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En Salta analizan el decreto nacional de las tarifas y esperan definiciones

El 10% de la población está en el segmento con mayor capacidad de pago que comenzará a abonar las tarifas plenas, de gas y luz, sin los subsidios estatales que rigen hasta ahora. Quienes quieran mantener el beneficio deberán registrarse.
Viernes, 17 de junio de 2022 12:47

Luego de que el Gobierno nacional estableciera un régimen de segmentación de tarifas para los usuarios de los servicios públicos de electricidad y de gas natural por red, en Salta todavía no hay definiciones sobre la implementación de la medida y se aguardan novedades al respecto.
Según decretó hace dos días el Ministerio de Economía de la Nación, los ciudadanos con mayor capacidad de pago comenzarán a abonar las tarifas plenas, de gas y luz, sin subsidios. Se trata de un 10 por ciento de la población que incluye a quienes tienen ingresos mensuales y netos superiores a un valor equivalente a 3,5 canastas básicas totales, es decir más de $300 mil; o bien son titulares de tres o más automóviles con una antigüedad menor a cinco años o de tres o más inmuebles. También están incluidos quienes tienen una aeronave o embarcación de lujo o activos societarios que reflejen “capacidad económica plena”.
“A los fines de identificar la capacidad de pago de cada usuario de los servicios, debe mejorarse la información disponible”, dice el decreto 332/2022 recientemente dictaminado. Para eso se va a crear un Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), con un padrón de beneficiarios.

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Luego de que el Gobierno nacional estableciera un régimen de segmentación de tarifas para los usuarios de los servicios públicos de electricidad y de gas natural por red, en Salta todavía no hay definiciones sobre la implementación de la medida y se aguardan novedades al respecto.
Según decretó hace dos días el Ministerio de Economía de la Nación, los ciudadanos con mayor capacidad de pago comenzarán a abonar las tarifas plenas, de gas y luz, sin subsidios. Se trata de un 10 por ciento de la población que incluye a quienes tienen ingresos mensuales y netos superiores a un valor equivalente a 3,5 canastas básicas totales, es decir más de $300 mil; o bien son titulares de tres o más automóviles con una antigüedad menor a cinco años o de tres o más inmuebles. También están incluidos quienes tienen una aeronave o embarcación de lujo o activos societarios que reflejen “capacidad económica plena”.
“A los fines de identificar la capacidad de pago de cada usuario de los servicios, debe mejorarse la información disponible”, dice el decreto 332/2022 recientemente dictaminado. Para eso se va a crear un Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), con un padrón de beneficiarios.

 Analizan

Consultado sobre el nuevo decreto, el presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos, Carlos Saravia, respondió a El Tribuno que comenzaron a analizar la resolución de la Nación, pero que no hay definiciones sobre cuándo y cómo se aplicará. 
“Claramente la quieren aplicar en junio, pero entendemos, prima facie que es impracticable. Acá lo que hay que hacer es la segmentación que ya hizo Salta, pero en otros términos”, opinó Saravia. 
Añadió que lo que está haciendo Nación es con criterios de exclusión para aquellos que son solventes. “Nosotros cuando segmentamos, en los incrementos de tarifa tratamos de incluir a los sectores más empobrecidos, pero de todas maneras, aunque sea paradojal esto, igualmente va a tener un costo para mucha gente que ha tenido algún beneficio durante muchos años”, hizo hincapié.
Y expresó que “ciertamente el que tiene solvencia en estos tiempos de crisis tiene que sacrificar, al menos, la prebenda del Estado y el que no tiene es el motivo de contención”.
Contó que se comunicó con el subsecretario de Planeamiento Energético de la Secretaría de Energía, Santiago López Osornio, quien ha proyectado la segmentación.
 

“Me ha dicho que estaban trabajando a los efectos de que Salta pudiera ser la primera de las provincias donde esto pudiera instrumentarse, precisamente, porque fuimos los primeros en trabajar sobre este tipo de segmentaciones, pero hasta ahora yo entiendo que no podrían hacerlo”, sostuvo.
Explicó que el Ente cuenta con padrones y que hay un cruce de datos en base a información que les proporciona la Dirección Nacional SINTyS, que coordina el intercambio de información de personas físicas y jurídicas entre organismos nacionales, provinciales y municipales, y que están a la espera de informes. 
Saravia consideró importante que se dirima la situación, con respecto a las tarifas, que motivaron posturas contrapuestas de distintos sectores.
“Hoy nosotros necesitamos claridad sobre esto, por supuesto, lo primero que dijimos en la audiencia pública que se hizo hace dos meses, es que acá la ‘fiesta’ lamentablemente la tienen que pagar las provincias también, cuando en realidad la disfrutaron ‘los del puerto’. El primer criterio para nosotros es que AMBA sea el que sacrifique todos estos beneficios, que hablan de mucho centralismo y un relegamiento del interior”.
Hizo hincapié en que se oponen a la idea de recortar subsidios por zonas porque en un mismo sector puede haber usuarios con distinta capacidad de pago. “Salta es muy heterogénea en su estructura urbana. Al lado de una casita modesta puede haber una mansión”, dijo, y valoró que se impusiera como criterio la solvencia. “Era lo que queríamos. Vamos a ver qué idea concreta tienen. Cuando tengamos definiciones las informaremos”.

La clasificación

El decreto 332/2022 clasifica tres grupos de usuarios: el primero, integrado por quienes van a pagar el costo pleno del componente energía de cada servicio. Estarán incluidos los que tengan al menos una de las siguientes condiciones: ingresos mensuales netos superiores a 3,5 Canastas Básicas Totales (CBT). De acuerdo a los datos de abril, son ingresos por encima de $333.410; tres o más vehículos con antigüedad menor a cinco años; tres o más inmuebles; una o más aeronaves o embarcaciones de lujo; activos societarios que exterioricen capacidad económica plena.
El segundo nivel de usuarios está conformado por los de menores ingresos, beneficiarios de la tarifa social. Este grupo tendrá incrementos de 21,4% en todo 2022 (es un 40% del coeficiente de variación salarial del año anterior).
El tercero, de ingresos medios, es un nivel intermedio entre los dos anteriores. En todo 2022 tendrán una suba en las facturas de hasta 42,7%.
Los ciudadanos que deseen mantener el subsidio tendrán que registrarse y firmar una declaración jurada.
 

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