Una movilización generalizada obligó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a frenar la aprobación de una ley de reforma judicial destinada a limitar el poder de los jueces y a incrementar la influencia del poder político en la designación de magistrados.
inicia sesión o regístrate.
Una movilización generalizada obligó al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a frenar la aprobación de una ley de reforma judicial destinada a limitar el poder de los jueces y a incrementar la influencia del poder político en la designación de magistrados.
Netanyahu fue reelegido en diciembre, en un comicio en el que tuvo que recurrir a los sectores ultraconservadores y ultraortodoxos. El resultado fue de una paridad absoluta, con un gobierno volcado a la derecha como muy pocas veces antes en Israel. La crispación fue creciendo.
Netanyahu decidió postergar la reforma por temor a una guerra civil. El primer ministro se propone debilitar al Tribunal Supremo argumentando que este cuenta con demasiado poder y pretende que el Gobierno y el Parlamento puedan decidir sin control alguno, incluso sancionando leyes declaradas inconstitucionales. Pero, sobre todo, neutralizando fallos adversos en casos de corrupción.
No hay neutralidad alguna en esta ofensiva: el jefe de Gobierno enfrenta cargos de soborno, fraude y abuso de confianza. Ese juicio por corrupción se tramita en el Tribunal de Jerusalén desde mayo de 2020. Uno de sus aliados, Aryeh Deri, está en situación parecida: en enero el Tribunal anuló su nombramiento como ministro de Interior y Sanidad por haber sido condenado por un delito fiscal y porque para su designación hicieron una reforma exprés en la legislación vigente.
Para la oposición, Netayahu y la ultraderecha israelí están aniquilando la división de poderes, es decir el sistema democrático.
En el libro "Cómo mueren las democracias" (2018) Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, académicos de la Universidad de Harvard, destacan cuatro indicadores de comportamiento autoritario: rechazo a las reglas democráticas del juego, deslegitimación de los adversarios políticos, intolerancia y predisposición a restringir las libertades civiles de la oposición, incluidos los medios de comunicación.
La conducta de Netanyahu muestra una fuerte similitud con las de Donald Trump y Jair Bolsonaro, en América. Pero muchos más con los ataques a la Justicia que se producen en la Argentina.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se aferra a la construcción imaginaria del "lawfare", donde aparece un extravagante "partido judicial" y el intento de silenciamiento a la oposición y a la prensa. Cristina y Netanyahu están, evidentemente, más preocupados por su situación procesal que por el funcionamiento de la democracia.
Pero el presidente Alberto Fernández al atacar a la Justicia de Chile, de Ecuador y de Brasil, en una controversia con el presidente ecuatoriano Guillermo Laso, virtualmente justificó la confusa fuga de la exministra María de los Ángeles Duarte, condenada a ocho años por corrupción. La exministra estaba refugiada en la embajada argentina en Quito y, entre gallos y medianoche, abandonó esa sede y apareció en la Embajada argentina en Caracas.
Al mismo tiempo, en el Foro de Derechos Humanos organizado por el Grupo Puebla en Buenos Aires, Cristina Kirchner expresó su argumento de "lawfare" en solidaridad con dos expresidentes, Rafael Correa (Ecuador) y Ernesto Samper (Colombia), y el político chileno Marco Enríquez-Ominami, todos involucrados en causas por corrupción.
El ataque a la Justicia es una señal que se suma al silencio ante las violaciones de los derechos humanos en Nicaragua, Cuba y Venezuela, y la simpatía hacia los autoritarismos.
La democracia está en peligro en América Latina, pero también en Europa, donde los movimientos reaccionarios se suman a la amenaza explícita de Vladimir Putin, quien fundamenta su invasión a Ucrania como una guerra santa contra los valores de Occidente.