La Argentina tiene un problema macroeconómico muy grave, que condiciona la inversión, el empleo, la producción y la innovación tecnológica. En general el discurso político ante esta realidad se vuelve "economicista". Es decir, las soluciones que se plantean suelen reducirse a esa perspectiva, probablemente, porque las economías domésticas pesan mucho en las inquietudes inmediatas.
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La Argentina tiene un problema macroeconómico muy grave, que condiciona la inversión, el empleo, la producción y la innovación tecnológica. En general el discurso político ante esta realidad se vuelve "economicista". Es decir, las soluciones que se plantean suelen reducirse a esa perspectiva, probablemente, porque las economías domésticas pesan mucho en las inquietudes inmediatas.
Una inflación del 124% en doce meses, como se registró en septiembre, es insostenible. Pero hay un agravante: las canastas alimentaria y total, que miden la pobreza y la indigencia, respectivamente, aumentaron más: 146% y 137%. El poder adquisitivo de los salarios se ubica un 20% por debajo del que tenía en 2017.
El resultado es un deterioro del empleo, una pobreza que supera el 40% y viene creciendo sostenidamente desde 2011: casi cuatro millones de personas que viven en la indigencia y una transformación estructural de la sociedad.
La inflación es lo urgente. Pero lo importante es que la degradación de la economía y de la política va convirtiendo a la pobreza en un negocio. Cuantas más personas dependen del Estado para vivir, el clientelismo se convierte en un arte -tosco y destructivo- para hacer política.
Desde hace 25 años las organizaciones de trabajadores informales o cuentapropistas vienen desplazando a una enmohecida CGT y sus formas de protesta consisten, como era de esperar, dado que no tiene sentido que hagan paros, cortes de calle y movilizaciones programadas. Estas organizaciones están financiadas por el Estado, que resolvió tercerizar la política asistencial y son un foco de poder y de corrupción.
Pero está claro que no tienen otro origen que la pobreza y el desempleo. Ya es un problema de fondo y ni Sergio Massa ni Javier Milei explican cómo piensan salir airosos. Milagros no hace nadie.
Por una parte, hay que reconstruir la confianza de los inversores externos e internos en el país. Los cambios de leyes, las arbitrariedades por decreto, la estrategia de ubicar a la Justicia como un enemigo del Gobierno y el manoseo sistemático de la ley, sumado a la picardía criolla de no cumplir la palabra, no contribuyen a esa confianza, mucho menos el aval para que los gremios bloqueen empresas para obligar a un cambio de afiliación a los trabajadores, por ofrecer un ejemplo extremo.
Para construir el entramado social es necesario, en primer lugar, un programa de gobierno. El kirchnerismo, al que hoy representa Massa, nunca aceptó la planificación. Pero resulta que es imprescindible.
La improvisación se observa cuando se habla del deterioro educativo. La escuela pública, universal, obligatoria e igualitaria, legada por varias generaciones de estadistas, sufre un proceso regresivo que parece terminal. Los gobernantes no dejan de fotografiarse frente a escuelas refaccionadas o inaugurando jardines de infantes, ni de prometer presupuestos de ensueños. Pero el problema educativo es, en primer lugar, de naturaleza pedagógica. Ningún político plantea programas de revisión de currículas, actualización de los docentes, jerarquización real de la profesión, mínimo de horas anuales de clases, formación tecnológica y en idiomas, destinadas a los alumnos de todas las escuelas -públicas y privadas- y de todos los niveles sociales.
Hoy esa es la gran grieta que parte en dos a la sociedad y proyecta sombras nefastas para el futuro. Todas las evaluaciones revelan que los niños y adolescentes provenientes de hogares de menos recursos (el 60% son pobres) logran conocimientos y destrezas muy inferiores al resto, insuficientes para permitirles acceder a empleos y desempeños bien remunerados en el mundo cambiante que les espera.
El arancelamiento, los vouchers y las promesas no resuelven nada. El gobernante debe asumir la educación como una cuestión de Estado, porque el mundo evoluciona a una velocidad asombrosa y en nuestro país los que buscan un espacio en este nuevo escenario se ven obligados a migrar.
La ambigüedad de la "unidad nacional"
El país se encuentra en un punto de inflexión y la elección del domingo 19 no arroja luces sobre el futuro. Desde la crisis de 2001 el populismo de formato latinoamericanista, basado en liderazgos personalistas, estatismo, alineamiento con los países emergentes autoritarios y el ataque a la empresa privada, la prensa profesional y la Justicia independiente sumergieron al país en el estancamiento. El país se partió en dos, por una grieta maniquea.
Massa, que participó de todo ese ciclo desde lugares estratégicos, en el oficialismo y la oposición, convoca a un gobierno de unidad nacional: "Con la misma humildad y propuestas vamos a seguir trabajando en la convocatoria a un acuerdo de unidad nacional cuando empiece mi gobierno", dijo Massa esta semana.
A esta idea se sumó el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Horacio Rosatti, cuando en la Universidad de Lomas de Zamora afirmó: "Ojalá la etapa que se inaugura ahora nos marque un camino de unidad y unión nacional". El magistrado añadió: "Todos juramos la misma Constitución, la Constitución de 1994, de la que se van a cumplir 30 años el año que viene, fue a mi juicio el último acto político de unidad nacional que se registró desde el punto de vista institucional en Argentina".
"Unidad nacional" es un término ambiguo. Rosatti destaca su aspecto constitucional. Es decir, un país donde se admita la pluralidad, se erradique la intolerancia y donde los partidos vuelvan a expresar pensamientos y objetivos, y no la "lealtad" a una figura a la que se confía la "conducción".
Para el populismo, que subordina a todos los poderes del Estado a la voluntad del "conductor mesiánico", unidad nacional equivale a pensamiento único, mandatos sin términos y, consecuentemente, transformar la grieta en fractura. Cualquier forma de populismo significaría continuar con "el país fuera de la ley".
El país necesita, urgentemente, políticas de Estado a largo plazo, acordadas por partidos sólidos. Convocar a las corporaciones a formar parte del gobierno no significa, en si misma, unidad y diálogo. El estadista debe diferenciar "coincidencias" con "alineamiento".