Una familia rosarina pasa por el peor momento de su existencia. Tienen un desalojo inminente de la vivienda que alquilaban y con la esperanza de poder acceder a una casa deshabitada por más de 30 años, de propiedad del Instituto Provincial de la Vivienda, fueron rechazados por haber realizado la denuncia administrativa.
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Una familia rosarina pasa por el peor momento de su existencia. Tienen un desalojo inminente de la vivienda que alquilaban y con la esperanza de poder acceder a una casa deshabitada por más de 30 años, de propiedad del Instituto Provincial de la Vivienda, fueron rechazados por haber realizado la denuncia administrativa.
Para colmo confiaron en la promesa de un político en la campaña, quien les prometió hallar una vivienda de forma inmediata a cambio del voto, y como era de esperar, no cumplió.
Toda una marea de necesidades surgieron en estos meses para Alejandra, sus dos hijos menores de edad y su marido. Con discapacidad comprobada en su esposo y uno de sus hijos, perdieron un juicio con la dueña del inmueble que aún utilizan como hogar.
Sucede que las goteras de la vivienda actual pusieron de manifiesto el reclamo de Alejandra ante la propietaria pero no fue escuchada y no le reconocieron arreglos y descuentos sobre el pago del alquiler. Como el contrato no tenía el detalle de los problemas estructurales con los que se alquiló el inmueble, Alejandra reclamó judicialmente el problema, que en definitiva terminó por perjudicar a su familia con el desalojo antes del 5 de diciembre.
Orden de desalojo para el 5 de diciembre
"Estamos pasando por un momento muy difícil. Estamos con una orden de desalojo para este 5 de diciembre. Recurrimos a todos los organismos del estado porque encontramos una vivienda del estado que no es habitada hace 30 años y sólo nos pusieron en advertencia de que podríamos ser sancionados. Tenemos carpeta en el IPV desde el año 2015 y con los certificados de discapacidad. Y aún así no tenemos respuestas", contó Alejandra a El Tribuno en su vivienda de Rosario de Lerma.
Todo ha sido un periplo de angustia y desesperación en estos meses. El 13 de abril de este año, por medio de la Subsecretaria de Asuntos Institucionales le abrieron un expediente para la adjudicación directa de una vivienda. Al no tener respuestas envió nota con fecha del 28 de noviembre al Instituto Provincial de la Vivienda dando a conocer que en el complejo habitacional donde será desalojada existe en un monoblock un departamento de propiedad del IPV que jamás fue habitado.
La respuesta del IPV
"Fui con toda la documentación al IPV y me atendió el gerente de Área Social, Martin Sanso. Cuando le conté con detalles mi problema y cómo se podría solucionar con mi denuncia de la vivienda que habíamos descubierto sin habitar del IPV, me contestó que eso no se debe hacer porque me iban a sancionar. Me sorprendió lo que me decía y tomé la determinación de salir a contar nuestro problema. Entiendo que si uno denuncia una vivienda del Estado sin habitar ante la necesidad de mi familia, me deben ayudar y no sancionar", explicó sorprendida la mujer.
La mujer se fue hasta la Dirección de Inmuebles para verificar bajo quién estaba la titularidad del departamento denunciado. Efectivamente el inmueble figura para esta área del Estado provincial, y se encuentra con candado y sin uso por décadas, según aseguran los vecinos de este departamento.
Alejandra Silvana Flores tuvo la idea de recurrir a un político electo de Rosario de Lerma, para ver si la podía ayudar: "Recurrí a un legislador y me dijo que un equipo suyo me iba atender el caso. Pasaron las elecciones y nunca más me atendió el teléfono".
La jueza María Magdalena Paz Ovejero del juzgado de Primera Instancia Novena Nominación ordenó el desalojo con fecha límite este martes 5 de diciembre.