Rubén Méndez, quien dejó de ser intendente de la localidad fronteriza luego del escándalo generado a partir de 18 allanamientos dispuestos por el Juzgado de Garantías a instancias de la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, está imputado en el fuero federal luego de que la Justicia provincial girara las actuaciones por la supuesta evasión impositiva en la que el exintendente de frontera habría incurrido.
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Rubén Méndez, quien dejó de ser intendente de la localidad fronteriza luego del escándalo generado a partir de 18 allanamientos dispuestos por el Juzgado de Garantías a instancias de la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, está imputado en el fuero federal luego de que la Justicia provincial girara las actuaciones por la supuesta evasión impositiva en la que el exintendente de frontera habría incurrido.
El exintendente se presentó ayer a la declaración indagatoria acompañado por su abogado, Juan Carlos Sánchez, quien también lo defiende en el ámbito provincial en las causas de enriquecimiento ilícito, asociación ilícita, peculado, entre otros cargos que se le imputan desde los allanamientos del pasado 13 de octubre, que se tranformaron en un verdadero escándalo. Le hallaron más de un millón de dólares en billetes de la moneda estadounidense, argentina, boliviana y euros.
También se le secuestraron gran cantidad de joyas de oro, como relojes, anillos, cadenas y pulseras que el jefe comunal solía utilizar en forma habitual, y cuatro vehículos de su propiedad, todos de alta gama.
Luego de la indagatoria con el magistrado federal Méndez quedó en libertad, "pero deberá presentar su descargo, todos los elementos de prueba en relación a su condición de empresario exportador", confió una fuente consultada por El Tribuno. "Será una causa extensa pero él asegura que tiene todo en orden y que es la única manera en que puede seguir trabajando en su actividad, donde mueve millones de pesos", agregó esa misma fuente.
Malversación de fondos
Pero Méndez también se presentó en la indagatoria por otra causa que tramita el fiscal penal con jurisdicción en Salvador Mazza, Armando Cazón, por el que tiene que responder por la malversación de caudales públicos. Esta causa se inició por una denuncia formalizada por el Concejo Deliberante local a consecuencia de los pedidos de informe reiterados que los ediles le hacían a Méndez, quien nunca los respondía ni enviaba las ejecuciones presupuestarias trimestrales y tampoco cumplía con los sucesivos presupuestos anuales de la comuna.
En síntesis, Méndez tiene tres frentes, dos de ellos muy complicados para responder por los delitos que se le imputan: las causas que tramita la fiscal de delitos económicos complejos Ana Inés Salinas Odorisio por peculado, eniquecimiento ilícitos, asociación ilícita por un lado y el tema de la evasión impositiva que se tramita en el ámbito federal.
Poderoso empresario
Rubén Méndez, quien asumió en el año 2008 después de la intervención al exintendente de Salvador Mazza, Carlos Villalba, dispuesta por el gobierno provincial anterior, es un poderoso empresario de frontera que tiene la exclusividad de gaseosas de primera línea que exporta hacia Bolivia. Es representante exclusivo también de varias líneas de cerveza que tienen gran demanda en el vecino país, ya que salvo la cerveza marca Paceña, las que se fabrican en Bolivia no compiten en calidad con estos productos argentinos.
Pero la frontera entre los dos países delimitada entre Salvador Mazza (Argentina) y San José de Pocitos-Yacuiba (Bolivia) tiene la particularidad que no está dividida por ningún accidente geográfico que impida las maniobras de contrabando entre ambas naciones.
La mayor actividad de ese ilícito se da desde Argentina hacia Bolivia, impulsado por el tipo de cambio (un peso boliviano equivale a 7 pesos argentinos). De hecho la pandemia no ha sido impedimento para el contrabando de todo tipo. El hecho de que el puente internacional, que ayer quedó formalmente habilitado para el tránsito internacional, haya estado cerrado a consecuencia de la pandemia de COVID-19 no ha sido, en ningún sentido, impedimento y por el contrario, ha favorecido el contrabando por decenas de pasos no habilitados -alrededor de 50- que vinculan a ambas naciones.
El Tribuno ha publicado en divesas oportunidades hechos vinculados con este delito, como el secuestro de decenas de camiones de granos que salen ilegalmente de nuestro país, de mercaderia de todo tipo y hasta la detención del jefe del Escuadrón Aguaray de la Gendarmería Nacional junto a otros tres oficiales de la fuerza, quienes están detenidos acusados por contrabando agravado, ya que todos ellos facilitaban la salida de camiones que llevan granos hacia Bolivia, en ese caso en particular utilizando una finca privada ubicada en la misma línea de frontera y cuyo propietario está imputado en esta misma causa.
Rubén Méndez Salazar, quien nunca negó que todo (dinero, vehículos, inmuebles, joyas) sea de su propiedad, para justificar los bienes que le fueron secuestrados, además de por lo menos 5 viviendas que utilizan familiares directos, como sus hijos o su exesposa, deberá demostrar que no apeló a este ardid (el delito de contrabando) para vender sus productos hacia Bolivia, de manera que "le cierren los números" en su condición de empresario exportador.
Ante la Justicia provincial, en tanto, deberá justificar que nada de su patrimonio lo obtuvo con recursos del municipio que gobernaba, sino con sus ingresos como empresario.