El Gobierno tocó un nervio sensible al decidir impulsar también su plan “motosierra” en el ámbito de la educación pública, en especial, la superior, considerada por una amplia y heterogénea porción de la población, como un eslabón indispensable de cualquier intento de movilidad social ascendente en la Argentina.
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El Gobierno tocó un nervio sensible al decidir impulsar también su plan “motosierra” en el ámbito de la educación pública, en especial, la superior, considerada por una amplia y heterogénea porción de la población, como un eslabón indispensable de cualquier intento de movilidad social ascendente en la Argentina.
Quienes se estén formando o se hayan formado como profesionales en universidades del Estado probablemente lleven "puesta" esa camiseta durante el resto de sus días: así de fuerte y de indisoluble suele ser el vínculo, y el sentido de pertenencia, que se genera durante el paso de decenas y decenas de miles de estudiantes todos los años por las aulas de esas instituciones.
El Gobierno, con el presidente Javier Milei a la cabeza, se enfrascó en los últimos días en una disputa con la comunidad educativa superior probablemente sin medir las consecuencias, o bien soslayándolas, y terminó perdiendo el control de la agenda política nacional. El jefe de Estado, en ese contexto, buscó argumentar su determinación de podar el presupuesto de la Universidad de Buenos Aires (UBA), por ejemplo, en supuestos casos de adoctrinamiento y de persecución ideológica en facultades de esa casa de estudios, aunque sus planteos fueron rápidamente refutados por autoridades académicas.
En realidad, Milei, que por cierto suele recurrir a lenguaje sumamente agresivo al referirse a quienes disienten de su forma de pensar, es correcto que señale lo que él observa como irregular dentro del ámbito universitario, pero lejos de proponer una discusión superadora, desde el punto de vista pedagógico, su postura, por el contrario, fue la de tratar de justificar de alguna manera el ajuste que intentaba motorizar.
Si bien es válido también que el Gobierno procure auditar las cuentas de las universidades públicas y en el caso particular de la UBA, en qué se invierten/gastan los recursos que esa entidad recibe del Estado, el plan "motosierra" que ensayó Milei despertó en los últimos días una robusta respuesta de parte de la comunidad educativa que se verá unificada y reflejada en las calles del centro de la ciudad de Buenos Aires el próximo martes.
Ese día está previsto que se realice una masiva marcha en defensa de la educación pública, con la participación de alumnos, profesores, ex estudiantes y ex docentes, autoridades universitarias nacionales y hasta referentes políticos, y de sectores sindicales, más allá de los intentos de última hora del Gobierno por evitar que la movilización se lleve adelante, abriendo nuevamente el grifo y prometiendo más recursos para las casas de estudio.
Marcha universitaria: una foto incómoda para el Gobierno
Así como en semanas anteriores fueron la actriz y cantante Lali Espósito primero, y luego el periodismo argentino -con denuncia penal incluida de parte de Jorge Lanata en contra del jefe de Estado por difamación-, Milei amplió su abanico de "enemigos" de ocasión al incluir a las universidades públicas en su nómina, aunque no con el propósito de deliberar sobre su funcionamiento, sino con el fin de guadañar sus presupuestos: "Hay que ajustar gastos en todos lados", expresó al respecto el ministro del Interior, Guillermo Francos.