"Yo ni las cargué, ellas vinieron a dejar los papeles pero vos explicales que estamos recomplicados con el sistema. Cualquier cosa, mentí Sandra, mentí". La voz que se escucha en los audios que circularon como reguero de pólvora en el departamento San Martín es de Carla Antonella Cordero, la exdirectora de la oficina de la Mujer y de la Diversidad del municipio de Tartagal, ya imputada por la Justicia Federal. A Cordero se le imputa haberles retenido a beneficiarias del plan nacional Acompañar un porcentaje del dinero que las mujeres e integrantes del colectivo LGBTIQ+ cobraban de la Nación.
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"Yo ni las cargué, ellas vinieron a dejar los papeles pero vos explicales que estamos recomplicados con el sistema. Cualquier cosa, mentí Sandra, mentí". La voz que se escucha en los audios que circularon como reguero de pólvora en el departamento San Martín es de Carla Antonella Cordero, la exdirectora de la oficina de la Mujer y de la Diversidad del municipio de Tartagal, ya imputada por la Justicia Federal. A Cordero se le imputa haberles retenido a beneficiarias del plan nacional Acompañar un porcentaje del dinero que las mujeres e integrantes del colectivo LGBTIQ+ cobraban de la Nación.
En el audio viralizado, Cordero le imparte instrucciones a Sandra Domínguez, quien era su "mano derecha" en esa oficina y a quien la propia Cordero, al estallar el escándalo, le pidió la renuncia argumentando que no sabía nada sobre el manejo espurio del progama Acompañar. El mismo fue creado por el presidente Alberto Fernández para darle contención a víctimas de violencia de género o intrafamiliar. A través del programa las víctimas del flagelo de la violencia perciben por 6 meses una cuota mensual equivalente un salario mínimo vital y móvil, como una forma de dejar de depender económicamente de quien las agrede.
Cordero, Sandra Domínguez y el hijo de esta última, Hurtado, están seriamente involucrados en el delito que investiga la Justicia Federal, que todavía no pudo determinar fehacientemente con cuánto dinero se quedaron esta funcionaria y su empleada. En el departamento San Martín serían alrededor de 4.000 las beneficiarias del programa, y el agravante es que la mayoría confesó o se determinó con las investigaciones que no son víctimas de violencia.
En el audio Cordero primero instruye a su asistente para que mienta, ya que las mujeres víctimas reales de violencia habían acercado toda la documentación a la oficina de la Mujer, pero al no poder obtener el "porcentaje" con ellas ni siquiera se las registraba en Anses para acceder al plan Acompañar.
En otra parte de los audios revelados se la escucha decir a Cordero a otra persona: "Vos conseguite dos amigas que salgan como beneficiarias pero el dinero te lo hacés quedar vos", dando cuenta de la maniobra delictiva que la Justicia investiga.
Al declarar en la Justicia Federal, Cordero argumentó que quienes le depositaban dinero en las cuentas de Hurtado y Domínguez lo hacían para pagarle "honorarios", ya que dice desempeñarse como agente inmobiliaria. La maniobra no solo se realizaba en Tartagal sino también en General Mosconi, donde existía una suerte de oficina paralela para captar mujeres que aceptaran el subsidio con la sola condición de darle una parte a las ahora imputadas.
Sin embargo, los audios de Cordero revelan que la maniobra se habría extendido a otras localidades: "Si están en Pocitos (Salvador Mazza) no va a haber ningún problema, porque somos la única unidad de gestión, ya hablamos de eso. Esta chica que es locutora en Salvador Mazza ya nos había pasado los papeles; primero que me comprometí con ella y segundo que me va a reservir allá", le dice Carla Cordero a su principal cómplice, Sandra Domínguez. En ese audio la propia Cordero devela que la beneficiaria de la localidad de frontera tiene un trabajo en un medio de comunicación y el otorgamiento del Acompañar solo se justificaba porque en esa localidad le iba "reservir" para extender su maniobra.
La investigación en el ámbito federal se inició semanas después de que beneficiarias del programa Acompañar denunciaran en los medios de comunicación locales que desde la oficina municipal de la Mujer se buscaba a mujeres para entregarles el beneficio siempre con el compromiso de que estas dejaran la suma de $10 mil pesos por cada uno de los seis meses que dura el programa. La promesa de las inescrupulosas funcionarias era que una vez que el Acompañar finalizara las pasarían a otros programas de mayor extensión de tiempo.
"Si están en Pocitos no va a haber ningún problema porque ahí somos la única unidad de gestión, ya hablamos de eso..."
Además de exponer públicamente la situación, una joven madre que había sido víctima de violencia de género buscó el patrocinio letrado de la abogada Sarah Esper, quien se presentó en la Justicia Federal para que se inicie la investigación.
Hace dos semanas, Carla Cordero, Sandra Domínguez y el hijo de la segunda de apellido Hurtado fueron imputados por los delitos cometidos al retenerle indebidamente dinero que correspondía a las beneficiarias y por generar legajos apócrifos de mujeres que nunca habían formalizado denuncia alguna. Hasta el día de la audiencia de imputación se había detectado una cifra que superaba los 600 mil pesos que fueron depositados en las cuentas bancarias de las imputadas, pero en una sola entidad. Según explicó la abogada Esper: "Falta deteminar cuánto dinero les llegó desde Banco Nación y desde otras plataformas de pago, además que se necesita precisar qué cantidad de beneficiarias del Acompañar se crearon con el fin de retenerles parte de lo que cobraban".
"Vos conseguite dos amigas que salgan como beneficiarias (del plan) pero al dinero te lo hacés quedar vos..."
De hecho, para que las mujeres que no eran víctimas de violencia pudieran cobrar el programa Acompañar, desde la oficina municipal de la Mujer se gestionaban denuncias apócrifas entre otras documentaciones falsas, temas que siguen siendo materia de investigación en la Justicia Federal.
AGENCIA TARTAGAL