El titular de la CGT oficialista y secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló, rechazó la denuncia que lo responsabiliza de una administración fraudulenta y desvíos millonarios por $900 millones. Se defendió con una solicitada publicada ayer y en la que sentencia que el hipotético desfalco es “absurdo y falaz” ya que el gremio no tiene injerencia sobre los fondos que percibe la compañía de seguro.
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El titular de la CGT oficialista y secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló, rechazó la denuncia que lo responsabiliza de una administración fraudulenta y desvíos millonarios por $900 millones. Se defendió con una solicitada publicada ayer y en la que sentencia que el hipotético desfalco es “absurdo y falaz” ya que el gremio no tiene injerencia sobre los fondos que percibe la compañía de seguro.
La denuncia tiene origen en una investigación judicial que complica al máximo dirigente de la UOM. Se trata de una causa que tiene como procesado a Segundo Pantaleón Córdoba, abogado que trabajó durante 26 años en ese sindicato. El letrado fue descubierto el 2 de agosto de 2011, en la terminal de Buquebús, en Buenos Aires, con 800.000 dólares no declarados.
En su exposición ante la Justicia, Córdoba reconoció que las divisas tenían un origen irregular, por fondos de los afiliados que todos los meses le entregaba el sindicato de los metalúrgicos, que conduce Antonio Caló desde 2002, tras la muerte del emblemático dirigente peronista Lorenzo Miguel. Según se dijo, el origen del dinero sospechoso salía de los seguros de sepelio y de vida del gremio conducido por Caló.
Ante esta versión, la UOM publicó ayer una solicitada con el título de Aclaración, que lleva la firma del secretariado nacional del sindicato. En el texto consideran como “calumnias y mentiras” las acusaciones contra la conducción y sostienen que Córdoba -quien fue despedido en 2009 por “pérdida de confianza”- inventó una fábula que “ensució a dirigentes de la Uomra para exculparse luego de ser descubierto por las autoridades aduaneras”.
La defensa
Caló reiteró que no cometió un fraude millonario contra afiliados a su gremio y denunció que algunos medios lo “pusieron en la mira” en un momento político previo a las elecciones de octubre, porque defiende a la administración central.
Además, dijo que Córdoba “está dolido porque lo engancharon con 800 mil dólares que quería pasar a Uruguay”, cuando fue demorado por la Aduana en agosto de 2011 en la terminal de Buquebús.
“"Tengo la conciencia bien tranquila; que la Justicia investigue”, manifestó Caló consultado sobre si tenía responsabilidad en el delito que le atribuye el exletrado.