Los ataques y las amenazas contra la Justicia y el Ministerio Público, desencadenados tras la contundente acusación de los fiscales Diego Luciani y Gabriel Mola por el caso de corrupción sistemática en la concesión y ejecución de obras viales en la Patagonia, expresan el desprecio del kirchnerismo gobernante hacia el sistema democrático, republicano y federal.
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Los ataques y las amenazas contra la Justicia y el Ministerio Público, desencadenados tras la contundente acusación de los fiscales Diego Luciani y Gabriel Mola por el caso de corrupción sistemática en la concesión y ejecución de obras viales en la Patagonia, expresan el desprecio del kirchnerismo gobernante hacia el sistema democrático, republicano y federal.
La desordenada alocución de la principal acusada, Cristina de Kirchhner, carece de valor jurídico, pero es un intento de politizar la causa para fidelizar a sus seguidores y mostrase como una mujer que se inmola por su pueblo. Sin desmentir los hechos de corrupción que la involucran, trató de mostrar a ese alegato como una estrategia de la oposición para proscribirla y terminar con todo el peronismo.
La acusación que formularon los fiscales está cuidadosamente documentada; en las semanas siguientes, las defensas deberán tratar de demostrar lo contrario, la acusada podrá hacer su descargo y finalmente, los jueces decidirán.
Pero la revelación de los detalles de la causa desencajó a todo el gobierno. La tradicional retórica de la ex presidenta, esta vez, no logró despejar dudas sino agitar viejos fantasmas.
Lo esencial es que las acusaciones contra supuestos intereses que se opondrían al "gobierno nacional y popular", a las que se sumó el presidente Alberto Fernández, solo sirven para generar un clima de violencia en momentos en que la frustración y la indignación que ha provocado su pésima gestión pueden derivar en revueltas caóticas. Los llamados a cortes de rutas por tiempo indeterminado o a una pueblada parecen por ahora solo alharacas, pero son de una irresponsabilidad absoluta.
Todos los riesgos se multiplican cuando el Jefe de Estado descalifica oficialmente el trabajo de los fiscales, sin conocerlo, o conociendo muy bien toda la trama de negocios espurios que ellos describieron. Como presidente, Alberto Fernández no debió opinar sobre el expediente, porque la Constitución se lo prohíbe y tampoco debió propiciar el apoyo de los presidentes afines de Colombia, México y Bolivia, quienes se sumaron a la crítica contra la Justicia argentina sin conocer el caso.
Este episodio desacredita cada día más la autoridad presidencial. Alberto Fernández no dejó de cometer desatinos en esta semana. El primero de ellos, decir ahora todo lo contrario de lo que años atrás había dejado registrado en videos de amplia circulación en las redes acerca de la corrupción de Cristina Fernández y La Cámpora. Pero más grave aún fue el de evocar el caso del fiscal Alberto Nisman, quien para la Justicia fue asesinado, contradecirse una vez más, decir que se trató de un suicidio y confiar en que Luciani no haga lo mismo. Quizá supuso que, de esa forma, despejaba el temor de que el nuevo fiscal vaya a ser asesinado por alguien vinculado al gobierno. Lo cierto es que su frase sonó a mensaje mafioso.
La frágil institucionalidad argentina necesita funcionarios y magistrados que actúen con transparencia y responsabilidad. El interés personal de la vicepresidente lleva a sus seguidores a avanzar sobre la independencia de la Justicia al punto de reclamar un sistema subordinado al poder. Ellos toman como modelo las instituciones judiciales de Nicaragua, Venezuela y Cuba, donde los opositores políticos son detenidos en condiciones indignas, asesinados o, incluso, condenados por jueces adictos a penas de 25 años de prisión solo por oponerse al régimen.
La degradación del sistema republicano y la negativa de Cristina Fernández a rendir las cuentas que corresponden a cualquier funcionario público viene de la mano de la destrucción del desarrollo económico y el crecimiento sostenido de la pobreza, rasgos que caracterizan las últimas dos décadas.
Mientras desde la Casa Rosada, los gremios afines y los medios oficiales se señala a los opositores como los enemigos del pueblo, avanza el desmembramiento de la sociedad hacia un destino sombrío. Ese mismo pueblo que ellos invocan, insatisfecho, cansado y hasta desesperado puede reaccionar en direcciones impredecibles, incluso, pasando por arriba de quienes lo utilizan como bandera, pero no le resuelven ningún problema.