Los violentos episodios ocurridos durante las últimas semanas en Jujuy y en Chaco indican hasta qué punto están siendo respetados auténticamente en nuestro país los valores del federalismo, la democracia y los derechos de las personas.
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Los violentos episodios ocurridos durante las últimas semanas en Jujuy y en Chaco indican hasta qué punto están siendo respetados auténticamente en nuestro país los valores del federalismo, la democracia y los derechos de las personas.
La conmoción producida en Jujuy con motivo de la sanción de una reforma constitucional, impulsada por el gobernador Gerardo Morales y destinada a reglamentar el derecho a la protesta, exhibe la crudeza del conflicto social que se extiende en todo el país.
Luego de varias semanas de paros docentes, cortes de rutas y protestas de las comunidades originarias, el nuevo texto constitucional, aprobado por unanimidad, mostró el hastío de la sociedad por los conflictos, pero también, la imprudencia de las autoridades provinciales que, en un momento crítico, apelaron a legitimar medidas expeditivas sin agotar las posibilidades de un diálogo constructivo.
Por otra parte, fue muy contundente la convocatoria lanzada el lunes por Alejandro "Coco" Garfagnini, coordinador nacional de la organización Tupac Amaru, creada por Milagro Sala y solventada con fondos públicos durante la presidencia de Cristina Kirchner. Garfagnini instó a sus activistas a llevar a cabo las acciones que fueran necesarias para lograr la intervención del gobierno de Gerardo Morales. Al mismo tiempo se detectó la presencia de grupos organizados provenientes de otras provincias; además, entre los detenidos durante los incidentes figuran numerosos expresidiarios que nada tienen que ver con los reclamos de los pueblos indígenas ni con los gremios en conflicto.
La conducta asumida por el Gobierno nacional, al responsabilizar a Morales por esta crisis, desligándose de cualquier forma de colaboración, y ni siquiera de mediación, es la misma que adoptó en otras ocasiones, por ejemplo, durante los saqueos realizados en Río Negro por activistas autodenominados mapuches.
El Estado nacional no es ajeno al origen de todos estos estallidos, nacidos de la incapacidad para resolver los problemas de fondo que subyacen en la violencia social.
La pobreza y la inequidad en la distribución de los ingresos vienen creciendo sin detenerse desde el comienzo de este siglo. Esto queda en evidencia no solo en la caída del poder adquisitivo de los salarios, sino también en el déficit de acceso a servicios básicos como educación de calidad, salud pública, seguridad, vivienda, energía, agua corriente y sistemas cloacales.
Frente a esto, no hay políticas de fondo que apunten al desarrollo humano. En cambio, se agrava la crisis con la utilización de organizaciones de desocupados como una forma de tercerizar la asistencia social y, al mismo tiempo, convertirlas en fuerzas de presión con fines políticos. Justamente, Milagro Sala es un ejemplo visible de la manipulación de los fondos públicos. Su historia va de la mano con la del chaqueño Emerenciano Sena y su familia, protagonistas de la desaparición forzada y el muy probable asesinato de Cecilia Strzyzowski. Ambos, líderes nacidos en la pobreza y convertidos en millonarios gracias a estas distorsiones.
Ninguna crisis social se resuelve con la exaltación del poder represivo. Mucho menos, con la agitación y el uso de los excluidos con fines políticos.
Ninguna forma de violencia es justificable. Tampoco lo son los cortes de calles y rutas ni la usurpación de tierras. En el desorden institucional que vive el país, la prioridad debería ser restablecer el respeto por la ley y los derechos de los demás.
Si la política se antepone a la paz y el bienestar de la sociedad, si se miden con distinta vara los episodios violentos, como los ocurridos en Jujuy, Chaco, Río Negro y Formosa, la reconstrucción social de la Argentina, el restablecimiento del respeto por la ley, el federalismo y la cultura de la democracia serán una misma utopía.