Quieren hacer cambios en  la ley de promoción minera

A dos años de la reglamentación de la ley provincial de promoción minera (N§ 8.164), todavía ninguna empresa del sector se adhirió al capítulo de la normativa que otorga beneficios fiscales a cambio de obras de carácter público. Hay un solo motivo para ese desinterés: la inflación.

El beneficio para las compañías que decidan sumarse a la ley consiste en un mecanismo de compensación de un porcentaje del costo de los proyectos de beneficio público que podrían encarar con la devolución de parte de los tributos que perciba el Estado provincial. El problema del sistema es que no se contempló una actualización de ese reintegro que vaya de la mano con la realidad inflacionaria.

El tema fue puesto sobre el tapete el jueves pasado en una reunión entre la Comisión de Minería del Senado provincial y representantes de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras de Salta (Capemisa).

"Hay que hacer un replanteo de la ley porque hasta el día de hoy no hay ninguna empresa que se haya adherido y eso da cuenta de que algo está fallando", dijo el senador Sergio Ramos, presidente de la Comisión de Minería.

"El tema es que no hay una actualización, si hoy una empresa invierte en infraestructura le van a devolver dentro de cinco años (cuando empiece a producir) y la ley no establece claramente en un período inflacionario cómo va ser la actualización", explicó.

La problemática ya había sido planteada cuando se promulgó la ley, en octubre de 2019. El artículo 10 de la normativa establece que las obras de beneficio público que realicen las empresas serán valorizadas en pesos a los fines de su compensación con regalías.

Desde la Secretaría de Minería de la Provincia consideraron, en su momento, que ese conflicto fue subsanado en el decreto de reglamentación de la ley, con el que se habilita que las condiciones de los beneficios promocionales en relación a la inflación pueden ser incorporados dentro del contrato de promoción que se suscriba.

Empleo

Un punto de la ley sobre el que no hay discusión es el fomento a la contratación de mano de obra salteña en la actividad. En el esquema normativo se dispuso la obligatoriedad por parte de las mineras de emplear a salteños y servicios locales en porcentajes que oscilan entre un 40% y un 70%, dependiendo de la etapa y envergadura del proyecto.

 

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