El conflicto planteado entre las universidades nacionales y el gobierno del presidente Javier Milei es grave y afecta a la médula de las posibilidades de desarrollo.
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El conflicto planteado entre las universidades nacionales y el gobierno del presidente Javier Milei es grave y afecta a la médula de las posibilidades de desarrollo.
El martes habrá una movilización en todo el país, convocada por los rectores y por los docentes universitarios, y que contará con el apoyo de la dirigencia estudiantil y los políticos de la oposición, encabezados por la CGT y la CTA. No parece tan seguro de que haya una participación masiva y espontánea de los estudiantes sin filiación política.
Lo que enfrenta el país es una crisis institucional que desborda a cualquier chicaneo ideológico. La naturaleza política del conflicto hace mucho más difícil la solución y se hace evidente que, de una y otra parte, no hay interlocutores válidos.
Son un pésimo precedente las definiciones de Milei en materia educativa, en general. Al afirmar que la Universidad de Buenos Aires, la más importante del país y con reconocimiento académico y científico en el exterior "envenena a los alumnos con adoctrinamiento marxista" y otras frases de efecto pronunciadas en una conferencia ante empresarios, lejos de fortalecer cualquier decisión en materia universitaria, evidencian desinterés por una herramienta clave para la ciencia y la cultura del país.
Del mismo modo, las declaraciones del vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, cuando dijo: "No es compatible educarse en la UBA y votar a Milei", solo fortalecen la opinión del presidente y su prestigio ante una sociedad cansada de los abusos de poder. El vicerrector, de filiación radical, no puede, bajo ningún concepto, discriminar explícitamente a numerosos alumnos que confían en el proyecto libertario.
Esta confrontación, cuyas consecuencias son impredecibles, describe la encrucijada en que están sumergidas la educación, la política y las instituciones de la democracia.
La crisis inflacionaria, lo saben bien los académicos, es el fruto de un desmanejo histórico de los recursos públicos que en los últimos 21 años condujeron al país a la destrucción del ingreso y la actividad económica. En ese contexto, sectores políticos fortalecidos en el ámbito universitario impulsaron la creación de múltiples casas de altos estudios, sin garantía de excelencia académica. Nada de esto, que era insostenible, fue advertido ante el gobierno kirchnerista. La autonomía universitaria no puede ser escudo para una administración de recursos sin auditoría externa.
Las universidades deberían hacer una autocrítica frente a la crisis nacional y documentar ante el Gobierno sus ingresos y el destino de esos recursos.
De la misma manera, el presidente y sus ministros están obligados a evitar el desfinanciamiento universitario y solucionar los problemas que afectan a todos los hospitales y otros servicios dependientes de las universidades nacionales.
Una catástrofe universitaria provocaría un daño irreparable para los argentinos. Por su parte, la universidad debe desprenderse de atavismos reformistas, salir de su campaña de cristal y asumir su rol en una sociedad que cambió mucho en un siglo.
El bajo nivel de conocimientos de los egresados de la enseñanza media exige al Estado una política educativa profesional, pedagógica y sin mitologías libertarias ni bolivarianas. La Universidad no puede solucionarlo, pero debe garantizar, a toda costa, la calidad académica.
La Universidad tiene un costo, y por eso es imprescindible para el Estado y para los alumnos replantear nuevas formas de financiamiento. No es simple, pero es imprescindible.
La Argentina necesita recuperar los niveles de excelencia y de exigencia en todos los niveles del sistema educativo. La Universidad no es una fábrica de diplomas, sino una fuente de conocimientos, tecnología y servicios profesionales. Es así como deben asumirla los gobiernos, los académicos y los estudiantes: con voluntad de crecimiento y desarrollo de cada persona y de la sociedad, y sin veleidades de mala política.