Ocho suboficiales fueron imputados provisionalmente como autores de los delitos de severidades con omisión de los deberes de funcionario público ya que no habrían provisto a Franco Centurión, un hombre de 29 años que presentaba antecedentes oncológicos, la atención médica que requería y que solicitó expresamente en un contexto de encierro.
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Ocho suboficiales fueron imputados provisionalmente como autores de los delitos de severidades con omisión de los deberes de funcionario público ya que no habrían provisto a Franco Centurión, un hombre de 29 años que presentaba antecedentes oncológicos, la atención médica que requería y que solicitó expresamente en un contexto de encierro.
Los acusados no consideraron la altísima vulnerabilidad del detenido, privándolo del derecho de la salud, del que ellos eran garantes en su carácter de personal policial, según expusieron los fiscales penales Gonzalo Vega y Gabriel González.
Anteriormente habían sido imputados los entonces jefe de la Comisaría 45 de Tartagal, de 47 años y segundo jefe, de 43 años, en el mes de marzo pasado, por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Ambos fueron señalados por un trato denigrante contra Centurión al momento de ser alojado en la dependencia policial, haciendo que se quitara la ropa y realizando acciones humillantes y de burla por su aspecto físico.
Centurión estuvo quince días detenido en Tartagal, en noviembre de 2021, y luego de recuperar la libertad, sin la atención que ameritaba, falleció al poco tiempo y mientras estaba internado en el hospital San Bernardo.
Franco junto a su amigo, Iván Rojas, habían sido detenidos por la Policía Motorizada en el acceso de la ciudad norteña. Según Santos Nolasco Centurión, papá de Franco, los jóvenes volvían en moto de juntar algarroba del camino Balbuena, donde habían encontrado una pistola vieja en medio de los yuyos que guardaron en una mochila.
Los efectivos los acusaron de portación de arma y los trasladaron al a comisaría 45.
Cuando recuperó la libertad, Franco regresó a su casa y unos días después debió ser internado porque presentaba una herida en la pierna izquierda, daños en los pulmones, riñoñes y una úlcera intestinal.
"Esa úlcera fue producto de la tremenda golpiza que le dieron en la comisaría la madrugada del 12 de noviembre. Tuvo un sangrado interno", contó en su momento su padre, Santos.
Más tarde fue trasladado al hospital San Bernardo, donde agonizó estando internado en terapia intensiva durante 20 días.
Cuando tenía 11 años, a Franco le diagnosticaron leucemia. Lo trasplantaron de médula ósea. La familia vivió muchos años en Buenos Aires por su tratamiento. "Un día el doctor me dijo: ‘tu hijo está listo, disfrutalo, les deseo suerte pero cuídenlo porque es enfermo de alto riesgo. Ahora la Policía me lo arrebató", finalizó Santos.
Incumplimiento del celador
En la acusación, los fiscales Gonzalo Vega y Gabriel González argumentaron que los ocho policias imputados recientemente omitieron dar cumplimiento con las obligaciones funcionales que dispone la Resolución 052/99 de la Secretaría de la Gobernación de Seguridad, que dispone en el Capítulo II Sección IV Del Celador, que debe:
- a) velar por la seguridad física y moral de cada uno de los detenidos alojados en la dependencia,
- e) Registrar en el libro de guardia todas la novedades surgidas en el turno en relación a los detenidos, tales como enfermedades, atenciones médicas recibidas, visitas, etc.
Dos de los acusados están representados por abogados particulares y el resto, representados por un defensor oficial. Tras las imputaciones, todos se abstuvieron de declarar.