“La cárcel para varones de Villa Las Rosas tiene  capacidad para 1.100 y hay 1.700 detenidos”

El presidente del Comité provincial para la prevención de la tortura, Rodrigo Solá, consideró que se trató de un conflicto “evitable si se aplica la racionalidad y se flexibiliza la rigidez de la burocracia”. Además, consideró que las celdas de castigo deben ser erradicadas, porque contradicen el espíritu de la Constitución de que las cárceles deben ser para la reinserción y no para el castigo de los detenidos”.
Rodrigo Solá es abogado graduado en la UBA, especializado en la UNSa y en Sevilla, y cursa su doctorado en la Universidad de Lanús. Actualmente dirige la maestría de Derechos Humanos de la UNSa. 

El Comité es un órgano autónomo y autárquico que fue creado en 2019, aunque recién comenzó a funcionar este año y está integrado por cinco miembros. Solá y Cristina Cobos fueron seleccionados por concurso en representación de los organismos de Derechos Humanos; Ramón Corregidor representa a la Cámara de Diputados, Andrés Giordamacci es el representante interino del Senado, y está pendiente la designación del comisionado del Poder Ejecutivo Provincial.

Una de las primeras acciones del Comité fue la propuesta de la derogación de la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario, con un proyecto orientado a desarrollar las relaciones entre agentes y detenidos en los criterios del diálogo y la resolución de conflictos, y a enmarcar el régimen disciplinario dentro de la ley, sin dar lugar a la discrecionalidad en los castigos. “¿De qué sirve tener a una persona detenida durante 10 años si, cuando sale, no está preparada para vivir y trabajar dentro de la Ley?”, se preguntó Rodrigo Sola

Un tema candente es la vulneración de los derechos elementales de los detenidos en cárceles, alcaidías y comisarías. ¿Cuál es su experiencia en este punto?
La situación es grave y compleja. La declaración de emergencia carcelaria dispuesta por la provincia es un reconocimiento de esta realidad. La sobrepoblación y el hacinamiento hacen imposible que se garanticen derechos fundamentales de cualquier persona privada de la libertad. Hay un 40% de detenidos por encima de la capacidad máxima que tolera el sistema.

 

Una persona que pasa 10 años presa y, cuando sale, vuelve a robar, el sistema debería verlo como un fracaso”.

Rodrigo Solá, presidente del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura

 

 

Y ¿cómo viven?
En la Alcaidía, solamente, hay más de 800 detenidos en espacios con capacidad para 350. Las comisarías están preparadas para alojar personas un máximo de seis horas; hoy tenemos más de cientos de detenidos en las unidades policiales, en muchos casos, de manera permanente. Hay personas que llevan dos años y medio en comisarías, incluso, con condena. Y claro, la infraestructura no está preparada. No hay baños y, por falta de camas, se tienen que turnar para dormir. O duermen en el piso. Es muy frecuente en las comisarías del interior. Hace poco, un amparo presentado por los defensores de la jurisdicción Norte obligó a que todos los condenados fueran sacados de las comisarías. El personal policial no está preparado para atender a personas condenadas y los edificios no brindan condiciones de seguridad y salubridad.

¿En qué medida influyen, en esa sobrepoblación, la cantidad de detenidos por microtráfico barrial o por violencia de género o familiar? No es el crimen organizado ni la delincuencia común; parecería más bien que se trata de casos vinculados a la marginalidad y la pobreza.
El problema tiene muchas puntas. Una de las prácticas habituales de los magistrados es la prisión preventiva, en la Alcaidía. Y por otra parte es muy difícil acceder a los beneficios de salidas o acortamiento de penas para las personas de buena conducta, que podrían reinsertarse. Y hay otras razones, resultantes de políticas públicas que tuvieron alto impacto. Una, el narcomenudeo. Al pasar a jurisdicción provincial, los detenidos pasaron de las cárceles federales a las provinciales. 
Y la violencia de género es otro caso; la provincia también está en emergencia en ese tema y muchas veces las penas son de prisión efectiva y de deben cumplir en la cárcel. Esa exigencia legal implica, necesariamente, prever las condiciones para poder llevarla a cabo.

Aquí estamos ante una cuestión ética profunda. Mucha gente se refiere a los presos con odio, desprecio y temor, pero por aberrante que haya sido su crimen, el Estado debe garantizar que lleven una vida digna...
Hay dos cuestiones vinculadas. Una, para nuestro sistema constitucional, cuando una persona es encontrada culpable y condenada, el único bien jurídico que pierde es la libertad. El Estado debe garantizar todas las condiciones para cumplir esa norma. En segundo lugar, los condenados deben ser preparados para la reinserción social, porque no tenemos pena de muerte ni reclusiones de por vida. Entonces, es un interés de todos que esas personas puedan resocializarse. 
Para el proyecto de reforma del Servicio Penitenciario nosotros hemos propuesto que se especifique esa función esencial de la reinserción. Un tratamiento integral y especializado, que abarque lo psicológico, lo educativo y laboral, teniendo en cuenta la naturaleza del delito cometido.

 

Foto: Jan Touzeau

 

Hace unos días se produjo un hecho elocuente en la cárcel de mujeres. Les advirtieron que alguna detenidas no podrían estar con sus hijos el Día del Niño. Hubo hechos de violencia y varias de ellas quedaron en celdas de castigo... “chanchos” como se llama a las “celdas disciplinarias de aislamiento”. 
La Constitución es clara: las cárceles no son para castigo. Y estos son castigos. Son sucuchos de cuatro metros y sin baños, en contradicción con la reglamentación vigente para el mencionado aislamiento. Tampoco tienen el mismo régimen que el resto de los detenidos. Nosotros hemos estado en la cárcel y hemos verificado casos muy especiales. Por ejemplo, cuando son alojadas personas con problemas psiquiátricos. O las mujeres que están con sus hijos en la cárcel; cuando las mandan a la celda de castigo los chicos deben volver a su casa y eso es inhumano. 
Desde marzo, cuando comenzamos a trabajar como comité tuvimos el caso de Noelia Martel que murió en una celda común; cuando revisamos su historial observamos que pasó muchas veces por esas celdas de castigo. Y es habitual que allí manden también a las mujeres que entran en crisis e intentan suicidarse. Esa es la respuesta del sistema, que no hace más que agravar su situación. O el caso de una mujer que entró en crisis, y cuando quisieron llevarla por la fuerza al aislamiento, se prendió fuego. Y ya soportó seis operaciones. Somos categóricos: las celdas de castigo deben ser erradicadas.

¿Y el incidente de esta semana?
Nosotros fuimos a la cárcel. El problema era previsible y evitable. La celebración del Día del Niño sensibiliza a las madres y están preocupadas por ver a sus hijos. Hay problemas específicos, como niños cuya guarda está a cargo de una persona que no es familiar directo. Esto es un obstáculo para que puedan ingresar con ellos al penal. Son cuestiones que se pueden resolver fácilmente. Aplicando un criterio amplio y adecuado a las circunstancias y flexibilizando las normas burocráticas. 
En muchas jurisdicciones, el programa “Probemos hablando” viene dando excelentes resultados en la relación entre el personal penitenciario y los detenidos. Acá se han puesto en marcha los cursos de capacitación y sería bueno ya mismo comenzaran a intentarlo. Cuando fuimos a la cárcel había cuatro personas aisladas por el incidente. Y lo que es evitable, hay que evitarlo.

¿El personal está preparado para cumplir sus funciones en el marco de la ley y los derechos humanos?
Hay márgenes para profesionalizar más a los agentes, pero si en Villa Las Rosas hay capacidad para albergar a 1.100 personas hay 1700 presos, ese personal está desbordado. Creo que la cuestión está centrada en la responsabilidad estatal para asegurar el número de agentes necesarios y las condiciones carcelarias dignas.

¿Es suficiente el contacto de los detenidos con sus defensores?
Es una queja permanente de los detenidos. A partir de mayo, está creada la Defensoría de Ejecución de Sentencia. Todavía es un programa piloto, con el defensor Federico Gutiérrez a cargo, con competencia en circunscripción Centro, que ya está funcionando. Las personas que ya tienen sentencia pueden recurrir a este defensor, que tiene su secretaría y su equipo. Se espera que en poco tiempo tengan oficinas dentro de las cárceles. Esperamos que eso se amplíe a toda la provincia.

Nos informaron que una mujer de 72 años, detenida por hurto, pasó un mes en la cárcel, durmiendo en el suelo porque no podía subir a la cucheta...
Así fue. Ya está en libertad, pero es difícil de entender tanto el criterio judicial para esa detención como la negligencia estatal evidenciada en la falta de atención a las condiciones de la detenida.

¿Puede interpretarse, también, que la situación social es explosiva y explota en las cárceles?
Tal cual. Las cárceles son el emergente. Nosotros trabajamos sobre este punto, pero el problema carcelario tiene otras raíces. Raíces sociales, vinculada a la exclusión de muchos jóvenes de la educación y del empleo. En estas condiciones, una persona que pasa diez años presa y, cuando sale, vuelve a delinquir, el sistema debería verlo como un fracaso.
 

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