La instauración de una mano dura para luchar contra la delincuencia y el narcotráfico ha sido una controversia existencial en los últimos tiempos en nuestro país.
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La instauración de una mano dura para luchar contra la delincuencia y el narcotráfico ha sido una controversia existencial en los últimos tiempos en nuestro país.
Naturalmente que quien ha cometido un delito debe pagar sus culpas con la intervención de la Justicia y la garantía de sus derechos.
En muchos países del mundo la Justicia aplica la mano dura en el marco de la ley. ¿Por qué ello no puede ocurrir en la Argentina? Por más de una razón.
En primer lugar porque una izquierda y ciertos sectores de un justicialismo jurásico acordaron en distorsionar y quitar sustento legal a un accionar correcto y equilibrado de la Justicia.
Esto, lógicamente, resulta conveniente a su discurso y a sus intereses, idealizando los años 70 y demonizando a las fuerzas de seguridad.
Eso no es progresista ni democrático Gabriel Boric, presidente de Chile, de fuerte raigambre izquierdista ha reforzado las atribuciones de las fuerzas de seguridad para garantizar el orden en el país.
No es válido asociar la mano dura con la represión ilegal.
Pero ese criterio a todas luces erróneo se ha instaurado y se degrada así el rol policial.
"El que las hace, las paga". Dentro de la ley, así debería ser, y parejo para todos.
Cada vez toma más cuerpo el sentimiento de una sociedad cansada de ver y soportar el peso de la delincuencia. Consecuente y justificadamente esa sociedad está reclamando una mayor dureza de las leyes que se cristalice en condenas más severas y ejemplares para determinados delitos.
El populismo criollo se jacta de haber liberado presos, sin importar los delitos que cometieron y menos aún las razones.
Recordemos lo ocurrido en 1973: Héctor Cámpora indultó a presos políticos, guerrilleros y a determinados presos comunes.
Y en 2020, con motivo de la pandemia, el gobierno de Alberto Fernández liberó a más de 4.500 presos en cuarentena.
Lógicamente, los delincuentes en libertad retoman su actividad delictiva porque es lo que saben hacer. No puede sorprendernos el aumento de la delincuencia y la consecuente inseguridad que genera.
La situación se torna insostenible y la aplicación de mano dura con la delincuencia está siendo reclamada por todos los sectores de la sociedad. El episodio protagonizado por el ministro Sergio Berni tras el asesinato de un colectivero habla por sí solo.
Quienes gobiernan deben garantizar a la sociedad el control de la seguridad, dado que es una de sus funciones básicas, al igual que la educación y la salud.
Para ello necesitamos leyes ágiles, de fácil instrumentación y por sobre todo que garanticen una efectiva sanción por la falta cometida, correspondiendo su adecuación si fuere menester o su creación si no existiesen.
Paralelamente deberán adecuarse las instalaciones carcelarias que permitan una convivencia razonable y saludable en la población carcelaria. No estamos proponiendo la arbitrariedad y la violencia que aplica Nayib Bukele con las maras de Ecuador. Una inaceptable violación de los derechos humanos que cuenta con el respaldo del 80% de los ecuatorianos.
El hecho de hacer cumplir la ley a rajatabla con todo su vigor, ya va a significar de por sí, la aplicación de mano dura en un país donde el libertinaje y la alta permisividad, producto de la aplicación de una doctrina zaffaroniana de favorecimiento a los delincuentes, han coadyuvado a alcanzar el estado de deterioro que expone hoy nuestra Justicia y el altísimo grado de inseguridad reinante. El orden debe restablecerse si pretendemos volver a ser un país normal.