Juan Manuel Urtubey reapareció ayer en la escena política acompañando a Sergio Massa en Córdoba, donde el ministro de Economía intenta ganar adherencias para el balotaje del 19 de noviembre en el segundo distrito más grande del país. Córdoba ha sido en la última década una piedra en el zapato del kirchnerismo, al punto de que 1.546.831 votantes cordobeses se erigieron, en la segunda vuelta de 2015, como verdugos de una elección que puso fin a tres gobiernos consecutivos de Néstor y Cristina Kirchner, y llevó a la Casa Rosada a Mauricio Macri, ahora aliado con el candidato de la LIbertad Avanza, Javier Milei.
En las generales del 22 de octubre volvió a mostrarse como el terreno electoral más hostil que enfrenta el actual titular del Palacio de Hacienda en sus aspiraciones presidenciales. El más votado fue Milei (33,61%), segundo quedó el gobernador Juan Schiaretti (Hacemos Por Nuestro País) con el 27,53%, tercera se ubicó Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) y Massa quedó cuarto.
"Apoyo a Sergio Massa. No lo hago solo como peronista, lo hago como un defensor de la democracia y de mi país.
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Sigo creyendo, como siempre lo hice, que donde hay una necesidad, hay un derecho", manifestó Urtubey ayer a través de su cuenta en la red social X. "Mis diferencias con Sergio fueron cuando se alió al kirchnerismo, pero entiendo que ahora se abre una nueva etapa, en la que él convoca a un gobierno de unión nacional", sostuvo el exgobernador de Salta, en declaraciones al diario La Nación.
"Gracias, @UrtubeyJM. Con esa vocación de construir desde el centro, pero sobre todo con esa mirada federal, se suma a ayudar a transmitir a los argentinos que viene un tiempo nuevo", respondió Massa por la red X, poniendo un toque de espontaneidad a un acercamiento que se había cocinado días antes, en su residencia de Tigre, para ir a la caza de votos en ese distrito clave donde el 84% de los electores le dio la espalda a Unión por la Patria semanas atrás.
Lo que ve Sergio Massa en Juan Manuel Urtubey
Massa ve en Urtubey a una figura política cuyo perfil podría ayudarlo despegarse del kirchnerismo y Córdoba no es Salta, donde el antecesor de Gustavo Sáenz no dejó las mejores impresiones con una gestión que contrajo grandes endeudamientos internacionales para financiar obras del Fondo de Reparación Histórica del Norte y el Fondo del Bicentenario que no se ejecutaron. Entre esas infraestructuras truncas había importantes obras de agua y saneamiento que aún hoy se hacen sentir en los departamentos San Martín, Rivadavia y Orán con crónicos problemas de suministro potable que tienen al norte salteño en estado de emergencia hídrica y a importantes ciudades sin plantas adecuadas de tratamiento de efluentes cloacales, con serios impactos en el ambiente y la salud pública.
En el marco del Fondo de Reparación Histórica, el gobierno de Urtubey contrajo en 2012 un empréstito internacional de 200 millones de dólares, garantizado con las regalías hidrocarburíferas de la Provincia, para financiar 197 obras, entre las cuales las más relevantes debían dar una definitiva solución a la falta de agua y los problemas de saneamiento que se agudizaron en los tres departamentos norteños, tanto por cuestiones climáticas como por los desmanejos que dejaron a decenas de obras sin presupuesto, a medio camino e incluso sin iniciarse, aunque empresas contratistas habían embolsado parte de los fondos asignados a través de anticipos.
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Hoy, miles de salteños viven sin agua potable en el norte y deben esperar por un camión aguatero, como hace 80 años atrás. Comunidades originarias cortan rutas en reclamo de agua no segura.
La actual gestión de gobierno provincial tuvo que recurrir a nuevas fuentes de financiamiento para completar o iniciar muchas de las obras incluidas en el FRH. De las cuatro obras que estaban previstas en el dique Itiyuro, solo se ejecutó durante los dos últimos mandatos de los tres del gobierno de Urtubey una cañería de unos 120 metros de extensión desde la sala de bombeo hasta una cisterna y la nueva toma para el embalse El Limón, pero no se hizo el alteo para ampliar la capacidad de reserva de agua. Tampoco se montaron los equipos para eliminación de las algas, situación por la que desde fines de 2022 Aguas del Norte reitero comunicados en los recomendó a las poblaciones del departamento San Martín que dependen del sistema Ituyuro-El LImón evitar beber el agua de la red, por no ser apta para consumo humano, y usarla únicamente para limpieza y aseo personal. Esta delicada situación sanitaria, a comienzos de año, dio lugar a una denuncia penal presentada por el abogado norteño Sergio Heredia.
En los últimos días, un comité conformado por vecinos de Aguaray denunció que la localidad sufre nuevamente una "desesperante falta de agua". En esa localidad, el FHR tenía asignados recursos para la construcción de un acueducto que captaría el vital elemento de uno de los arroyos que baja de los cerros en la zona de Capiazuty.
En San Martín, la gestión de Urtubey finalizó en diciembre de 2019 dejó inconclusas muchas otras obras incluidas en el tan promocionado Fondo, como el acueducto que debía conectar al paraje Yacuy con Tartagal y que desde una cisterna construida en la zona alta de Villa Güemes abastecería a la mayor parte de la ciudad cabecera del departamento.
En General Mosconi, quedó pendiente la reparación total del acueducto que abastece a esa localidad desde El Aguay, fuente localizada al este de Campamento Vespucio.
En octubre de 2021 en una sesión de la Cámara baja, Socorro Villamayor, diputada del mayoritario bloque oficialista, denunció en referencia al legado de la gestión de Urtubey: 'Se chorearon el Fondo de Reparación Histórica".
Seis años antes, en mayo de 2016, aquel gobierno había admitido que no quedaban recursos del crédito internacional de US$ 200 millones tomado para el FRH y anunció que las obras pendientes se iniciarían con parte de un nuevo empréstito (el Plan Bicentenario, de US$350 millones) y otras fuentes de financiamiento.
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Con todo, el gobierno Urtubey dejó sin ejecutarse muchos de aquellos proyectos de infraestructura, entre los que se encontraba la planta depuradora de líquidos cloacales de San Ramón de la Nueva Orán. Esa obra de saneamiento fue adjudicada en agosto de 2014 a la empresa Constructora del Norte, con un presupuesto oficial de $30 millones y un plazo de ejecución de un año y medio. Sin embargo, los trabajos nunca se iniciaron.
La planta depuradora en Hipólito Yrigoyen fue adjudicada a empresa Mega en 2012, con un presupuesto de $6,5 millones, y seis años después, ni siquiera se había iniciado.
La pavimentación de la ruta provincial 54, otra obra del FRH, se adjudicó en septiembre de 2012 por casi $525 millones y un plazo de ejecución de 36 meses. Ni bien se habían puesto en venta los pliegos, la entonces senadora radical Silvina Vargas apuró un pedido de informes, tras denunciar que el costo real de las obras era de no más de $280 millones.
Otros legisladores advirtieron después que, además del presunto sobreprecio del 90%, los pliegos estaban direccionados a favor de la unión transitoria de empresas que finalmente se quedo con la contratación.
En abril de 2015, la obra aún estaba a medio camino, y su costo, con las redeterminaciones de precio, ascendía ya los $1.000 millones. Las diferencias fueron costeadas con partidas adicionales del presupuesto provincial.
Pesadas demandas por expropiaciones
Al final de sus tres mandatos, el gobierno de Juan Manuel Urtubey dejó impagas varias expropiaciones, entre las cuales la de las 83 hectáreas de la Fundación de Pereyra Rozas, en la zona norte de la capital salteña; la de las 60 hectáreas que loteó en Los Paraísos (Cerrillos) y las de las tierras de la Sucesión de Celestino Burgos, en la zona sur de la ciudad de Salta, detonaron demandas multimillonarias. A esta última sucesión, recordemos, la despojó primero de 38 hectáreas y después de otras 16 hectáreas, en la zona de Parque La Vega, como consecuencia de las ventas y adjudicaciones irregulares de lotes por las que funcionarios de Tierra y Hábitat fueron llevados a juicio en 2018 junto a punteros políticos.
La pesada herencia que dejó esa gestión para las arcas de la Provincia se acrecentó en 2021, cuando el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) condenó a Argentina a resarcir a Casinos Austria con 36 millones de dólares por retirarle la concesión de Enjasa en agosto de 2013. El tribunal internacional que trató la demanda dictaminó la quita de la licencia de los juegos de azar en Salta fue "arbitraria y abusiva". El pago de la indemnización fue frenado con la interposición de un recurso, pero cuando se deba hacer efectivo, lo que es altamente probable en vista de las rarísimas veces en que pudo revertirse un laudo del CIADI, Salta sufriría un duro recorte en su coparticipación federal.
Denuncia penal
En febrero 2020, el entonces diputado radical Héctor Chibán denunció penalmente al exgobernador Urtubey, ante el Ministerio Público Fiscal de la Provincia, por presunta malversación de recursos del FRH y el Fondo del Bicentenario, a la que vinculó con la muerte de niños y niñas de comunidades originarias por desnutrición, y pidió que se investiguen también otros presuntos hechos de corrupción del período de gobierno 2007-2019.
Dos años después, sin que se hubiera movido actuación alguna en todo ese tiempo, el fiscal penal Ramiro Ramos Ossorio citó a Chibán, ya por entonces exdiputado, para que ratificara su denuncia. Después de esa medida extemporánea nada más se supo del curso de la denuncia que Chibán ratificó, sin dejar de insistir en que "Juan Manuel Urtubey estuvo seriamente involucrado en las comisiones de estos delitos. Esto es de público y notorio conocimiento y no pueden quedar impunes", recalcó, en esa oportunidad, el exlegislador de la UCR.