La ausencia de una visión federal de todos los proyectos de ley de humedales que analizan distintos sectores políticos en la Cámara de Diputados ponen en peligro inversiones por 20 mil millones de dólares en todo el país.
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La ausencia de una visión federal de todos los proyectos de ley de humedales que analizan distintos sectores políticos en la Cámara de Diputados ponen en peligro inversiones por 20 mil millones de dólares en todo el país.
La advertencia, surgida de las cámaras que nuclean a empresas mineras y de servicios vinculados a la actividad, expusieron las cifras en toda su dimensión para cualificar el tenor de la ley que el Gobierno nacional pretende imponer sin el consenso de los sectores y las provincias involucradas.
La minería es el quinto complejo exportador nacional y aporta al Estado más de 107.000 millones de pesos al año, señalaron desde el sector. Indicaron además que Argentina puede consolidarse como uno de los principales productores mineros a nivel mundial, ya que si se toman los proyectos mineros más avanzados, hay potencial para llegar a exportaciones anuales por 12.000 millones de dólares (más del triple de las actuales) y para lograr inversiones por otros 20.000 millones de dólares.
"Esto es lo que se arriesga cuando se precipitan cambios en las normativas que generan incertidumbres y perjudican la llegada de inversiones que son de gran volumen, con largo plazo de recupero y que requieren de un contexto de estabilidad normativa y reglas claras", expresaron desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), cámaras provinciales de productores y proveedores mineros, y entidades ligadas a la agroindustria y al desarrollo socioeconómico.
"Rechazamos los proyectos porque atentan contra los miles de puestos de trabajo formal y bien pagado, en donde el desarrollo minero es un faro para el verdadero crecimiento social", afirmaron y expusieron que "el sector genera empleo para más de 85.000 familias y moviliza las economías regionales, dado que realiza el 80% de las compras a nivel local, motorizando una sólida cadena de valor, compuesta por pymes nacionales.
Es importante destacar que todos los proyectos mineros en marcha han pasado por instancias de aprobación de sus evaluaciones de impacto ambiental (ley 24585). La legislación actual no permite emprendimientos que dañen al ambiente, independientemente de dónde estén instalados.
"Las instituciones productivas valoramos y respetamos la legislación concerniente y gestionamos el cuidado del ambiente", afirmaron y detallaron que "nuestros recursos minerales son la usina del futuro, porque generan insumos para la electromovilidad como un poderoso factor de transición energética y acciones directas, por sobre la prohibición de actividades y la burocratización".
"Las actividades productivas gestionamos nuestros recursos para un mundo mejor con una menor huella de carbono", resaltaron además sobre `la política de sustentabilidad que ejecuta el sector.
El sector manifestó que "los proyectos, de aprobarse, dejarían a nuestro país sin industria minera", y denunciaron que su avance perjudicaría a la industria en producción en Jujuy, Salta, Catamarca, San Juan y Santa Cruz, pero también a proyectos en La Rioja, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos, Santiago del Estero, Río Negro, Chubut, Neuquén y Tierra del Fuego".
Peligro latente
Si bien el plenario de comisiones que iba a buscar dictamen ayer para darle curso al proyecto oficial fue suspendido, persiste el riesgo de que el oficialismo utilice el tiempo para torcer voluntades más que para lograr consensos. Los antecedentes, al menos, solventan la especulación.
Mientras tanto, no hay ninguna información aún acerca de cómo van a escuchar los miembros de las comisiones involucradas las opiniones de los gobernadores de las provincias mineras.
El norte cierra filas
Los gobernadores del Norte Grande (integrado por las provincias de Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa) expusieron sus posturas en torno a la Ley de Humedales a través de un comunicado.
"Cualquier ley que se apruebe debe considerar los siguientes presupuestos para garantizar la conservación y el desarrollo sostenible", dice el texto que desarrollarán con más detalle en la Cámara baja, con fecha aún sin confirmar.
"Ratificamos que el dominio originario de los recursos naturales les corresponde a las provincias y no hay ninguna provincia que abdique de la responsabilidad de la conservación de sus humedales y los servicios ecosistémicos que prestan", agrega el comunicado.