El Gobierno nacional mantiene activo su "plan motosierra" en el Estado. A través de una resolución dispuso el cierre de todas las delegaciones provinciales del Ente Nacional De Comunicaciones (ENACOM), a partir del próximo 1° de abril. Desde ATE, temen más de 500 despidos que podrían sumarse a los más de 300 telegramas de cesantías que fueron enviados ayer.
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El Gobierno nacional mantiene activo su "plan motosierra" en el Estado. A través de una resolución dispuso el cierre de todas las delegaciones provinciales del Ente Nacional De Comunicaciones (ENACOM), a partir del próximo 1° de abril. Desde ATE, temen más de 500 despidos que podrían sumarse a los más de 300 telegramas de cesantías que fueron enviados ayer.
Las desvinculaciones comenzaron a comienzos de este mes con la salida de 50 empleados con contratos eventuales y titulares de las delegaciones del interior.
Según fuentes del sector, la idea del Gobierno es reducir el 20% de una plantilla de casi 2.000, con lo cual habrá más personas que quedarán fuera del organismo. "Los despidos van a rondar los 500 en pocas semanas más", estimó una fuente del sector de las telecomunicaciones.
El presidente Javier Milei dispuso intervenir por 180 días el Enacom, el pasado 26 de enero. "Es una etapa transitoria pero necesaria para el reordenamiento del organismo", destacaron desde la Secretaría de Innovación de la Jefatura de Gabinete, cuyo titular es Nicolás Posse.
A cargo de la intervención está el consultor Juan Martín Ozores; secundado por Patricia Roldán y Alejandro Pereyra, quien fue director del ente durante el gobierno de Mauricio Macri.
Ayer, además, se confirmó el cierre de todas las delegaciones de Enacom en el interior del país, desde la próxima semana.
Según una resolución con fecha de este miércoles 27 de marzo, se determinó luego de "un relevamiento de la actividad llevada a cabo en las Delegaciones Provinciales, la misma viene disminuyendo significativamente desde la implementación del Trámite a Distancia (TAD)" y que "atento a la simplificación y automatización de los procesos, las Delegaciones han perdido relación de proporción entre las tareas llevadas a cabo y sus estructuras".
La norma estableció un período de transición de 60 días para "atender y reasignar las tareas de control" ejecutadas por las delegaciones provinciales.