Luego de un mes y medio de investigación, la Justicia logró desbaratar una banda que se dedicaba a traer mujeres embarazadas rusas para que tuvieran sus hijos en la Argentina, a cambio de un pago de entre 20.000 y 35.000 dólares. El ilegal "servicio de gestoría" incluía el trámite de documentos truchos para que obtuvieran la ciudadanía argentina en tiempo récord y el pasaporte argentino, que les abre las puertas a 171 países, algo que tras la invasión a Ucrania los rusos tienen cercenado.
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Luego de un mes y medio de investigación, la Justicia logró desbaratar una banda que se dedicaba a traer mujeres embarazadas rusas para que tuvieran sus hijos en la Argentina, a cambio de un pago de entre 20.000 y 35.000 dólares. El ilegal "servicio de gestoría" incluía el trámite de documentos truchos para que obtuvieran la ciudadanía argentina en tiempo récord y el pasaporte argentino, que les abre las puertas a 171 países, algo que tras la invasión a Ucrania los rusos tienen cercenado.
En el marco de esa investigación, esta semana se hizo una serie de allanamientos en el barrio porteño de Puerto Madero en busca de pruebas y de los responsables.
Así, el jueves pasado personal de la División Asuntos Migratorios de la Policía Federal en conjunto con inspectores de la Dirección de Control Migratorio de la Dirección Nacional de Migraciones realizaron un control sobre las personas de nacionalidad rusa que ingresaron al país ese día con el fin de verificar si se encontraban en el domicilio denunciado al momento del ingreso al territorio nacional, como así también controlar los datos aportados en la Declaración Jurada.
Los investigadores concurrieron al Hotel Sheraton, al Regente Palace, al NH Collection, al Aires Express y al Esplendor, todos hoteles ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, y se pudo comprobar que de los 30 ciudadanos rusos que registraron su ingreso al país solamente ocho se encontraban en sus domicilios.
Para los investigadores, con este accionar, "quedó demostrado (por parte de los supuestos turistas) que su intención es aprovecharse de los beneficios documentales (D.N.I/Pasaporte) que otorga nuestro gran país".
Ese día, la jueza federal María Servini, que tiene a cargo la investigación solicitó allanar dos inmuebles de Puerto Madero donde viven los supuestos líderes de la presunta organización delictiva.
Uno de los allanamientos fue realizado en una torre de departamentos en Juana Manso al 500 y, el otro, en un edificio ubicado en Azucena Villaflor al 500.