La crisis institucional en Sri Lanka, antiguamente conocida como Ceilán, hizo que los analistas políticos focalizarán su atención en esa exótica isla situada al sur de la India, por el "aire de familia" que emparenta el episodio con situaciones análogas que atraviesan algunos países de América Latina: ante las protestas populares provocadas por la debacle económica que motivaron la renuncia del presidente Gotabaya Rajapaska, quien había asumido en 2019, los partidos de la oposición negociaron en el Parlamento la constitución de un gobierno de coalición para hacerse cargo de un periodo de transición hasta la realización de elecciones anticipadas. De ese modo, el país logró preservar su condición de la democracia parlamentaria más antigua de la región, compartida con la India e inaugurada con su independencia de la corona británica en 1948.
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La crisis institucional en Sri Lanka, antiguamente conocida como Ceilán, hizo que los analistas políticos focalizarán su atención en esa exótica isla situada al sur de la India, por el "aire de familia" que emparenta el episodio con situaciones análogas que atraviesan algunos países de América Latina: ante las protestas populares provocadas por la debacle económica que motivaron la renuncia del presidente Gotabaya Rajapaska, quien había asumido en 2019, los partidos de la oposición negociaron en el Parlamento la constitución de un gobierno de coalición para hacerse cargo de un periodo de transición hasta la realización de elecciones anticipadas. De ese modo, el país logró preservar su condición de la democracia parlamentaria más antigua de la región, compartida con la India e inaugurada con su independencia de la corona británica en 1948.
El desenlace tuvo ribetes cinematográficos. Las movilizaciones callejeras, que al principio eran pacíficas, crecieron en cantidad y agresividad desde el 9 de mayo, cuando los choques con la policía provocaron ocho muertos y unos doscientos de heridos. Los manifestantes invadieron la residencia presidencial y Rajapaska debió refugiarse en un buque de la Armada.
Desde allí anunció su propósito de renunciar para luego huir al archipiélago de Maldivas, un famoso paraíso fiscal, para refugiarse luego en Singapur, desde donde envió su dimisión por mail. Mientras tanto, un puñado de manifestantes se bañaba en la piscina de la residencia presidencial. Las viviendas de veinticinco altos funcionarios y dirigentes del partido gobernante resultaron incendiadas en los tumultos.
La renuncia de Rajapaska había sido precedida en mayo pasado por la dimisión de su hermano, Mahinda Rajapaska, quien fue designado primer ministro en 2020 pero debió abandonar su cargo para aplacar la oleada de protestas que lejos de aminorar aumentó en las semanas siguientes.
En 2020 la pandemia había provocado el cese del flujo del turismo internacional, que constituye una de las principales fuentes de ingresos de divisas de la economía local. Esto agravó la carencia de divisas para pagar las importaciones de alimentos, combustibles y remedios. El aumento de precios adquirió un ritmo galopante: en enero la tasa de inflación anual era del 20% pero en junio alcanzó ya el 54%.
Para reducir las importaciones, y con el pomposo título de "Visión de la Prosperidad", el gobierno anunció su decisión de transformar al país en un "modelo de agricultura orgánica". A tal efecto, prohibió el uso de productos químicos en el agro. El objetivo declamado fue "garantizar el derecho del pueblo a una dieta equilibrada". Las consecuencias fueron catastróficas. La medida ni siquiera contempló la necesidad de sustituir los agroquímicos por fertilizantes orgánicos. Tampoco fijó un período de transición para una previa capacitación de los campesinos. El resultado fue una brutal caída de las cosechas, en particular del arroz, y el consiguiente desabastecimiento. Los campesinos, en su mayoría propietarios de predios de una hectárea, fueron llevados a la ruina.
Plan de ajuste
En ese contexto, Sri Lanka, un país de 22 millones de habitantes con un déficit comercial de 3.000 millones de dólares anuales, entró en cesación de pagos. En diciembre de 2021 la deuda pública ascendía a 51.000 millones de dólares, equivalente al 101% del producto bruto interno. Las autoridades recurrieron entonces al Fondo Monetario Internacional para gestionar una ayuda de emergencia de 4.000 millones de dólares, pero las negociaciones quedaron estancadas por la profundización de la crisis política.
Ante la emergencia, el gobierno implantó un drástico "plan de ajuste". Desde marzo rigen cortes de electricidad de hasta trece horas diarias. A principios de julio, el gobierno prohibió la venta de gasolina y diesel a los consumidores particulares. El suministro de combustible quedó limitado a los servicios esenciales. Para reducir los desplazamientos, las escuelas tuvieron que cerrar y las autoridades solicitaron a la población que hiciera teletrabajo, un requerimiento difícil de satisfacer por los cortes de energía.
En otro inédito alarde de creatividad, el gobierno decretó la semana laboral de cuatro días para la administración pública, para que los agentes estatales pudiesen usar los viernes para cultivar en huertas o jardines familiares domésticos. Igualmente se anunció la concesión de una licencia sin goce de sueldo de hasta dieciocho meses para cualquiera de los 1.500.000 de empleados públicos que opten por emigrar y buscar trabajo en el exterior. El 24 % de la población vive fuera del país y sus remesas de dinero son una importante fuente de ingresos para sus familias.
Sri Lanka acumula abultadas deudas con China, contraídas para financiar diversos proyectos de infraestructura cuyas necesidad y características fueron cuestionadas por la oposición, entre ellos un aeropuerto internacional, un gran centro de convenciones y el puerto de Hambantota, concesionado a una empresa china por treinta años. Algunos expertos financieros occidentales sostienen que ese tipo de préstamos responde a una estrategia ya empleada en África por Beijing: el otorgamiento de créditos que sabe impagables para después negociar las condiciones políticas de su refinanciación.
El colapso de una dinastía
Los hermanos Rajapaksa comparten un largo y conflictivo protagonismo en la política de Sri Lanka. Mahinda, el ex primer ministro y hermano mayor de Gotabaya, había sido presidente durante dos períodos, entre 2005 y 2015, cuando fue sustituido por Maithripala Sirisena, quien gobernó entre 2015 y el 2019. La familia volvió al poder de la mano del ahora derrocado Gotayaba, que durante los dos mandatos de su hermano se desempeñó como secretario de Defensa. Varios otros familiares ocuparon puestos destacados en la estructura del Estado.
Como secretario de Defensa, Gotayaba cumplió un papel fundamental en el aniquilamiento de la guerrilla separatista de los Tigres de Liberación de Tamil, que reclamaba la independencia de una franja territorial habitada por una minoría étnica oriunda de la India que conforma sólo el 11% de la población pero es mayoritaria en la región del noreste de la isla. Esa victoria militar puso fin a una sangrienta guerra civil que se prolongó durante 26 años, entre 1983 y 2009, con un saldo de alrededor de 100.000 muertos.
Este éxito militar potenció a los dos hermanos como adalides de un férreo nacionalismo cingalés que impuso la hegemonía cultural de la mayoría budista, que constituye cerca del 80% de la población, sobre las minorías religiosas, en especial los tamiles, que practican el hinduismo, y la comunidad islámica, que agrupa al restante 10% y en la que florecieron grupos fundamentalistas que perpetraron acciones terroristas de envergadura, que incluyeron un atentado en la Semana Santa de 2019, en plena campaña electoral, con un saldo de 250 muertos y 500 heridos.
Pero esa aureola de prestigio chocó con la crisis económica, que disparó las acusaciones de corrupción, autoritarismo y violación a los derechos humanos. Salvo algunas pequeñas fracciones de izquierda, la oposición parlamentaria, que aguardaba su turno para disputar las elecciones presidenciales de 2024, no tuvo un rol protagónico en la oleada de protesta y fue sorprendida por la brusca aceleración de los acontecimientos. Ante la toma del palacio presidencial y la huida de Rajapaska, se vio compelida a armar un precario gobierno de coalición para administrar una transición harto difícil, enmarcada por la debacle económica y la negociación con el FMI, en un escenario signado por la incertidumbre.
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* Vicepresidente del Instituto de Planeamiento Estratégico
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