En la primera reunión que el gobernador Gustavo Sáenz mantuvo cara a cara con Daniel Scioli tras su reciente asunción como ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, el mandatario salteño insistió sobre las condiciones que el proyecto de cobre Taca Taca requiere para poder desarrollarse y convertir a Salta en una de las plazas mineras de mayor relevancia de América.
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En la primera reunión que el gobernador Gustavo Sáenz mantuvo cara a cara con Daniel Scioli tras su reciente asunción como ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, el mandatario salteño insistió sobre las condiciones que el proyecto de cobre Taca Taca requiere para poder desarrollarse y convertir a Salta en una de las plazas mineras de mayor relevancia de América.
El primer encuentro (en rigor hubo otro semanas atrás, pero fue virtual y referido a la Mesa del Litio) tuvo lugar el martes pasado en Buenos Aires. Allí también participaron el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable de Salta, Martín de los Ríos; la secretaria de Minería y Energía, Flavia Royón, y la secretaria de Minería de la Nación, Fernanda Ávila, entre otras autoridades nacionales.
Si bien se trataron varios temas en la reunión, como un acuerdo para ampliar la Línea Especial Inversión del Fondo de Desarrollo Productivo (Fondep) por un monto de mil millones de pesos, la situación de Taca Taca fue central.
El proyecto cuprífero, a cargo de la empresa canadiense First Quantum Minerals, prevé una inversión de 4 mil millones de dólares y la creación de 7 mil empleos en la zona de Tolar Grande. Al respecto, se detalló a Scioli los cuatro puntos claves para que se construya la mina, que están referidos a las restricciones cambiarias, aplicación de IVA a la construcción, estabilidad fiscal y retenciones.
“Hay grandes inversiones proyectadas para Salta que necesitan reglas de juego claras, seguridad jurídica y previsibilidad para que se puedan concretar”, afirmó el gobernador.
Según estimaciones de First Quantum, que lleva adelante el proyecto Taca Taca con la subsidiaria Corriente Argentina, de concretarse la construcción de la mina, en sus 32 años de vida útil, podría pagar 12.200 millones de dólares sólo en impuestos en el país.