La posibilidad de un diálogo político y un acuerdo de ‘pacificación‘ con todos los sectores políticos es imprescindible, pero parece demasiado remota. Fundamentalmente por la ambigüedad con que fue formulada y porque dentro del mismo gobierno existen fuertes desacuerdos con la iniciativa.
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La posibilidad de un diálogo político y un acuerdo de ‘pacificación‘ con todos los sectores políticos es imprescindible, pero parece demasiado remota. Fundamentalmente por la ambigüedad con que fue formulada y porque dentro del mismo gobierno existen fuertes desacuerdos con la iniciativa.
El frustrado atentado contra Cristina Kirchner conmocionó al país por la gravedad del hecho y por la certeza de que, de haberse concretado, las consecuencias hubieran sido catastróficas para la ya deteriorada paz social.
Sin embargo, la primera reacción oficial, apenas producido el hecho y cuando la dirigencia opositora había expresado su repudio a la violencia, estableció las primeras barreras al diálogo.
Instalar las ideas de ‘violencia política‘ y ‘discurso del odio‘, sin autocrítica y acusando a la Justicia, los medios profesionales y la oposición, fue error y una gran imprudencia cometida por el presidente Alberto Fernández, quien decretó un paro y llamó a una movilización política de apoyo a Cristina Fernández.
Más allá de esta circunstancia, la virulencia de la confrontación política involucra a todos y debe ser superada porque es destructiva para la democracia y para la Nación. Es una obligación de quienes han sido elegidos a través del sistema democrático y debe ser puesta en marcha en el Congreso. Ese es el lugar de los debates y los grandes acuerdos, aunque la realidad cotidiana nos muestre todo lo contrario.
Oficialismo y oposición se acusan mutuamente de todos los males del país, que son muchos, y de ese modo cierran las puertas a la pluralidad inherente a una sociedad moderna y democrática. Fue en el Congreso, justamente, donde más rápidamente se logró un consenso para repudiar el atentado, aunque luego ese logro se empañó por la insistencia de los kirchneristas en exigir a la oposición que se sumara a los ataques frontales a los jueces y a los medios.
El diálogo es imprescindible. La convocatoria debe ser clara y precisa, formalmente planteada en primer término a las autoridades de la coalición opositora.
No obstante, oficialistas y opositores deberían resolver primero sus diferencias internas para empezar a dar respuestas coherentes y buscar soluciones para un país agobiado por la inflación, el desempleo, el empobrecimiento creciente y la inseguridad criminal. Manejarse pensando en las elecciones de 2023 es el peor de los errores. Esa es la prioridad de la elite política, no de la ciudadanía.
Todos los sondeos de opinión pública, desarrollados con diversas metodologías y criterios, muestran un descreimiento generalizado. Ninguna de las figuras políticas relevantes genera la confianza mínima que requiere un liderazgo. La politóloga Ana Iparraguirre dijo en Salta que las de 2023 se perfilan como ‘las elecciones más abiertas de esta democracia‘. Las peleas, entonces, son una cuestión de minorías con poder. Llega a tal punto la pérdida de confianza en los políticos que es significativo el número de personas que considera que el atentado fue un simulacro.
La cruda realidad social muestra indicios más preocupantes aún: el agresor y su compañera podrían ser parte de un círculo de marginales, no se sabe si dirigidos por alguna organización, dispuestos a generar grandes impactos. La tecnología actual ofrece la posibilidad de que grupos desconocidos recluten personas a través de redes sociales, con convocatorias e instructivos provenientes de personas que los reclutados, probablemente, no conozcan.
La marginalización de un enorme porcentaje de jóvenes, desocupados y sin horizontes personales, que crecen en un mundo plagado de patotas, drogas y fragilidad de las instituciones, se convierten en una bomba de tiempo que puede descargarse contra cualquier objetivo.
La investigación deberá demostrar, si puede, si este es el caso de Fernando Sabag Montiel y su entorno.
Antes de utilizar políticamente ningún hecho criminal, acusando a hipotéticos culpables, los políticos deberían ocuparse construir un sistema de seguridad capaz de investigar la realidad, prevenir los atentados y, producido un hecho, en condiciones de efectuar un diagnóstico basado en datos.
Parece difícil. Obsesionados por la construcción de poder, oficialistas y opositores se mueven en una realidad paralela, ajena a los graves problemas que afligen a los ciudadanos de a pie.