La amenaza de un "tarifazo" en los precios de la luz eléctrica y el gas domiciliario sigue latente, aún después de los anticipos del ministro de Economía, Sergio Massa, quien el martes recién dará a conocer precisiones sobre el esquema de reducción segmentada de subsidios a esos servicios.
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La amenaza de un "tarifazo" en los precios de la luz eléctrica y el gas domiciliario sigue latente, aún después de los anticipos del ministro de Economía, Sergio Massa, quien el martes recién dará a conocer precisiones sobre el esquema de reducción segmentada de subsidios a esos servicios.
Son muchos los puntos que deben aclararse acerca de la cantidad de hogares que acreditaron un nivel de ingresos que le impedirían pagar la tarifa plena, así como la puesta en práctica del sistema de un techo de consumo que se asignaría a los beneficiarios.
Pero los subsidios energéticos muestran la enorme distorsión macroeconómica, creciente, que se manifiesta no solo en las boletas de la luz y el gas, sino también en la inequidad sistemática que, en muchos casos, terminó perjudicando a los sectores de menores ingresos, tal como ocurre con la disparidad entre el precio del gas domiciliario y el que se vende en garrafas.
La diferencia de los precios y el abastecimiento de la energía en general castigan a los habitantes de nuestras provincias y concentran el beneficio del subsidio en el Área Metropolitana, que abarca la capital federal, el conurbano y se extiende entre La Plata y Zárate. Esa es la región donde está concentrada la atención de los sucesivos gobiernos nacionales y esto se manifiesta de múltiples decisiones tomadas con criterios centralistas.
El interior paga las consecuencias de las malas políticas energéticas aplicadas desde la crisis de 2001, que deprimieron la inversión en exploración de hidrocarburos generaron un injustificable nivel de dependencia de las importaciones. Al mismo tiempo, limitaron el uso de biocombustibles, castigando al agro y a las provincias, no desarrollaron alternativas, como la energía nucleoeléctrica ni otras fuentes no contaminantes, y ni siquiera pusieron en marcha el gasoducto que debe transportar el shale gas que genera Vaca Muerta.
Los subsidios energéticos no pueden ser políticas permanentes, porque no resuelven ningún problema social de fondo, sino que los agravan porque son motores de la inflación, un costo que pagamos todos los argentinos, cualquiera sea el nivel de ingresos. Este año llegarían a US$16.200 millones, el 70% del déficit fiscal primario. Sin embargo, aunque la inflación es la misma para todos, ese desembolso de fondos del Estado tiene privilegiados.
Las facturas de la luz hablan a las claras: las empresas Edenor y Edesur, que cubren la capital federal y el conurbano, cobran $1.870 por un consumo residencial de 300 kw por hora y por mes. En Salta, el mismo consumo se paga $4.147 y en Tucumán, $6.894.
El costo mayorista es fijado por el Gobierno nacional, es uniforme en todo el país y allí se destina el 76% de los subsidios a través de Cammesa. La distorsión se produce en el precio de la distribución, que no está subsidiada y que se encarece sustancialmente por el costo de demanda de la red para abastecer usuarios muy dispersos. Así, en el Área Metropolitana, el precio mayorista representa el 50% de la factura y la distribución, el 28%; En Salta el precio mayorista ocupa solo el 31%, mientras que la distribución representa el 51%.
No es el único caso. El extraordinario faltante de gasoil ocurrido este año solo se sintió en las provincias. El aumento de la demanda fue el pretexto oficial. La realidad fue que también faltaba gas y el gasoil importado quedó reservado para la generación termoeléctrica y para los surtidores de la región más próxima al AMBA.
Lo mismo ocurre con los boletos de transporte urbano, que en el AMBA varían entre 25 y 28 pesos y en Tartagal cuestan 90 pesos.
Las políticas energéticas y tarifarias no atienden a los problemas locales. Este desequilibrio es otro síntoma de las asimetrías estructurales que sufre nuestro país, donde todos los gobiernos reconocen teóricamente los derechos y las atribuciones de las provincias, pero que en sus gestiones dejan el concepto de "federalismo" reservado para los discursos.