Se presentó una nueva denuncia por violencia contra el fiscal federal general de Salta Francisco Snopek. Esta vez parte desde su espacio de trabajo. Fue radicada por la defensora pública de Coordinación de la Justicia Federal, Ana Clarisa Galán Muñoz, quien sostuvo ser víctima de hechos de violencia de género “del tipo psicológico y simbólico en el ámbito laboral e institucional”.
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Se presentó una nueva denuncia por violencia contra el fiscal federal general de Salta Francisco Snopek. Esta vez parte desde su espacio de trabajo. Fue radicada por la defensora pública de Coordinación de la Justicia Federal, Ana Clarisa Galán Muñoz, quien sostuvo ser víctima de hechos de violencia de género “del tipo psicológico y simbólico en el ámbito laboral e institucional”.
El Tribuno accedió a la denuncia que fue tomada por la Oficina de Violencia Familiar y de Género(OVFG) de la Provincia y derivada a la jueza María Carolina Cáceres Moreno, titular del Juzgado de Violencia Familiar y de Género 3, quien el jueves pasado determinó medidas de protección a la víctima y de restricción contra Snopek.
El fiscal, actualmente de licencia con certificado psiquiátrico, está imputado en otra causa que también se tramita en la Justicia provincial y desató un escándalo de trascendencia nacional. Fue acusado por lesiones leves agravadas por el vínculo y por violencia de género contra su esposa, y por el delito de la privación ilegítima de la libertad y resistencia a la autoridad contra tres efectivos policiales. Estos hechos habrían ocurrido en la madrugada del 23 de mayo en su vivienda del barrio Grand Bourg. El caso es investigado por la fiscal penal provincial de Violencia Familiar y de Género, Luján Sodero, quien ya cuenta con pruebas “lapidarias” contra su par de la Justicia Federal.
Disposiciones
La última denuncia presentada por la compañera de Snopek complicarán aún más su situación judicial. Al respecto, la jueza Cáseres Moreno intimó al fiscal a “abstenerse y cesar toda conducta, que por acción u omisión, de manera directa o indirecta, afecte la vida, libertad, dignidad, integridad psicológica y laboral, como así también su seguridad personal; y/o
constituya acto de discriminación laboral en contra de la víctima”.
Asimismo ordenó “prohibir al denunciado acercarse a la víctima, debiéndose mantener a una distancia de cincuenta metros, al domicilio particular, al domicilio de su trabajo y lugares donde esta concurra”.
Le exige a Francisco Snopek realizar un curso sobre violencia de género, conforme a lo establecido en la ley nacional 27.499, a la que la Provincia se encuentra adherida.
Para proteger a la víctima se ordenó una consigna policial fija en su domicilio. Además, Snopek tendrá que someterse a un examen psicológico por parte de la OVFG.
“Lo dispuesto precedentemente, es bajo apercibimiento de tomar las medidas que se estimen eficaces a la protección de la víctima, y de hacerlo responsable por los daños que su obrar pudiere ocasionar, en el orden psicofísico de las personas involucradas, pudiendo ordenar compulsivamente el sometimiento a tratamiento terapéutico”, consigna la resolución de la jueza Cáceres Moreno.
Presentación en la OVFG
El documento que remitió la Oficina de Violencia Familiar y de Género ante el Juzgado de Violencia Familiar y de Género detalla que la denunciante “relata una serie sistemática de hechos que ponen de manifiesto la vivencia de varias situaciones de violencia psicológica, en el marco de la modalidad de violencia laboral, que atraviesa desde el año 2016, ejercida por el fiscal penal Federal, Francisco Snopek, con quien comparte, en atención a las funciones laborales de cada uno, cotidianamente su ámbito de trabajo”.
La funcionaria judicial puso de manifiesto “situaciones de permanente hostigamiento, mediante el trato desacreditado, la confrontación
permanente, la diferenciación en el trato entre hombres y mujeres, propiciada por el fiscal, las reacciones exacerbadas de su compañero, comentarios humillantes, afectando no solamente a su persona, sino también a gran parte del equipo que trabaja con ella, particularmente, las mujeres con quien se desempeña”, señala la presentación de la OVFG.
Para el organismo, la defensora pública de la Justicia Federal puso de manifiesto “situaciones que revelan una real desacreditación y humillación a su condición de mujer profesional”.
Contra las cuerdas
“Hay mucho material probatorio”, afirmó la titular de la Fiscalía Penal 2 de Violencia Familiar y de Género, Luján Sodero, sobre el caso que investiga contra el fiscal federal de Salta Francisco Snopek por el supuesto ataque a su esposa y a tres policías.
En la instrucción de la causa se habría comprobado mediante prueba de videos, fotografías y testimonios las diferentes agresiones físicas y las amenazas que profería, en supuesto estado de ebriedad, a su esposa y a los policías que intervinieron en el hecho.
La investigadora del Ministerio Público de la Provincia envió a dependencias federales un equipo interdisciplinario a fin de efectuar informes socioambientales sobre Snopek. Los testimonios que se recogieron confirmarían situaciones de maltrato y consumo de alcohol relacionadas con el imputado. Por otro lado, una pequeña porción del personal destacó el desempeño del fiscal imputado. A eso se debería sumar la reciente denuncia de la defensora pública Ana Clarisa Galán Muñoz.
Snopek, por su parte, interpuso excepciones dilatorias sobre la investigación, tales como negarse a ser sometido a pericias psicológicas. Esas circunstancias deben ser resueltas por la jueza de Garantías que interviene en el caso.
En cuanto a la causa administrativa disciplinaria que se habilitó en la Procuración General de la Nación por la conducta de Snopek, “continúa su trámite”, según comentaron a este diario fuentes de las dependencias federales salteñas. Afirmaron, también, que la Procuración ya está al tanto de la última presentación contra el fiscal.
Si existiese una condena contra Snopek desde el ámbito de la Justicia provincial, su cumplimiento quedaría supeditado a una resolución de un posible jury de enjuiciamiento sobre el fiscal, ya que ese cargo tiene fueros que lo protegen.
El caso
Los hechos por los que el fiscal general federal fue imputado ocurrieron el 23 de mayo, cuando tres efectivos de la Policía de Salta radicaron dos denuncias en su contra por amenazas y privación ilegítima de la libertad.
La primera de las denuncias fue realizada durante la madrugada del día del hecho por los tres policías que concurrieron a un domicilio del barrio Grand Bourg en respuesta a un llamado al Sistema de Emergencias 911. Al arribar al lugar el hombre aseguró que su esposa lo habría violentado arrojándole objetos, por lo que decidió convocar a la Policía.
Su esposa dio otra versión de los hechos. Dijo que su marido la había empujado luego de solicitarle que bajara a la planta baja de la vivienda a limpiar un líquido.
La mujer luego se negó a radicar denuncia contra su esposo y a ser examinada por un médico, por lo que los oficiales policiales labraron un acta de declaración. Según relataron, mientras uno de ellos escribía, el fiscal Snopek los empujó, amenazó y cerró la puerta de ingreso, impidiendo que los tres agentes salieran de la vivienda.
Finalmente, la esposa abandonó el lugar junto a su hijo de cuatro meses.
La segunda denuncia, que fue registrada ya a la mañana, la radicó uno de los policías que intervinieron, esta vez por amenazas del fiscal federal.
Comunicado interno de trabajadoras
Tras conocerse la última denuncia sobre Snopek, tres entidades porteñas de trabajadoras que pertenecen a la Justicia Federal emitieron un comunicado. “Queremos expresar nuestro firme apoyo y acompañamiento a la defensora pública oficial Ana Clarisa Galán Muñoz y a las compañeras de la jurisdicción salteña
que alzaron la voz para denunciar el acoso laboral y la sistemática violencia de género que sufren por parte del fiscal federal Francisco Snopek”, señala el documento firmado por La Colectiva (sic) de Trabajadoras del MPD (Ministerio Público de la Defensa), las Mujeres Trabajadoras de Comodoro Py y las Mujeres Trabajadoras del MPF (Ministerio Público Fiscal).