Argentina ya debiera tener asumido y aceptado cuáles bienes y servicios son públicos y cuáles corresponden al mercado. Y darle certeza a esto desde mayoritarios consensos sociales, culturales y políticos.
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Argentina ya debiera tener asumido y aceptado cuáles bienes y servicios son públicos y cuáles corresponden al mercado. Y darle certeza a esto desde mayoritarios consensos sociales, culturales y políticos.
De este tema han existido en el derecho y en lo político intensos e interesantes debates sobre cómo debe considerarse la legalidad de los bienes y servicios que aportan a una comunidad y dónde están ubicados en la consideración del derecho positivo.
En nuestro país, el derecho administrativo trazó el criterio jurídico al respecto. Así se fue definiendo la provisión de agua, el transporte, las comunicaciones, el uso de la energía y otros bienes que motivaron intensas pujas interpretativas desde el derecho. Hace casi cien años se debatió sobre quién es el titular del dominio público en varios de los casos de servicios para la sociedad, y se impuso una postura sostenida por Benjamín Villegas Basabilbaso, quien sostuvo la titularidad del Estado para bienes materiales o inmateriales, susceptibles de valor económico, afectados al uso público.
Y acá tenemos un primer antecedente donde situar lo que hoy sostenemos respecto a la presencia del Estado en diversos lugares y momentos. Porque no es menor que si vinculamos dominio público, Estado y servicio público que es la jurisprudencia más abundante y rica en argumentos, encontramos que estos tres datos forman la idea de utilidad pública, necesidad pública o interés general.
Así, se consideran servicios públicos por relacionarse con el derecho a satisfacer exigencias generales que pueden ser esenciales y, en este tenor, el Estado debe participar en su propiedad, prestación y fijar políticas que orienten horizontes de solidaridad y equilibrio.
Esto es útil ante concretas expresiones de los nuevos gobernantes haciendo hincapié en privatizaciones de bienes y servicios hoy en manos estatales como YPF, ArSat y los Medios Públicos.
No hay que tomar posiciones desde ideologismos estériles en el conflicto sobre público y privado, sino basarse en las necesidades nacionales y de los habitantes del país. La biblioteca más racional y los pensamientos más progresistas y modernos hablan de la necesaria presencia del Estado en ciertos aspectos. Y así se da en casi todos los países del mundo,
Y en el caso de los Medios Públicos, es importante esto pues nunca en la historia del mundo hubo tanta cantidad de fuentes, dispositivos de producción y procesamiento, almacenamiento y distribución de información y datos como hoy. Esta presencia de una sociedad informacional pone en valor nuevas lógicas de funcionamiento en la vida de los países.
Claro que están aquellos que sostienen teorías mercadocéntricas y, por lo tanto, ubican al mercado como regulador y ven en lo privado todas las ventajas de una sociedad. Promueven como único anhelo la rentabilidad financiera, creen que los precios reales son los que ellos fijan y su universo es el de la economía abierta y globalizada. Pensadores famosos y algunos serios como Milton Friedman, Robert Tollison y Ludwig von Mises avalan estas ideas.
Por el contrario, Paul Samuelson premio nobel de Economía ve en el sistema económico desequilibrios y desigualdades que solo puede reducirlos la intervención del Estado.
Hans Kelsen dice que el Estado es parte interesada siempre en el Derecho Público mientras que en el privado solo arbitra.
El francés León Duguit dice ya en 1926: "La noción de servicio público puede formularse de este modo: es toda actividad cuyo cumplimiento debe ser regulado, asegurado y fiscalizado por los gobernantes, por ser indispensable a la realización y al desenvolvimiento de la interdependencia social, y de tal naturaleza que no puede ser asegurado completamente más que por la intervención de la fuerza del gobernante". El argentino Agustín Gordillo, sostiene que "el poder público se hace así presente a través de un régimen jurídico especial que subordina los intereses privados al interés público, fundamentalmente en razón de proteger la continuidad del servicio".
La distinción entre Derecho público y privado fue introducida por los juristas romanos. Según la definición de Ulpiano, el derecho público es el que regula las relaciones políticas, los fines que el Estado debe alcanzar, y el Derecho privado regula las relaciones entre los ciudadanos. La teoría del Servicio Público, con su matriz de función social del Estado y su carga de solidaridad, ha sido golpeada pero no desaparecida.
Los principios de cierto capitalismo "salvaje" son criticados y repudiados, pero tampoco desaparecen. Entonces, resuelve la política y su poder de gestión.
¿Está mal pensar de una forma u otra? No, en absoluto. Vivimos en una Argentina democrática y esas posiciones tienen la libérrima posibilidad de expresarse donde y cuando quieran. Claro que, al surgir colisiones respecto a cuál es la adecuada para ciertos contextos, se impone la que se sustenta en la licitud y legitimidad del poder político obtenido mediante formas democráticas y que se condice con aquellas definiciones del Derecho Administrativo que le dan validez legal.
Y esto se expresa en el Congreso de la Nación que deberá entender y decidir al respecto. Así como debemos respetar el resultado electoral que colocó a Javier Milei en la presidencia, él deberá respetar aquel resultado electoral que le otorgó 38 diputados y 7 senadores.
Esto debe hacerse hoy en la Argentina. Se impone legalmente una postura que busque favorecer a usuarios, consumidores, prosumidores y los intereses, en general de la sociedad argentina.