La Cámara en lo Civil y Comercial Federal rechazó todos los planteos del Gobierno contra la medida cautelar que dictó el Tribunal por la que frenó el decreto mediante el cual había dispuesto que el predio ferial de Palermo pase a manos del Estado Nacional.
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La Cámara en lo Civil y Comercial Federal rechazó todos los planteos del Gobierno contra la medida cautelar que dictó el Tribunal por la que frenó el decreto mediante el cual había dispuesto que el predio ferial de Palermo pase a manos del Estado Nacional.
Los jueces de la Sala de Feria Graciela Medina, Francisco De las Carreras y Ricardo Guarinoni no hicieron lugar a todos los planteos interpuestos por el Gobierno, que además de pedir la incompetencia de la Cámara en el tema también había recusado al pleno del Tribunal.
La medida se suma a otra resolución de semanas atrás, en la que la misma Cámara falló a favor de la Sociedad Rural y evitó que el predio en disputa pasara a manos del Estado, lo que se había establecido por decreto presidencial.
El Gobierno, tras ese fallo en contra, había presentado dos planteos: uno recusando a toda la Cámara en lo Civil y Comercial Federal, mismo fuero donde tramita el expediente por la Ley de Medios, al considerar que ésta había incurrido en irregularidades en los métodos de designación de jueces subrogantes.
El otro de los recursos del Gobierno fue pedir la incompetencia del fuero Civil y Comercial Federal para entender en el tema, y pedir que lo siga haciendo la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
En ese sentido, el Gobierno justificó que la naturaleza de la discusión no estaba en una diferencia por el precio que la Sociedad Rural se comprometió a pagar allá en la década del ´90, cuando el Estado lo vendió, sino que estaba en disputa la validez o no de un decreto presidencial, y que esto último es competencia del fuero Contencioso.
Esta misma sala de feria fue la que semanas atrás dictó una medida cautelar mediante la cual frenó la restitución del predio al Estado Nacional.
Para los jueces no era justificativo el del Gobierno sobre que por el lugar la Sociedad Rural había pagado un "precio vil" y que había habido irregularidades en el proceso, y respecto a esto último recordó que en una causa penal en manos del juez federal Sergio Torres hay ex funcionarios del menemismo procesados.
Los jueces en su fallo aseguraron que la propietaria del lugar era la Sociedad Rural, y advirtieron que "el Estado Nacional carecería, en principio, de legitimación para intentar recuperar un bien que vendió hace más de veinte años, por un acto unilateral".
"Aún cuando el precio hubiera sido vil, como el Poder Ejecutivo lo sostiene, el Estado debería recurrir a la vía judicial para dejar sin efecto el acto que considera lesivo, ya que no podría rescindir del contrato por sí y ante sí", según la Cámara.