Nuevos elementos que se van sumando a la causa de la financiera trucha, que dejaron un tendal de estafados tanto en la capital salteña como en Metán, revelan cómo era la "ruta del dinero" de la organización y el traslado de bolsos con efectivo por parte de los implicados.
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Nuevos elementos que se van sumando a la causa de la financiera trucha, que dejaron un tendal de estafados tanto en la capital salteña como en Metán, revelan cómo era la "ruta del dinero" de la organización y el traslado de bolsos con efectivo por parte de los implicados.
Según fuentes vinculadas al caso, los hermanos Efraín y Gustavo Hernando, de Metán, operaban en un domicilio ubicado en la calle Lavalle 137 y otro en Maipú 409 de esa ciudad del sur de la provincia. Allí ingresaban diariamente muchas personas con mochilas, cajas y bolsos y luego se retiraban con carpetas bajo el brazo. El mismo escenario se repetía en la sucursal de la avenida Reyes Católicos 1330, local 27, de la capital salteña.
En el caso están imputadas 11 personas, entre ellas, cinco policías, la mayoría detenidos. La organización captaba a inversores y ahorristas para que pusieran su dinero con la promesa de devolverles el doble en poco tiempo, en una operatoria totalmente al margen del sistema financiero legal.
Mediante la investigación, que incluyó vigilancias discretas, se determinó que en la "ruta del dinero", los hermanos Hernando administraban el anexo de la financiera de la calle Lavalle, donde atendían a las víctimas, recibían su dinero y les entregaban contratos apócrifos.
Tras declaraciones anónimas, los hermanos fueron observados trasladando, recibiendo y resguardando bolsos de dinero en una vivienda de la manzana 494 A, del barrio El Huaico, en la zona norte de la capital salteña.
Incluso hay fotos de un Fiat Cronos utilizado por Gustavo Hernando, patente AF112NV, estacionado en ese domicilio. Al vehículo también lo vieron en la sucursal de Metán y luego fue secuestrado en barrio El Huaico, al igual que una camioneta VW Amarok, patente MTI 684 y dos motocicletas.
A otra de las imputadas, Cristina Florencia Laguna, se le atribuye también una participación activa en la organización. Habría brindado información a las personas que concurrían a la financiera ilegal, además de confeccionar los contratos apócrifos y ser encargada, junto a la imputada Araceli Beatriz Párraga, de trasladar bolsos de dinero hacia la ciudad de Metán al finalizar cada jornada.
El oficial y el cabo
La situación procesal de un oficial de la Policía, Martín Ezequiel Espejo, y un cabo, Sergio Bonifacio Ramos, es comprometida puesto que los investigadores determinaron que no solo habrían participado de la promoción y publicidad de la financiera para captar inversores que entregaron sus ahorros, sino también colaboraron activamente para brindar seguridad y evitar a las imputadas las consecuencias procesales de los actos ordenados por el Juzgado a instancias de la Fiscalía. Mantuvieron llamadas con la imputada Cynthia del Valle Moya, señalada como cabecilla de la banda. Esta les pedía que la protejan y que le digan a la gente (mientras estaba prófuga) que no la denuncie, ya que les devolvería el dinero.
También involucraron en los hechos de estafa a una gran cantidad de funcionarios policiales, tanto superiores como subalternos, quienes confiaron en ellos. La captación de inversores se habría visto facilitada por la red de mensajes WhatsApp, que habría realizado el imputado Espejo, quien tendría como negocio paralelo una financiera informal, dedicada a la compraventa de divisas, en el local 408 de una galería sobre las avenidas Balcarce y Belgrano.
Espejo, incluso, merodeaba la zona de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos para averiguar los vehículos en los que circulaban los trabajadores de la dependencia.
En tanto, el cabo Ramos, mientras Moya estaba prófuga, el 28 de marzo pasado, concurrió a la financiera y les dijo a un grupo de personas que Cynthia volvería en la semana, que se quedaran tranquilos porque el capital de las inversiones les iba a ser restituido pero que no la denunciaran.
La comisario
María Eugenia Espinoza, comisario, contadora e imputada en la causa, también posee una situación agravada en virtud de su condición de jefa de la División Cobranzas y Adicionales de la Policía de la Provincia de Salta. Tenía a su cargo el manejo y cuidado de fondos percibidos en concepto de pago de adicionales y complementarios por parte de los contribuyentes. Habría sustraído caudales del Estado, al rendir sumas menores a las realmente percibidas, para lo cual generó nuevos recibos por un monto menor, conforme surge de lo informado por el gabinete de Delitos Económicos del CIF. De esta forma le causó un perjuicio patrimonial al Estado.
Espinoza fue vista llevando dinero con el chofer de la División cuya jefatura ejercía. Existe una foto en la que se observa a la imputada Espinoza interactuado fuera de la financiera investigada, con el imputado Gustavo Hernando.
Fabricio Nieva, también comisario, jefe de la División Robos y Hurtos de la Policía de la Provincia, e imputado, no solo participó de la promoción y publicidad de la financiera para captar nuevos inversores, sino también para brindar el servicio de seguridad informal a la financiera investigada, abusando, de ese modo, de su condición de personal policial.
Respecto de oficial Alberto Sebastián Giménez, se le atribuye haber concertado 12 contratos con la financiera investigada.
Las penas
La calificación de la causa es estafas reiteradas, en un número todavía no precisado de hechos, en concurso real, con el delito de asociación ilícita, previsto en los artículos 172 y 210 del Código Penal, en función del artículo 55, por lo que la mayoría de las imputadas podrían recibir una pena de alrededor de tres años de prisión efectiva teniendo en cuenta la concurrencia del delito en cuestión con el de estafas reiteradas, estimándose un gran número de personas damnificadas por el accionar de las imputadas.
En lo que respecta a la situación de la imputada Cynthia Moya, a quien se le atribuye ser la jefa de la asociación ilícita, esta podría resultar condenada con un mínimo de cinco años de prisión. En una situación similar estarían el cabo Sergio Bonifacio Ramos y el oficial Martín Ezequiel Espejo, a quienes se les atribuye los delitos de asociación ilícita, estafas reiteradas y falsedad de instrumento privado.