Las autoridades turcas ordenaron la detención de no menos de 160 personas vinculadas a la industria de la construcción en su país, acusadas de no haber cumplido con las normas de edificación. Se los presume -por su negligencia- como responsables de la muerte de 43.500 personas y de dejar cientos de miles de heridos. 600.000 viviendas fueron destruidas y 150.000 comercios. "Temíamos daños, pero no esto", dijo el ingeniero sísmico Mustafa Erdik, presidente de la Fundación de Terremotos de Turquía, ante el enojo de la población sobreviviente por las deficiencias detectadas. Vale recordar que la normativa en Turquía había cambiado en 1999 luego de una catástrofe similar.
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Las autoridades turcas ordenaron la detención de no menos de 160 personas vinculadas a la industria de la construcción en su país, acusadas de no haber cumplido con las normas de edificación. Se los presume -por su negligencia- como responsables de la muerte de 43.500 personas y de dejar cientos de miles de heridos. 600.000 viviendas fueron destruidas y 150.000 comercios. "Temíamos daños, pero no esto", dijo el ingeniero sísmico Mustafa Erdik, presidente de la Fundación de Terremotos de Turquía, ante el enojo de la población sobreviviente por las deficiencias detectadas. Vale recordar que la normativa en Turquía había cambiado en 1999 luego de una catástrofe similar.
La provincia de Salta está emplazada en una denominada Zona Sísmica 3, según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres); es decir que el territorio es de una peligrosidad elevada en esta materia. El organismo es el encargado de dictar las normas sismorresistentes que se deben aplicar en todo el país, un compendio de teorías y mediciones que se basa en experiencias de Argentina y sus provincias, como del resto del mundo, y que se actualiza cada cierto tiempo acorde a dichas experiencias. La prevención sísmica desde lo normativo, implica lograr que las estructuras tengan la capacidad de soportar un sismo para preservar la vida humana, logrando primordialmente que la gente pueda evacuar un edificio sin riesgos. En un segundo plano queda la capacidad de "aguante" de una construcción, con la posibilidad de que si fue dañada por un sismo, sea reparada. El paradigma es preservar la vida.
Consultada sobre la probabilidad de que un fenómeno sísmico grave suceda en Salta, Marianela Ibarra, presidente del Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines de Salta (Copaipa), señaló que "desde el Consejo tenemos que asegurarnos el cumplimiento de las normas, y no solo en la construcción tradicional, la de ladrillos y hormigón, sino también la no-tradicional y nuevas tendencias que también están regladas. Con los avances de la ingeniería toda construcción está pensada para ser sismorresistente".
Uno de los lemas del Copaipa es: "Contrate profesionales matriculados", lo que no es casual ya que, si como vecinos o usuarios se elige hacer bien las cosas, si se contrata especialistas en el tema, y a su vez el profesional realiza bien sus cálculos, se podrá construir.
A nivel provincial, el Copaipa es el encargado de velar por el cumplimiento de las normas para toda obra de construcción en el territorio. La provincia le cedió al Copaipa con la Ley N° 5556 de 1980 la responsabilidad de verificar que todos los planos de estructura -fundamentales para construir, remodelar o ampliar una propiedad- cumplan con las normas sísmicas, siendo el único consejo profesional del país, y pionero, al que se le delegó esta potestad de trabajar por la seguridad pública. La misión del Copaipa es la de trabajar con el profesional colega hasta que el mismo cumpla con las normas; se ayuda a que su proyecto quede finalizado.
"La gente tiene que tomar conciencia de que allí donde se construye duermen los hijos, los padres, la familia. Desde el Consejo invitamos a esta toma de conciencia; defendemos el cumplimiento de normas, con capacitaciones; nos acercamos a las universidades y las entidades que así lo requieran, pero la responsabilidad es de los municipios, que se convierten en el órgano de contralor. Nuestra función es aprobar que los cálculos realizados por el profesional se adecuen a las normas; los municipios dan la autorización de inicio de obra y luego se construye. La responsabilidad de las etapas de la construcción también es del profesional, porque tiene que acompañar, seguir, y ver que lo que se calculó se ejecute. Es muy común retacear materiales o reacomodar acorde al presupuesto, los tamaños o distancias, el famoso ´igual va a andar bien`", advirtió Ibarra.
El Copaipa acompaña a profesionales de la Universidad Nacional de Salta en un proyecto de investigación novedoso: se estudia la vulnerabilidad sísmica en 9 manzanas del microcentro de la ciudad, haciendo un relevamiento a fondo de las viviendas. Se observa cuáles tienen planos aprobados porque son construcciones de 75 o más años de antigüedad. Después de estudiar un caso, y si es necesario, se da la recomendación de hacer el refuerzo. "Esperamos que este año tengamos los resultados de esta prueba piloto; es un comienzo y entendemos que se debe velar por la seguridad del habitante", dijo Ibarra.