Goodman, como lo popularizó la serie "Better call Saul", en inglés significa buen hombre. El principal personaje, Saúl Goodman, es un abogado que se maneja al filo de la ley.

Esta semana otro buen hombre, otro Goodman (Santiago) se ha convertido en protagonista de otra serie que intentó paralizar el sistema educativo del país.

Pero para profundizar esta historia necesitamos repasar algunos capítulos de esta saga autóctona: corría el mes de septiembre del año 2019 y en la provincia de Chubut se registraban una serie de marchas y protestas sindicales.

El día 17 al volver de una de ellas, dos docentes fallecieron al volcar en la ruta el auto particular en el que se trasladaban.

Sorprendentemente, un sector gremial adjudicó la responsabilidad del mismo al Gobierno provincial y esa misma noche se desató la furia de los manifestantes encabezada por el mencionado Goodman, entonces secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut.

La consecuencia fue que el edificio legislativo quedó seriamente dañado, cuyo ingreso aún no se ha podido reconstruir, cuando ya pasaron casi 3 años (el presupuesto de reparación supera los 120 millones de pesos).

Cabe señalar que Goodman fue capturado por las imágenes que difundieron los medios y se propagaron por las redes sociales.

Los testigos de la fiscalía lo ubicaron en el lugar y dijeron que tuvo participación activa. Incluso el mismo Goodman declaró y admitió los hechos, pero dijo que actuó víctima de amenazas de otros manifestantes (en algunos ámbitos esto se considera una buchoneada). Sometido a juicio, la semana pasada la Justicia de Chubut lo consideró coautor del delito de incendio intencional, ya que además aportó su vehículo para trasladar gomas y pallets, y avivó el fuego.

La protesta social

En un país normal los propios sindicatos habrían salido a repudiar los hechos de vandalismo de un dirigente sindical que ha desviado el rumbo. ­Pero estamos en Argentina! Y la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) convocó, el miércoles pasado, a un paro nacional en rechazo de la "criminalización de la protesta social".

Cabe aclarar que la medida de fuerza se adoptó sin que se conozca todavía la pena que se le aplicará a Goodman (la fiscalía pidió 5 años) y sin que se hubieran agotado las instancias judiciales. Es preocupante que los dirigentes de la docencia no sepan distinguir el bien del mal; resulta escalofriante pensar que con ese pensamiento educan a nuestros hijos.

Una cosa es la protesta social que tiene su legítimo lugar inclusive en el mundo jurídico, al punto que constitucionalistas como Roberto Gargarella la consideran "El primer derecho" (siguiendo parcialmente a los mundialmente reconocidos iusfilósofos John Rawls y Ronald Dworkin) y otra cosa son los delitos que se cometen durante su desarrollo. Una cosa es debatir si deben penalizarse los acampes, los piquetes, los cortes de ruta, los escraches, etc., y otra los delitos comunes que pueden llevar a cabo alguno de sus manifestantes.

La educación es considerada un derecho esencial en la mayoría de las legislaciones del mundo y, consecuentemente, el ejercicio del derecho de huelga encuentra importantes restricciones.

La educación no es un derecho cualquiera: está claro en el ejemplo de nuestro país que se consolidó como Nación con un sistema educativo robusto y que se va descomponiendo al compás de nuestra tragedia educativa (Jaim Etcheverry dixit).

El paro tuvo escasa repercusión mediática y el acatamiento fue mínimo en la mayoría del territorio nacional. Los propios docentes así han demostrado que tienen mayor cordura que algunos dirigentes que actúan por sus propios intereses políticos sin importarles la repercusión de sus actos sobre la ciudadanía, sobre sus representados y en este caso sobre las víctimas inocentes de sus desvaríos: los niños y adolescentes.

 

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