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La lock-out o cierre de empresa 

Actualidad laboral, por Walter Neil Bühler (Abogado laboralista).
Sabado, 03 de septiembre de 2022 01:02

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha definido el lock-out como “el cierre total o parcial de uno o más lugares de trabajo, o la obstaculización de la actividad normal de los empleados, por uno o más empleadores con la intención de forzar o resistir demandas o expresar quejas, o apoyar a otros empleadores en sus demandas o quejas”. Otra definición (Gobierno Argentino SAIJ) lo caracteriza como “el cese temporario de tareas, decretadas con carácter parcial o total, por uno o varios empleadores en defensa de sus intereses profesionales o económicos frente a los trabajadores”. 

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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha definido el lock-out como “el cierre total o parcial de uno o más lugares de trabajo, o la obstaculización de la actividad normal de los empleados, por uno o más empleadores con la intención de forzar o resistir demandas o expresar quejas, o apoyar a otros empleadores en sus demandas o quejas”. Otra definición (Gobierno Argentino SAIJ) lo caracteriza como “el cese temporario de tareas, decretadas con carácter parcial o total, por uno o varios empleadores en defensa de sus intereses profesionales o económicos frente a los trabajadores”. 

Lockout deriva del inglés y significa “cerrar afuera”, “dejar afuera”. En italiano se lo denomina serrata. En nuestro idioma se lo conoce como cierre patronal o paro patronal, así como también huelga patronal. Aunque en general es preferible el uso de vocablos castellanos, “lockout” ha adquirido carta de ciudadanía internacional y resulta más precisa que “cierre patronal” como sugiere la Real Academia de la lengua española. 

Durante la pandemia se produjeron numerosos cierres de establecimientos comerciales o industriales, pero en pocos casos podrían ser caracterizados como “lock-out” ya que no tuvieron por objeto resistir demandas de los trabajadores.

En los últimos días, distintos medios de comunicación, ante la paralización parcial de actividades por parte de las empresas de transporte de pasajeros se han expresado que nos encontramos frente a un lock-out empresario.

Esta caracterización no es correcta porque -reiteramos- el lock-out surge ante reclamos laborales y no para demandar el pago de subsidios del Estado. En las actividades que dependen del Estado para la fijación de tarifas o la percepción de subsidio se da una extraña figura a la que denomino “paro-lockout”. Me explico: cuando estas empresas reciben reclamos salariales los empresarios responden que no pueden otorgarlos por las bajas tarifas o la insuficiencia de los subsidios. Mediante un acuerdo tácito y casi secreto los gremios decretan la huelga que en realidad no se dirige a las empresas, si no al Estado para que haga lugar a las demandas empresarias. 

Un poco de historia  

A fines de 1945, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, el entonces Coronel Juan Domingo Perón firmó un decreto que implicaba establecer la obligatoriedad del aguinaldo, la creación del salario mínimo, la duplicación de las indemnizaciones y aumentos salariales. Las empresas reaccionaron con una fuerte resistencia realizando, en el mes de enero, un lock-out que duró tres días. No obstante ello, finalmente la patronal tuvo que ceder a los reclamos obreros. 

La Constitución Nacional reconoce el derecho de huelga a los trabajadores (Artículo 14 bis). En cambio, no hay norma constitucional alguna (ni tampoco normas de menor rango) que reconozcan el lock-out como derecho de los empleadores. 
Alguna doctrina y también parcialmente en la práctica habla de una supuesta “igualdad entre los actores sociales” o “igualdad de armas” en el conflicto colectivo, y lo reconoce como si fuera un acto legítimo de defensa del empresario contra las huelgas. 

Un importante académico del derecho del trabajo, el Dr. Ricardo Cornaglia, expresa que “lamentablemente, en el derecho argentino, se advierte una laguna en todo lo que hace a la regulación del cierre de empresas y establecimientos y sólo se aborda el lock-out como ilícito laboral de imprecisos contornos”. 

En función de calificar la legitimidad de los cierres de establecimientos, otro prestigio autor, Carlos Etala, sostiene que debe distinguirse entre el lock-out ofensivo y el defensivo.

Afirma este autor: “Este último se justifica como reacción lógica ante una medida ilegítima de los trabajadores (por ejemplo, huelga con ocupación de establecimiento, trabajo a desgano). En cambio, el lock-out ofensivo, es decir, el que es previo a toda medida de los trabajadores o se ejecuta ante una medida legítima de éstos, no puede justificarse jurídicamente frente al reconocimiento constitucional del derecho de huelga”. 
 

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