para abundar en detalles sobre el comportamiento del intendente, Dávalos recordó una de las causas que lo señalan por malversación de fondos, que está en el juzgado de Antonio Pastrana. "Se le pagó a una empresa fantasma 1 millón de pesos por una obra de un puente. En realidad, ese puente fue construido por personal municipal, no obstante, a la hora de cobrar concurrieron a recibir el cheque el hermano del intendente, Aldo Gonza, su novia, un concuñado y el secretario de Obras Públicas, Rodolfo Armando. Presentaron una firma ficticia para hacer el puente, de propiedad del hermano del secretario de Obras Públicas".

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