Cientos de personas se movilizaron esta mañana por las calles contra el "ajuste" que realizó el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, a los servicios de salud para personas con discapacidades. Profesionales que prestan servicios para personas con discapacidad y familiares realizaron una marcha en Salta porque sostienen que el Gobierno nacional está llevando adelante un ajuste en el área que pone en riesgo el derecho a la salud. Reclaman la regularización de las deudas y que no haya recortes.
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Cientos de personas se movilizaron esta mañana por las calles contra el "ajuste" que realizó el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, a los servicios de salud para personas con discapacidades. Profesionales que prestan servicios para personas con discapacidad y familiares realizaron una marcha en Salta porque sostienen que el Gobierno nacional está llevando adelante un ajuste en el área que pone en riesgo el derecho a la salud. Reclaman la regularización de las deudas y que no haya recortes.
Salteños que se sumaron a la protesta afirmaron que "peligra" el sistema sanitario tras el ajuste de gastos dispuesto por Massa. Destacan que ya se informó a los gremios que girarán a las prestadoras sindicales solo $ 1.500 millones hasta fin de año, lo que implica una baja de más de $ 10.000 millones sobre las transferencias inicialmente previstas.
En la práctica, ese recorte se aplica hoy a un sistema que ya viene siendo deficitario. En concreto, en septiembre, dentro de dos días, se cortan prestaciones fundamentales. Atradis (Asociación de Transportistas de Discapacidad Salta) lideró la marcha de hoy. También estuvieron los prestadores, los terapeutas y los familiares de las personas afectadas. La convocatoria fue para las 9 y salieron desde el Monumento a Güemes rumbo a la Legislatura a 10, para terminar luego en la Superintendencia de Salud.
"Necesitamos que alguien del Gobierno provincial salga y nos escuche. Esta es una decisión del Gobierno nacional, pero necesitamos el acompañamiento de la Gobernación porque corre peligro el sistema completo", dijo el presidente de Atradis, Ademar Anachuri.
“Este recorte ya se venía haciendo desde hace algunos meses con el retraso de pago. Lo que hizo el DNU de Massa es darle el tiro de gracia. Hoy ya no podemos trabajar porque no se pueden cubrir los gastos fijos. No tenemos para el combustible y no tenemos para pagarle a los trabajadores. Llevamos tres meses de atraso del pago y ahora lo poco que venían pagando lo cortan del todo. No nos pagaron nada en este mes que está terminando que ni siquiera es el pago de agosto, ni julio, es de mayo”, dijo.
La movilización en Salta se da en un marco nacional de protesta por una situación que afecta a unos 20 millones de personas. El millonario recorte de los fondos destinados a las obras sociales que administran los sindicatos es una política de "poda" de gastos resuelta para cumplir con la meta del déficit acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Este recorte impacta desde hoy porque ya se cortaron las prestaciones.
Para tener una idea de la magnitud del problema, hay 135 licencias de transporte, solo en capital, para personas discapacitadas, sin contar con el área metropolitana ni el interior de Salta. Es una enorme cantidad de pacientes, profesionales y trabajadores afectados por el DNU firmado el miércoles de la semana pasada.
Según la información oficial, desde ahora y hasta fin de año el Ejecutivo transferirá a las prestadoras médicas de los gremios un total de $ 1.500 millones del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), recursos que son utilizados para el financiamiento de tratamientos de alta complejidad, servicios de discapacidad y otras prestaciones.
La decisión del Gobierno encendió la alarma generalizada entre los gremios: es que la cifra de transferencias comprometida para los próximos cuatro meses representa apenas el 10% de los recursos mensuales promedio que recibieron sus prestadoras hasta agosto. De acuerdo con los cálculos que realizaron en la cúpula sindical, la poda para las obras sociales implica unos $ 10.000 millones. Es por eso que septiembre comenzará con interrupción de servicios y prestaciones. Los alcances de la poda dispuesta por Massa y Rubinstein llegan a centros, hogares e instituciones educativas para personas con discapacidad. Están en riesgo los honorarios de maestros integradores, prestaciones de apoyo, psicopedagógos, clínicos, kinesiólogos y psicólogos.
El Fondo Solidario de Redistribución (FSR) es también para prestaciones de alta complejidad y medicamentos para patologías crónicas. Es por eso que en algún momento van a tener problemas las personas con VIH y las personas con diabetes.
Palabra oficial
El coordinador de la sede regional de Superintendencias de Servicios de Salud, Alberto Escribas, dialogó con El Tribuno tras el paso de la marcha por el frente de las oficinas de avenida Belgrano.
"La gente pasó pidiendo una respuesta a la falta de pago y yo los atendí y respondí que la Superintendencia regula el pago a las obras sociales y a las prepagas. Nosotros no atendemos el pago a los prestadores de salud ni a los profesionales", dijo Escribas. "Lo que hace la Superintendencia es distribuir el dinero que llega desde Nación, es una cuestión técnica y no podemos definir cuánto ni a dónde se gira. Sabemos que estamos hablando de un sector sensible, pero excede a nuestro poder de acción. Sabemos que el DNU se lanzó ante una realidad en donde se distribuía dinero de manera arbitraria, pero vuelvo a repetir, y es lo que le dije a la gente que vino a reclamar, es que no podemos hacer nada", concluyó Escribas.
En tanto que desde el Colectivo de la Discapacidad, conformado por profesionales, transportistas y familias de la Provincia de Salta emitieron un documento, a modo de carta abierta, para dar a conocer a la comunidad la realidad a la que están expuestos. Por un lado dijeron que "han normalizado trabajar con hasta 5 meses de retraso", dijo la licenciada en psicomotricidad, María José Salcedo. Es decir que por un lado trabajan con retraso en el pago y ahora definitivamente le quitan esos pagos a través del recorte a los fondos que les pasan a las obras sociales y prepagas. "Muchos de los profesionales cerrarán consultorios, muchos de los trabajadores de los transportes quedarán sin fuente labora, pero lo más duro es que los niños se quedan sin cobertura", dijo Salcedo.
A continuación el textual del documento:
CARTA ABIERTA COLECTIVO DE DISCAPACIDAD PROVINCIA DE SALTA
Desde el COLECTIVO DE DISCAPACIDAD FORMADOS POR: PROFESIONALES, TRANSPORTISTAS Y FAMILIAS DE LA PROVINCIA DE SALTA; nos comunicamos para informar la crítica y alarmante situación de extrema precariedad y vulneración de derechos humanos y laborales por la que atraviesa el colectivo.
Como prestadores de servicios hemos naturalizado un sistema injusto donde se normaliza cobrar con varios meses de demoras y aumentos insuficientes (al día de hoy muchos profesionales no han cobrado marzo 2022). Sumado a esto, este mes las obras sociales NO ABONARON ninguna prestación, la Superintendencia de Servicios de Salud anunció que la AFIP retuvo fondos destinados al área, lo cual provocó un recorte total y masivo de dicho presupuesto, por ende de los pagos destinados a todos aquellos que prestan servicios en el área de DISCAPACIDAD. Es por esto que NECESITAMOS QUE TODO EL PUEBLO ARGENTINO CONOZCA LA REALIDAD EN LA QUE VIVIMOS.
Como trabajadores se nos imposibilita sostener los espacios de trabajo que implican gastos económicos (alquileres, impuestos, formación, elementos de trabajo, etc.) Además esta situación conlleva un perjuicio a todos los que formamos partes DEL COLECTIVO DE DISCAPACIDAD en términos de derechos conquistados.
Por otro lado, Las obras sociales mandaron e-mails informando que dichos pagos no ingresan desde los organismos del Estado, no emitirán ningún pago. Entonces, ¿Quién va a responder por las prestaciones ya brindadas? NADIE.
Es menester resaltar, que el circuito a través del cual llega a nosotros esta financiación del Estado, inicia por un fondo solidario destinado a cubrir necesidades del colectivo de personas con discapacidad, ese fondo que es regulado por el ANDIS es transferido mediando la AFIP a la Superintendencia de Servicios de Salud y de allí a las Obras Sociales, quienes son los últimos encargados de que el dinero llegue a los diversos prestadores. Por ende son muchos los intermediarios que participan en dicho sistema de pagos, los cuales son negligentes y con demoras incoherentes.
En retrospectiva, la burocracia que debemos seguir PROFESIONALES Y FAMILIARES para lograr la autorización y pagos de las prácticas es la siguiente. Se presentan papeles en las diversas obras sociales, el periodo de análisis de documentación es aproximadamente de 40 días (o más), a partir de dicho periodo deben dar un dictamen autorizando o no de la prestación. Por lo general REALIZAN CORRECCIONES O PERDIDA DE PAPELES QUE demoran aún más las autorizaciones.
Una vez aprobadas las prestaciones, los tiempos de cobro (de prácticas y servicios ya brindados) oscila entre 4, 8 a 12 meses en ser cobrado, los cuales quedan licuados por la inflación. ¡NO ES JUSTO!
Sumado a todo lo expuesto emerge un DNU, de carácter inconstitucional, que atenta contra el cumplimiento de la Ley 24.901 de Prestaciones básicas para personas con Discapacidad. El mismo pone en peligro la continuidad de las prestaciones y tratamientos ya que ante el panorama descrito es imposible sostener los tratamientos y servicios brindados. El Ministro Sergio Massa firmo este DNU en el que se reduce de drásticamente el monto destinado a pagarnos, a tan solo $1.500.000. Dicha suma representa tan solo el 10% de lo anteriormente destinado.
Debemos además resaltar que las familias también atraviesan situaciones críticas pensiones con montos que no cubren las necesidades de sus hijos. Los perjuicios son muchos, las necesidades aún mayores.
Es por ello que:
• EXIGIMOS EL PAGO A MES VENCIDO. ACTUALMENTE HAY OBRAS SOCIALES NACIONALES QUE ADEUDAN LAS PRESTACIONES REALIZADAS DESDE EL MES DE MARZO INCLUSIVE. OTRAS ABONAN CON TRES A CUATRO MESES DE DEMORA.
• LOS AUMENTOS DE ARANCELES QUE INFORMARON NO SON REALES E INCLUSO ESTÁ LEJOS DE LA INFLACIÓN YA QUE SERÍAN ABONADAS LUEGO DEL MES DE OCTUBRE.
• LAS OBRAS SOCIALES NACIONALES DEBEN RESPETAR LAS INDICACIONES MÉDICAS. CANTIDAD DE SESIONES Y PRESTACIONES SOLICITADAS. YA QUE RECORTAN LAS MISMAS AL AUTORIZARLAS, QUITANDO EL DERECHO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE REALIZAR LA TOTALIDAD DE TERAPIAS SOLICITADAS.
• EL INSTITUTO PROVINCIAL DE SALUD DE SALTA ABONA LAS PRESTACIONES POR UN MONTO DESACTUALIZADO Y MUY POR DEBAJO DEL MÍNIMO ETICO ESTIPULADO POR LOS COLEGIOS DE PROFESIONALES. COMO ASÍ TAMBIÉN EL VALOR DEL KM DE LOS TRASLADOS ES INSUFICIENTE. LOS VALORES DE LAS PRESTACIONES DE ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO Y DEL MODULO DE APOYO A LA INCLUSIÓN ESCOLAR SON ÍNFIMOS.
• LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD TIENEN QUE ESPERAR HASTA 5 MESES PARA PODER TENER EL TURNO PARA GESTIONAR EL CERTIFICADO UNICO DE DISCAPACIDAD.
• LOS TRANSPORTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD NO PUEDEN SOSTENER SUS SERVICIOS CON EL MONTO ESTIPULADO PARA LOS TRASLADOS YA QUE NO SOLO AUMENTA EL COMBUSTIBLE CONSTANTEMENTE, SINO QUE ES TAN BAJO QUE NO LLEGAN A CUBRIR LOS GASTOS FIJOS QUE DEMANDAN LOS TRASLADOS, MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS Y SUELDO DE LOS CHOFERES. EN EL MES DE AGOSTO NO RECIBIMOS PAGOS DE ABRIL-MAYO-JUNIO ¿HABLAMOS DE INCLUSIÓN?
SIN PRESTADORES NO HAY PRESTACIONES
SIN PRESTACIONES NO HAY DERECHOS PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
NO AL AJUSTE EN DISCAPACIDAD