La repuesta de Israel a la agresión terrorista de Hamas puso de manifiesto un conflicto cultural de enormes dimensiones en Estados Unidos. Los actos de protesta contra la acción militar israelí en la franja de Gaza realizados en numerosas universidades norteamericanas, que incluyeron en algunos casos expresiones antijudías, impulsaron a la derecha republicana a iniciar una ofensiva contra las tendencias izquierdizantes en los claustros. Esa decisión se vio reforzada a partir de la multitudinaria movilización en solidaridad con el pueblo palestino realizada el 19 de octubre frente al Capitolio.
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La repuesta de Israel a la agresión terrorista de Hamas puso de manifiesto un conflicto cultural de enormes dimensiones en Estados Unidos. Los actos de protesta contra la acción militar israelí en la franja de Gaza realizados en numerosas universidades norteamericanas, que incluyeron en algunos casos expresiones antijudías, impulsaron a la derecha republicana a iniciar una ofensiva contra las tendencias izquierdizantes en los claustros. Esa decisión se vio reforzada a partir de la multitudinaria movilización en solidaridad con el pueblo palestino realizada el 19 de octubre frente al Capitolio.
En ese clima altamente convulsionado, los republicanos convocaron a una sesión especial de una comisión de la Cámara de Representantes en la que los titulares de las universidades de Pensilvania, Harvard y el Massachusetts Institute of Technology (MIT) rindieron cuentas sobre su pasividad ante esas manifestaciones estudiantiles. La interpelación incluyó una pregunta sobre si pedir el "genocidio de los judíos" representaba o no una violación a los reglamentos educativos vigentes. Como producto de la audiencia, los republicanos iniciaron una investigación sobre los procedimientos pedagógicos y reglamentarios en las tres universidades involucradas.
Ante la requisitoria, Claudine Gay, titular de Harvard, señaló: "Pido disculpas. Las palabras importan". Pero la repercusión del caso fue más allá y provocó la renuncia de la rectora de Pensilvania, Elizabeth Magil, quien en un video difundido días antes de su dimisión aclaró que "en ese momento estaba enfocada en la política de siempre de nuestra universidad y en línea con la Constitución estadounidense, que dice que la palabra por sí sola no es punible. No estaba enfocada – pero debería haberlo estado – en el hecho irrefutable de que un llamado al genocidio del pueblo judío es un llamado a una de las violencias más atroces que pueden perpetrar los seres humanos. Lisa y llanamente, eso es el mal".
Para los republicanos la oportunidad resultó propicia para tomarse la revancha contra las acusaciones de los sectores académicos "progresistas" que le endilgan una excesiva permisividad ante los "discursos de odio" derivados de la denominada "teoría del reemplazo", una versión norteamericana de la prédica de la ultraderecha europea contra la inmigración islámica pero que en este caso denuncia la existencia de una estrategia diabólica orientada a promover la inmigración masiva para sustituir a la mayoría WASP (blanca, anglosajona, protestante), considerada como la población originaria de Estados Unidos.
Virginia Foxx, representante republicana por Carolina del Norte, advirtió en la audiencia legislativa que en esas universidades existe "un peligro grave, inherente al hecho de consentir la ideología racial de la izquierda radical". Puntualizó que "el antisemitismo y el odio institucional es uno de los frutos envenenados que cunde en sus instituciones".
La repercusión de la controversia llegó hasta el punto de que un vocero del presidente Joe Biden saliera a criticar la actitud de los rectores cuestionados. En idéntico sentido se expresaron figuras demócratas como el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, quien se sumó a los pedidos de renuncia de Magil. En cambio, la izquierda demócrata optó por un prudente silencio.
Algunos hombres de negocios de conocidas simpatías "progresistas" también manifestaron su preocupación por lo sucedido en las universidades. Sam Altman, director de la empresa de inteligencia artificia Open-AI y significativo aportante del Partido Demócrata, afirmó que "durante mucho tiempo insistí en que el antisemitismo, en especial de la izquierda norteamericana, no era tan grave como la gente decía. Sólo quiero dejar en claro que estaba totalmente equivocado".
El tema generó también divisiones en el movimiento Me Too, cuando influyentes personalidades femeninas del mundo "progresista", como Sheryl Sanberg, ex Directora Ejecutiva de Facebook, cuestionaron a las organizaciones de defensa de los derechos humanos y las asociaciones consagradas a la defensa de las mujeres por su tardanza en pronunciarse aún cuando ya existían evidencias inequívocas del empleo por los atacantes de Hamas de las violaciones como arma de guerra.
Más significativo aún resultó la profundización de la fractura existente en la comunidad judía norteamericana, cuya tradición liberal y su simpatía por el Partido Demócrata, visceralmente contrarias a las posturas ultraconservadoras de la coalición derechista encabezada por el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, se vieron progresivamente opacados en los últimos años por el avance de la ortodoxia religiosa, que forjó sólidos lazos políticos con la derecha del movimiento evangélico, mayoritariamente alineada con Donald Trump, sindicado como "el presidente más pro-israelí en la historia de Estados Unidos".
La polémica fue utilizada como arma propagandística en la competencia interna por la nominación presidencial del Partido Republicano. En un reciente debate entre distintos precandidatos, Nikki Haley, ex gobernadora de Carolina del Sur, subrayó que "si pensás que Israel no tiene derecho a existir, eso es antisemita". Insinuó que si es electa presidenta tratará de impone nuevas normas federales contra las declaraciones anti-israelíes: "Cambiaremos la definición para que el gobierno de cada estado y cada facultad tengan que atenerse a ellas".
El debate incentivó la decisión de los republicanos de quitarle financiación a las universidades públicas cuyos programas de estudio denoten un sesgo izquierdizante. Un estudio del diario "The Chronique of Higher Education" consignó que durante 2023 en una veintena de estados con mayoría legislativa republicana se analizaron distintos proyectos para restar apoyo a las instituciones académicas que promuevan los estudios "woke", una denominación genérica que engloba a la "ideología de género" y las reivindicaciones de las minorías de toda naturaleza, desde el colectivo LGTB hasta los hispanoamericanos, los afroamericanos o los aborígenes.
En esta cruzada sobresale el gobernador de Florida, Ron DeSantis, el principal competidor de Trump por la candidatura republicana. Paul Krugman, un economista heterodoxo que es un ícono del progresismo estadounidense, publicó un artículo que denuncia que "el Sistema de la Universidad Estatal de Florida, que tiene más de 430.000 alumnos, enfrenta una feroz embestida de parte de la administración republicana".
Para fundamentar su denuncia, Krugman recuerda que "la Asociación de Profesores Universitarios de Estados Unidos (AAUP) difundió recientemente un informe titulado Interferencias Políticas y Libertad Académica en el Sistema de Educación Superior de Florida, que detalla la colonización de cargos administrativos y de supervisión académica por parte de funcionarios políticos y la creciente presión sobre el cuerpo docente para que no enseñen nada pueda ser considerado "woke" o parecido".
Krugman no rehúye condenar "el resurgimiento del antisemitismo en algunos sectores de la izquierda" y aclara que "no pienso inventar ninguna excusa para justificar los balbuceos de los rectores universitarios frente al tema: al fin y al cabo, manejar las instituciones a su cargo en medio de un campo minado de tensiones políticas e ideológicas es precisamente su trabajo". Sin embargo, advierte que "la extrema izquierda tal vez no tenga ninguna superioridad moral sobre la extrema derecha, pero en Estados Unidos la extrema izquierda casi no tiene poder político mientras que la extrema derecha controla una de las dos cámaras del Congreso y gobierna varios estados".
Las encuestas indican que la mayoría de la opinión pública estadounidense estima que en las universidades los conservadores tienen mucha menor libertad de expresión que los "progresistas". En la elección presidencial de noviembre de 2024 esta batalla cultural se dirimirá en las urnas.