Dos años después de que se convocara a concurso para cubrir los cargos directivos del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, las personas elegidas para estar al frente del organismo siguen sin estar designadas.
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Dos años después de que se convocara a concurso para cubrir los cargos directivos del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, las personas elegidas para estar al frente del organismo siguen sin estar designadas.
De acuerdo con la ley N§ 8.024, el comité está constituido por cinco representantes: dos por las organizaciones de derechos humanos; uno por cada cámara legislativa y uno por el Poder Ejecutivo.
El presupuesto que se le asignaría a la institución no cumple con lo que manda la ley N§ 8.024, reglamentada en octubre de 2018, que dice que los fondos deben representar, al menos, el 0,5 por ciento del presupuesto del Ministerio de Derechos Humanos y Justicia.
En la actualidad los recursos saldrían del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, a cargo de Ricardo Villada. Sin embargo, de acuerdo con la ley de presupuesto aprobada para este año, el dinero que se le asignaría al comité no alcanza ni para cubrir los salarios de los comisionados, cuyos cargos tienen la jerarquía de director en la administración pública provincial. Los cargos son rentados porque hay incompatibilidad con el ejercicio de la profesión.
Con el escueto presupuesto que tendría el comité no podría contratar al secretario o secretaria prevista por la ley ni tendría recursos disponibles para funcionar: costos de oficina, artículos de librería, viáticos, entre otros.
La escasa proactividad del Gobierno provincial para que comience a funcionar este organismo develaría la poca importancia que se le presta a un tema que ha pasado a ser especialmente sensible en el contexto de la emergencia sanitaria, cuando se han visibilizado numerosos casos de abusos por parte de las fuerzas de seguridad.
El año pasado las organizaciones de derechos humanos cuestionaron duramente el decreto N§ 255/19, que estuvo vigente durante cuatro meses y que finalmente fue derogado mediante una ley provincial. Este instrumento les permitía a los agentes detener y arrestar hasta por 60 días sin control fiscal ni judicial a las personas que infringieran las restricciones de circulación impuestas a raíz de la pandemia.
El abogado militante de derechos humanos Martín Plaza evaluó que el comité va a ser clave para tener un registro de los delitos cometidos por agentes de las fuerzas de seguridad.
"El comité es un órgano autárquico que va a permitir el monitoreo y control de las prácticas de violencia institucional", planteó el letrado y mencionó que este organismo surge como una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidades para que los estados "controlen las prácticas violentas e ilegales de las fuerzas de seguridad".
Plaza consideró que la violencia institucional es un problema complejo que se arrastra desde el retorno a la democracia y que "nunca, en ningún gobierno, se trabajó de raíz".
El abogado valoró que esta semana se empezó a debatir el proyecto de ley integral contra la violencia institucional en la Cámara de Diputados de la Nación y consideró que este se podría adaptar a la provincia de Salta.
Respuesta oficial
Desde el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia informaron a El Tribuno que el viernes último estaba saliendo desde este despacho el expediente para la designación de los directores del comité.
Explicaron que un expediente que enviaron con anterioridad fue desaprobado por el presupuesto que solicitaron tanto para el funcionamiento del organismo como para las designaciones de los directores: "Ahora estamos volviendo a mandar un expediente para la designación de estos directores y tiene que ir a Economía para su aprobación".
Señalaron que ya hay un presupuesto asignado para el funcionamiento del comité, pero falta la designación de los cinco directores, lo que implicaría más recursos. Aclararon que su aprobación no depende de ellos, sino de "otros estamentos".
Los comisionados electos para integrar el comité son Cristina Cobos y Rodrigo Solá por las organizaciones de derechos humanos; Ramón Corregidor por Diputados; Marcelo Robles de manera interina por el Senado y Ricardo Nioi por el Ejecutivo.
Según manifestó Solá a El Tribuno, los directores elegidos no sabían que el presupuesto había sido rechazado. "Nosotros en febrero presentamos una nota para pedir una reunión y saber del presupuesto, pero nos dijeron que tenían el presupuesto solicitado".
El abogado manifestó que el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura está al tanto de la situación del organismo local y contó que sus integrantes también hicieron pedidos reiterados a la Provincia de Salta.