Sea cual fuese el resultado de la investigación, el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner representa un desagradable punto de inflexión para toda la clase política de la Argentina. En esto, desgraciadamente, no hay excepciones: la pacificación nacional no depende de ningún sector en particular, sino de un profundo cambio cultural de toda la dirigencia, cosa que la mayoría de la sociedad viene reclamando a gritos desde hace rato.
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Sea cual fuese el resultado de la investigación, el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner representa un desagradable punto de inflexión para toda la clase política de la Argentina. En esto, desgraciadamente, no hay excepciones: la pacificación nacional no depende de ningún sector en particular, sino de un profundo cambio cultural de toda la dirigencia, cosa que la mayoría de la sociedad viene reclamando a gritos desde hace rato.
La feroz crispación que se vive hace más de dos décadas y que se agravó al extremo tras el pedido de condena contra la exmandataria generó últimamente un enrarecido clima de violencia en el país, con la salvedad de que ahora se llegó a un límite intolerable para cualquier sociedad democrática.
Al kirchnerismo se lo criticó sin piedad por hacer "populismo", "dividir a los argentinos" y "enamorarse de la cuarentena", mientras que a Mauricio Macri lo cuestionaron a pedradas por su reforma jubilatoria y lo defenestraron por sus ajustes tarifarios y el endeudamiento con el FMI. En todos los casos, se apeló desde ambos extremos de la grieta a un odio profundo hacia el adversario y a un negacionismo generalizado del contexto en el que le tocó gobernar a cada uno. Nunca en los últimos 19 años hubo políticas de Estado que hayan contemplado acuerdos de fondo entre el Gobierno y la oposición. La economía, devastada por donde se la mire, es la más afectada por esta falta de racionalidad.
Ayer se dio una de las muestras más decadentes de esa situación, en donde una sesión especial del Congreso para repudiar el atentado a Cristina se transformó en un patético espectáculo de chicanas y descalificaciones. Si bien hubo acuerdo para firmar la condena al hecho, Juntos por el Cambio terminó abandonando el recinto.
La política argentina viene dando lástima hace rato. Proliferan los exabruptos en altos dirigentes, los manifestantes se enfrentan con la Policía, la oposición presiona a la Justicia para condenar a Cristina, el oficialismo hace lo mismo para absolverla y la sociedad muestra un nivel de desencanto inmenso hacia su clase dirigente. Ninguno de estos síntomas, desde ya, podía hacer prever una catástrofe como la ocurrida el jueves en Recoleta, pero es evidente que llegó la hora de bajar los niveles de enfrentamiento y comenzar a centrar los debates políticos en ideas y no en personas. De lograrse una situación de ese tipo, la Argentina habría avanzado varios casilleros en su intento por recobrar alguna vez la normalidad en el cuidado de las instituciones democráticas y de la convivencia pacífica en la sociedad.
Cristina había retomado una centralidad casi excluyente y ya estaba en marcha un operativo clamor para que se presente como candidata a presidenta el año que viene. La situación provocó una reacción fuerte de la oposición, que comenzó a culpar a la exjefe de Estado por el clima de violencia que se estaba dando en las vigilias de Recoleta, sin hacerse responsable de que la grieta no es propiedad exclusiva del kirchnerismo, sino también de sus detractores.
Pese al repudio generalizado que tuvo el atentado contra Cristina, que incluyó al expresidente Mauricio Macri y a todos los dirigentes del arco opositor, la politización del hecho apareció la misma noche del ataque. Hebe de Bonafini sacó un comunicado pidiendo la "urgente renuncia" de Aníbal Fernández como ministro de Seguridad, a quien calificó de "inoperante".
Los dichos fueron previos a cualquier tipo de investigación sobre las responsabilidades del ataque perpetrado contra la vicepresidenta y también sobre la actuación de las Fuerzas de Seguridad. Es obvio que el operativo era absolutamente endeble y que cualquier persona tenía acceso directo a Cristina por expresa voluntad de la vicepresidenta, quien rechazó los vallados y se expuso permanentemente al cuerpo a cuerpo con los manifestantes.
Si Aníbal Fernández mandaba a sacar a los militantes del edificio de Cristina para protegerla, ¿cuál hubiese sido la reacción de ella y de La Cámpora? Probablemente cuestionarlo por "querer alejar a Cristina de la gente" y compararlo con Horacio Rodríguez Larreta, a quien le endilgaron ese mismo argumento cuando puso las vallas y luego, insólitamente, dio marcha atrás a las pocas horas.
La politización del hecho continuó con la cadena nacional del presidente Alberto Fernández, quien no tuvo mejor idea que apuntar contra los medios y la oposición por generar un clima de odio en la sociedad. No es ninguna novedad que el discurso del Frente de Todos siempre fue ese, pero claramente el jueves no era el momento de seguir ensanchando la brecha sino más bien de llamar a la concordia y la reflexión. Alberto tuvo que leer todo el discurso, en una clara muestra de inseguridad ante las últimas declaraciones fallidas en las que comparaba la situación de Alberto Nisman con la del fiscal Diego Luciani. El jefe de Estado busca volver a ocupar los primeros planos de los medios exagerando su respaldo a Cristina sin tener en cuenta su rol institucional como máxima autoridad del país.
El decreto del feriado nacional fue confuso, ya que muchas personas ni siquiera llegaron a enterarse que al día siguiente no había actividad y, en muchos casos, llegaron a sus puestos de trabajo y debieron volverse a sus casas. Si bien la excusa fue permitir las manifestaciones populares en repudio al ataque, anteayer hubiese sido un momento ideal para debatir en las escuelas la importancia de la convivencia pacífica y también de tener una democracia saludable y alejada de cualquier tipo de violencia. Las dos provincias que se negaron a acatar el feriado, Jujuy y Mendoza, están gobernadas por radicales como Gerardo Morales y Omar Suárez que eligieron continuar normalmente las actividades en sus distritos. Esa decisión agregó aún más confusión de la que había, lo que derivó en altos niveles de ausentismo en las escuelas y también en la pérdida del cobro doble por el feriado para los trabajadores que debieron prestar servicios. Ni siquiera Larreta, de la Ciudad de Buenos Aires, desconoció el feriado nacional pese a las críticas que se le hicieron a ese decreto.
Adjudicar la tensión social que vive el país a la prensa y la oposición es un reduccionismo difícil de sostener cuando hay una sociedad desconfiada en todos los estamentos del país. La bronca de la mayoría de la población hacia la clase política no sólo tiene que ver con la grieta insoportable entre kirchnerismo y antikirchnerismo, sino también por la incapacidad de la dirigencia para
brindarle a la gente una vida mejor, alejada de la pobreza, de la inflación y de la inseguridad cotidiana. Se trata de una sociedad desganada y descreída de su futuro. ¿Cuántas cosas pueden generar más odio que eso en un ser humano? Pocas, muy pocas.